La defensa del exjefe de la Policía de Santa Fe Rafael Grau volvió a apelar la sentencia por fraude en el D4
La defensa de Grau recurrió a la Cámara de Apelaciones para discutir la sentencia condenatoria impuesta al exjefe de la Policía de Santa Fe por defraudación
La defensa de Grau insistió ante la Cámara de Apelaciones revocar la sentencia condenatoria
La Cámara de Apelaciones de Santa Fe vuelve a revisar la sentencia impuesta al exjefe de la Policía de Santa Fe, Rafael Grau, condenado por defraudación al Estado provincial en la denominada Causa del D4.
Carlos Renna, abogado defensor de Grau, apeló la resolución de segunda instancia que confirmó la condena a Grau impuesta en un juicio oral y público, por dos cuestiones: el vencimiento del plazo razonable y la prescripción del delito de defraudación.
La audiencia de apelación se realizó este miércoles ante los jueces de la Cámara Fabio Mudry, Oscar Burtnik y Roberto Reyes; el fiscal de Delitos Complejos y Violencia Institucional Ezequiel Hernández solicitó la confirmación del fallo cuestionado.
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El fiscal Ezequiel Hernández solicitó que se confirme el fallo recurrido
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Plazo razonable y prescripción
Fuentes del caso explicaron a AIRE que la reciente apelación cuestionó dos puntos concretos del fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó la condena del juicio. La resolución recurrida por Renna lleva la firma de los jueces Fernando Gentile Bersano, Bruno Netri y Roberto Prieu Mántaras.
En aquella primera audiencia ante la cámara, tras la condena a Grau y al exjefe Omar Odriozola por defraudación al Estado provincial mediante el falso arreglo de móviles policiales, Renna, quien asumió la defensa de Grau tras el juicio, presentó dos argumentos que no habían sido discutidos en primera instancia: el vencimiento del plazo razonable de las actuaciones judiciales en el proceso, y la prescripción del delito de defraudación.
Carlos Renna solicitó la absolución de Rafael Grau por considerar que el delito de defraudación se encuentra prescripto; para el defensor, el único acto jurisdiccional válido que interrumpió la prescripción fue la resolución firme que aprobó la acusación, recién el 19 de febrero de 2024.
En cuanto al plazo razonable del proceso penal, Renna cuestionó que el caso lleva casi 10 años desde sus inicios, "lo cual contraviene las garantías constitucionales y los tratados internacionales. La demora excesiva lleva, en la práctica, a que la causa por asociación Ilícita llegue casi al tiempo máximo de la pena (10 años), además de la prescripción de la defraudación", valoró.
Estos argumentos fueron rechazados por el tribunal de apelación que confirmó las condenas a los exjefes policiales, y por eso Renna recurrió en apelación horizontal por estos dos argumentos que no habían sido discutidos previo a la apelación de la condena.
El fiscal advirtió que el denominado "el doble conforme" en las resoluciones judiciales es por los hechos llevados a proceso, o por las calificaciones legales, no por los nuevos argumentos que vayan presentando las partes en cada instancia.
Además, para rechazar el planteo del defensor sobre el vencimiento del plazo razonable, Hernández recordó que la causa fue compleja, con multiplicidad de involucrados que fueron condenados a través de juicios abreviados.
En cuanto a la prescripción del delito de defraudación, el representante del MPA manifestó que la causa siempre estuvo en actividad, por lo que no pasaron seis años inactivos que habilite el pedido de prescripción.
tribunales
La apelación se realizó este miércoles en los tribunales de Santa Fe
Las claves en causa del D4
La investigación comenzó en 2016 con una denuncia presentada al MPA por el entonces ministro de Seguridad y actual gobernador, Maximiliano Pullaro, que advertía maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales, dependiente del departamento de logística, denominado D4.
En las primeras diligencias, el fiscal Roberto Apullán solicitó el allanamiento del D4; la documentación secuestrada permitió determinar que uno de los comercios involucrados era un lavadero, que emitía facturas como taller mecánico. También se encontró documentación que vinculaba a un comercio de repuestos y un taller.
En 2017 la causa quedó a cargo de la de la fiscalía de Delitos Complejos y Violencia Institucional, encabezada por el fiscal Ezequiel Hernández, junto con la entonces fiscal Mariela Jimenez.
Se identificó a una gran cantidad de involucrados, entre funcionarios del ministerio de seguridad y comerciantes; entre los funcionarios públicos se imputó a los contadores que oficiaban como habilitados en el ministerio, y quien estaba al frente del departamento de Logística.
Todos los coimputados resolvieron sus procesos a través de procedimientos abreviados o probation, a excepción de los sindicados "jefes" de la asociación ilícita, Grau y Odriozola. Los involucrados fueron resolviendo sus situaciones procesales a través de juicios abreviados: nueve personas ya fueron condenadas, cinco de ellas con condenas de cumplimiento efectivo. Uno de ellos fue Raúl Alberto Patriarca, quien se desempeñaba como habilitado de la Jefatura provincial de la Policía, junto con Ariel Villanueva.
Los otros condenados fueron José María Leiva, quien oficiaba jefe del departamento de Logística de la Policía Provincial; Facundo José Testi, quien era el dueño y responsable tributario del comercio “T-gráfica” que era utilizado para cometer los fraudes; Rodrigo Exequiel Ruiz, dueño del taller “Servicio Mecánico”; Andrés Daniel Soto, chapista; Artemio Biscari, dueño o responsable tributario del comercio de repuestos “TC Repuestos”; Noelia Biscari, civil, dueña o responsable tributario del comercio de repuestos “TC Repuestos”; y Maximiliano Edgardo Ambrosio.
Los exjefes policiales Omar Odriozola y Rafael Grau llegaron a juicio tras ser acusados de haber liderado una asociación ilícita que defraudó las arcas del estado provincial durante 2015 y 2016, a través de facturar compras de repuestos y arreglos y acarreos de móviles policiales que no se realizaban.
Para Fiscalía la maniobra fue organizada por los acusados en complicidad con el resto de los involucrados, entre los que se encuentran el exjefe del departamento de Logística, dos contadores que se desempeñaron como habilitados en la jefatura, y varios civiles: el dueño de las empresas y los prestanombres de las mismas.
Sin embargo, la defensa de ambos expolicías (a cargo de las defensoras oficiales Mónica Echaniz y Leticia Balanda en el juicio) sostuvo que ni Grau ni Odriozola pudieron estar al tanto de lo que ocurría en el departamento de Logística, que la maniobra fue orquestada por los contadores habilitados con complicidad del jefe del departamento, que aprovechaba la carga de trabajo del jefe policial para hacerle firmar facturas y cheques.
El debate comenzó el 29 de mayo de 2025 con la declaración del gobernador Maximiliano Pullaro, ya que, cuando era ministro de Seguridad en mayo de 2016, fue quien impulsó la denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación tras haber recibido, un sobre anónimo en su despacho, que dio cuenta sobre el desfalco delictivo que ocurría en el D4.
La sentencia se dio a conocer el 19 de junio y en octubre se realizó la apelación de las condenas; el tribunal de la Cámara de Apelaciones confirmó el veredicto del juicio, y ahora Renna insistió con reveer la situación de Rafael Grau.
