La investigación por el accidente que protagonizó Francisco Lascurain que le costó la vida a un niño de 10 años, Fran Sueldo, tuvo su resolución judicial en el mes de febrero. Se determinó que Lascurain, paciente psiquiátrico desde hace años, al momento del siniestro estaba atravesando un episodio y no comprendía lo que estaba haciendo. Fue declarado inimputable y se le impuso una medida de seguridad curativa, por la que debía ser alojado en un establecimiento psiquiátrico para someterse a un tratamiento médico acorde a su patología.
Néstor Oroño, defensor de Lascurain, repasó la situación irregular en la que se mantiene a su representado
Maiquel Torcatt / Aire DigitalA más de dos meses de esa resolución judicial, Lascurain continúa alojado en un pabellón de la cárcel de Las Flores. Primero, el hospital Mira y Lopez de la capital provincial argumentó que no contaba con las medidas que garanticen la seguridad del interno y se negó a recibirlo.
Luego, se gestionó la posibilidad de que sea alojado en una clínica de salud mental en la localidad de La Gallareta. Pero una vez más el traslado se vio frustrado, esta vez por oposición de los habitantes de la localidad y de las propias autoridades comunales.
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Néstor Oroño, abogado defensor de Lascurain, se refirió a esta situación por Será Justicia, en diálogo con Ignacio Mendoza y Andrea Viñuela. Oroño se mostró preocupado porque su representado continua en la cárcel sin recibir la asistencia médica que necesita, con el consiguiente deterioro en su salud, pero también manifestó confiar en que las autoridades del ministerio de salud de la provincia están trabajando para encontrar una solución y dar cumplimiento a los dos fallos judiciales.
El letrado explicó que “cuando se constata una patología de carácter psiquiátrico como fue en este caso, que le impidió comprender la criminalidad del hecho, lo que corresponde es imponer una medida de seguridad curativa. Estas medidas tienden a subsanar esa deficiencia o esa patología de carácter psiquiátrico hasta tanto la persona deje de ser peligroso para sí o para terceros, y se tiene que cumplir por expreso mandato legal en establecimientos que tengan la capacidad de brindar esa asistencia, que son los establecimientos psiquiátricos”.
Al referirse a las demoras para ejecutar primero la orden del juez Pablo Busaniche, y ahora lo dictaminado por la jueza Sandra Valenti, Oroño recordó que “en un primer momento porque la provincia alegaba no tener alojamiento en los establecimientos con la debida seguridad que ameritaba el paciente, y después se presentó esta situación especial de coronavirus, y en ese contexto es que Lascurain ha permanecido fuera de toda previsión legal, de una manera totalmente ilegitima alojado en un establecimiento carcelario”.
Sobre el lugar de alojamiento para Lascurain, al tratarse de una medida judicial en el marco de una causa penal, Oroño explicó que el lugar de internación lo dispone el ministerio de salud de la provincia. Y agregó que lo que ocurrió la semana pasada al frustrarse el traslado del paciente a La Gallareta respondió a la reacción de la comunidad ante informaciones “no fidedignas”, como por ejemplo que Lascurain era trasladado desde el penal de Las Flores, donde había casos de coronavirus, “cosa que no es así, todos lo sabemos, y con esta situación tan anómala esa información falsa generó alarma y con el propio intendente a la cabeza se opusieron al traslado”, manifestó Oroño. Y agregó que “estas cuestiones las tendrán que solucionar desde el gobierno, porque hay un mandato judicial que no hace sino disponer lo que manda el código penal, que un inimputable tiene que estar alojado en un establecimiento especializado para el tratamiento de su patología”.
