La niña fue encontrada por policías de la AIC en una vivienda ubicada en el fondo de un pasillo de calle 9 de Julio al 2600.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
La Fiscalía Regional de Santa Fe definió quién será el fiscal encargado de investigar la intervención de la ONG provida Grávida en el caso por abuso sexual infantil en Garibaldi. La denuncia fue presentada el lunes por el gobierno provincial, tras la desaparición de una menor de 12 años que fue encontrada en una sede de la ONG en la ciudad.
El escrito fue presentado ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual, y desde allí fue remitido a la Fiscalía Regional. Será esa unidad especializada la encargada de tramitar la investigación: por la feria judicial interviene el fiscal Ignacio Suasnabar hasta el 15 de enero, y a partir de esa fecha, quedará a cargo de la fiscal Jorgelina Mosser Ferro.
La Fiscalía Regional de la Primera Circunscripción, a través del fiscal regional interino -durante la feria judicial- Federico Grimberg, designó que la denuncia a Grávida presentada por el gobierno provincial sea tramitada en la Unidad Fiscal de Gefas. Si bien el escrito había sido presentado en esa fiscalía especializada, desde allí fue remitido a la Regional para que se determine a qué área le corresponde tramitar la investigación.
Fuentes judiciales confirmaron a AIRE que la denuncia fue asignada al fiscal Ignacio Suasnabar, integrante de esa unidad fiscal. El escrito presentado por la Secretaría de Niñez y los ministerio de Desarrollo Social, de Salud y de Igualdad, Género y Diversidad, sostiene que la ONG obstaculizó el acompañamiento del Estado a una menor de 12 años que había solicitado una interrupción del embarazo resultado de los abusos perpetrados por su padre.
En este contexto ocurrió entonces la intervención de la ONG: desde el hospital Iturraspe advirtieron que la niña y su madre no llegaron el día que tenían turno para practicar la interrupción del embarazo, y al desconocerse el paradero se emitió una alerta para conocer qué había ocurrido. La menor y su mamá fueron encontradas en un hogar al que llegaron por la gente de Grávida en la ciudad de Santa Fe. Ahora la Justicia deberá determinar cómo se dio la intervención de la ONG y qué ocurrió en el tiempo en que se desconoció el paradero de la niña y su madre.
"A través de distintas acciones obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña", resalta la denuncia. "No puede escapar a la institucionalidad del Estado Provincial el accionar de personas de una asociación civil que de manera explícita se sustrae a las intervenciones legales de las agencias del Estado, obstruyendo de esa manera el ejercicio de los derechos de una niña", concluye la denuncia gubernamental.
Los cuestionamientos a la intervención de Grávida se dan en el marco de una causa de abuso sexual infantil y violencia de género que ya tiene al hombre imputado en prisión preventiva, que además es el padre de la víctima: una niña de 12 años, oriunda de la localidad de Garibaldi. Junto con su madre solicitaron interrumpir el embarazo de la menor, resultado de una de las reiteradas violaciones a las que era sometida por su progenitor.
Según consta en la causa, como se expuso en la audiencia de prisión preventiva de M.G.A., los abusos sexuales a la niña fueron cometidos en un período indeterminado de tiempo hasta junio de 2022, en la vivienda familiar, en un contexto de violencia de género desplegado por el imputado contra su esposa y sus cinco hijos pequeños: cuatro varones y la niña.
El servicio local de Garibaldi comenzó a intervenir con el grupo familiar a raíz de una notificación de la escuela, ante las reiteradas ausencias de los niños. La madre declaró ante varios organismos y relató los reiterados episodios de violencia psicológica, simbólica, económica y física desplegada por el imputado desde el inicio de la relación de pareja: golpes con palos, cadenas, puños… El hombre impedía que la mujer trabaje y tenga teléfono celular y no quería que los niños asistan a la escuela.
La fiscal Del Río Ayala explicó que la mujer y sus hijos lograron huir del hogar el 30 de junio de 2022, cuando el hombre había salido a trabajar y le pidió a una vecina que llame a la representante de la comuna, ya que era la única posibilidad que tenía de escapar de la casa con sus hijos. Desde el municipio dieron aviso a la policía, mientras la mujer armaba los bolsos para huir de la violencia. Cuando el móvil policial los pasó a buscar por el campo donde vivían, primero fue a radicar la denuncia por violencia a la comisaría y luego fueron alojados en una casa de resguardo en la localidad de Sunchales.
En noviembre, la mujer volvió a convivir con sus hijos en una casa en la zona urbana de Garibaldi; allí pudo advertir los cambios en el cuerpo de su hija. Un día de diciembre fueron al Samco local, ya que la niña tenía los pies hinchados y sentía malestar. Los médicos consideraron que podía haber un problema renal e hicieron los análisis correspondientes; al dar negativo, le practicaron un test de embarazo que dio positivo. Así, ante su mamá y la médica, la niña dijo, entre lágrimas: "Fue papi".
La fiscal sostuvo que la niña pudo referirse a los abusos con el equipo de profesionales que la asistieron en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Al referirse a esos relatos, sostuvo que la niña le dijo a su mamá su deseo de no continuar con el embarazo y que solo quiere volver a la pileta con sus amigas. El juez Martín Torres dio por acreditados los hechos y la calificación legal seleccionada por la Fiscalía, entre la que se encuentra la corrupción de menores por el grave daño ocasionado al libre desarrollo de la menor y abusos sexuales calificados reiterados.
El magistrado además habilitó la feria judicial para concretar la Cámara Gesell de la niña para cuando quiera declarar y entendió la necesidad de dictar la prisión preventiva del imputado ante el estado de vulnerabilidad de todo el grupo familiar que debe declarar en la causa.
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