La Corte Suprema rechazó una histórica demanda ambiental contra petroleras en Vaca Muerta
El máximo tribunal desestimó la demanda contra YPF, Chevron y otras petroleras por falta de pruebas sobre daño ambiental.
El máximo tribunal desestimó la acción iniciada por ASSUPA contra YPF, Chevron, PAE y otras compañías al concluir que nunca se acreditó un daño ambiental interjurisdiccional específico
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda por daño ambiental colectivo presentada contra empresas petroleras que operan en Vaca Muerta al considerar que nunca se acreditaron pruebas concretas sobre contaminación interjurisdiccional.
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La acción judicial había sido impulsada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra compañías como YPF, Chevron, Pan American Energy, Pluspetrol, Vista Oil & Gas y otras firmas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Neuquina.
Según el fallo, tras más de dos décadas de trámite judicial, la organización ambientalista no logró demostrar daños específicos sobre recursos naturales que afectaran a más de una provincia.
Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionó la falta de pruebas concretas
En la sentencia, los jueces remarcaron que la demanda presentó “vaguedad e imprecisión” al describir los supuestos daños ambientales y señalaron que las pruebas aportadas no permitieron verificar afectaciones reales ni determinar responsabilidades puntuales de las empresas involucradas.
El máximo tribunal sostuvo además que ASSUPA pretendía que las pericias judiciales identificaran posteriormente los focos de contaminación y definieran qué empresa era responsable en cada caso, algo que evidenciaría la falta de precisión en la denuncia inicial.
“La prueba ofrecida por la actora no persigue la corroboración de circunstancias fácticas, sino que pretende una investigación sobre las conjeturas formuladas en la demanda”, indicaron en el fallo.
Qué reclamaba la demanda contra las petroleras en Vaca Muerta
La asociación ambientalista reclamaba que las compañías realizaran tareas de recomposición integral, crearan un fondo especial de restauración ambiental y aplicaran medidas preventivas para evitar nuevos daños derivados de la actividad petrolera.
Sin embargo, la Corte recordó que en instancias previas ya había advertido sobre la necesidad de presentar estudios técnicos o evidencias concretas que demostraran una afectación ambiental interjurisdiccional.
Además, el tribunal señaló que ASSUPA, por su rol como organización ambiental, podía haber solicitado información previa a organismos nacionales y provinciales antes de iniciar la acción judicial.
Finalmente, la Corte concluyó que no estaban dadas las condiciones para avanzar con el proceso porque no pudieron identificarse daños ambientales colectivos susceptibles de reparación judicial.