En relación a lo que ocurre con Francisco Lascurain, tanto a nivel de la opinión pública como también en el proceso que se siguió en su contra, Oroño reflexionó que “hay un mensaje equivocado, se capta mal la realidad de un caso, que piensan que porque Lascurain viene de una familia que el papa era juez, o una situación social no sé cómo llamarlo, acomodado, se cree que en este caso no se hizo justicia o se le dio impunidad. No es así. Este caso se resolvió como dicta la ley. Hay una mala percepción social sobre estas cuestiones y se confunde, o se piensa que la solución fue hecha a medida de una persona que fue tratada de manera especial o con algún privilegio y no es así. Y parece que en estas situaciones donde se dictan decisiones que no coinciden con lo que la gente espera, parece que hay miedo, que hay reticencia, a cumplir con cuestiones que son legalmente normales, ordinarias.” El letrado insistió que “este fue un hecho muy desgraciado y de ninguna manera quiero faltar el respeto, ni menoscabar, ni dejar de reconocer el profundo dolor que de por vida van a llevar los padres, y que también va a llevar el propio Lascurain en sus momentos de lucidez, y toda la familia de Lascurain. Esto fue una tragedia, pero también hay que entender que Lascurain actuó lamentablemente en ese momento, y esto no lo digo yo, está científicamente comprobado, no sabía que estaba haciendo. Porque los estudios que se hacen para declarar inimputable a cualquier persona son muy profundos y muy serios y se hacen con todas las garantías. Pero no es quizás lo que la sociedad en general esperaba, por lo doloroso que fue este hecho. Entonces parecería que las personas que tienen responsabilidades van poniendo trabitas para evitar ejecutar medidas que sin dudas tienen que ejecutarse, gusten o no gusten. Y quiero ser muy respetuoso del dolor de los padres que han perdido un hijo, eso no lo va a reparar ni una cárcel, ni una medida de seguridad, pero la ley brinda esta solución”.
"Se cree que en este caso no se hizo justicia o se le dio impunidad. No es así. Este caso se resolvió como dicta la ley".
Sobre la situación actual de Lascurain, y lo que eso implica, Oroño recordó lo que expresó en la audiencia de habeas corpus la representante legal de Asuntos Penitenciarios, Cecilia Bullrich: Francisco Lascurain está en un pabellón común con setenta personas y sin recibir ningún tipo de tratamiento, “por lo que incluso es peor que una condena porque una condena la cumple una persona normal. Lascurain está sufriendo un agravio a su persona en esta situación. Es un caso que habría que bucear mucho en la historia judicial argentina para encontrar que un inimputable esté alojado en un establecimiento carcelario con las responsabilidades que eso generaría para todos los responsables en esta cadena. Lascurain no puede ser destinatario de una pena, y si lo fuera, la pena es para retribuir un daño, no es para destruir la dignidad de una persona. Lo que está pasando Lascurain es ilegitimo e irracional. Yo espero que las autoridades del ministerio de salud de la provincia arbitren los medios para cumplir con esta resolución”.
Por último Oroño remarcó que “hemos sido muy prudentes en la defensa, no pretendemos medidas espectaculares, no amenazamos con hacer denuncias, hemos colaborado estos días cuando nos han llamado de la clínica, del ministerio. Pero hoy hay un incumplimiento flagrante a un mandato judicial de parte de funcionarios del ministerio de salud de la provincia. Yo confío que están trabajando para tratar de solucionar esta situación y hacer lo que tienen que hacer. No pedimos que Lascurain lo lleven a un spa, lo lleven a la casa. En ningún momento insinuamos que lo lleven a la casa porque es una medida que sin duda podría irritar y ser considerada un privilegio, ni siquiera lo insinuamos a eso”.
En relación a las alternativas de cara al futuro, Oroño precisó que “el ministerio de salud cuenta con otras posibilidades de alojamiento y confío que están trabajando esas posibilidades. No hay impedimento que el tratamiento se realice en otras jurisdicciones, en otras provincias, no hay ningún inconveniente, incluso en entidades privadas que generalmente son reacias a recibir pacientes judicializados, pero si alguna entidad lo recibe en este caso obviamente el costo corresponderá por el propio sujeto o la familia. Son alternativas, algo habrá que hacer con Lascurain”.
Para finalizar, Oroño explicó los alcances de las medidas de seguridad que se imponen a personas inimputables implicadas en hechos criminales: “la medida de seguridad se impone por el tiempo que sea necesario para el hacer cesar la patología y la peligrosidad que surge para el propio sujeto y para terceros. Por eso la medida de seguridad va a durar en cuanto persista la patología y la peligrosidad. Va a cesar cuando por medio de los peritos, de los profesionales especializados, se determine que ha cesado la peligrosidad. Pero tampoco puede ser de por vida, cuando pasa un tiempo más o menos prudente, y si persiste la patología, se pide el cese de la medida de seguridad penal y se continua con un tratamiento bajo supervisión de un juez civil”.
En relación al tiempo de duración, el letrado precisó que según la jurisprudencia se ha determinado que la medida de seguridad no debe superar el máximo de la pena que le hubiere correspondido al delito: “si persiste la patología (al superarse ese límite), en todo caso el tratamiento deberá ser con supervisión de la justicia civil bajo la normativa de la ley de salud mental”.
Audio ► La entrevista completa con Néstor Oroño en Será Justicia
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