La causa tuvo su inicio cuando en 2016 agentes de la entonces Policía de Investigaciones allanaron la casa de un hombre que tenía en su poder parte de las armas que debían ser incineradas en una fundidora de la capital provincial.
Un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe resolvió esta semana confirmar el sobreseimiento para un funcionario de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que fue imputado en la causa que investigó el desvío de parte de un lote de armas de la Policía que debían ser destruidas, pero que luego aparecieron en el mercado negro de la capital provincial.
La resolución, a la que tuvo acceso AIRE, fue dictada por el juez Fabio Mudry y alcanza al prosecretario del máximo tribunal, Marcelo Esquivel, y también al exsecretario de Armas de la Provincia (durante la gestión del Frente Progresista Cívico y Social), Matías Palavecino. Ambos fueron imputados por la fiscal Mariela Jiménez, que les atribuyó "falsedad ideológica de instrumento público" y "malversación culposa de caudales públicos" por haber insertado declaraciones falsas en un acta (del 2015) en donde dichos funcionarios aseguraron que se constituyeron y presenciaron la destrucción del lote de armas de fuego de fuerza provincial en una fundición de Aristóbulo del Valle al 7700 de la ciudad de Santa Fe.
El reciente fallo dejó firme a su vez el sobreseimiento que dictó, en primera instancia, el juez penal Jorge Patrizi, que en febrero de este año consideró desvincular a Esquivel y Palavecino de la causa tras sostener que el hecho investigado por la Fiscalía no encuadra una figura penal.
En la misma sintonía, Mudry avaló lo resuelto por Patrizi y señaló que los funcionarios no tuvieron “dominio del hecho”, ya que el lote de armas que debió ser destruido estuvo bajo la custodia de los policías encargados de la sala de efectos, por lo que tanto Esquivel como Palavecino actuaron bajo el “principio de confianza”.
“No tenían a su cargo el control de las armas y elementos que debían ser destruidos o quemados”, sostuvo el juez y reflexionó que “evidentemente hubo algún punto o momento en la cadena de custodia que debía ejercerse durante el traslado del Poder Ejecutivo al Poder Judicial en el que dicho resguardo se vio vulnerado, siendo tal hecho objeto de otra causa penal en curso”.
El acta por la cual Palavecino y Esquivel fueron imputados, y ahora sobreseídos, se firmó el 4 de diciembre del 2015, cuando el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad acordaron la destrucción total de un lote de 715 partes de armas de distintos tipos: pistolas calibre 9 milímetros FM, calibre 11.25 Colt, 22 Colt, escopetas calibre 12.70, ametralladoras y vainas servidas.
Ese armamento fue utilizado por agentes policiales de distintas áreas, pero al estar prácticamente obsoleto o no apto para el uso policial las autoridades ministeriales y de la Corte resolvieron sacarlo de circulación y destruirlo.
Oficializada el acta, el lote fue trasladado desde la sala de efectos hasta la fundición Galcom de Aristóbulo del Valle al 7700 para ser fundidas en un horno. Sin embargo, con el correr de los meses, algunas de esas armas aparecieron en distintos procedimientos policiales de calle, por lo que se inició una investigación que en principio estuvo a cargo del fiscal Andrés Marchi.
Por esa causa, la entonces Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un muchacho de 29 años, identificado como Alexis R., el 21 de mayo del 2016 y le secuestró distintas partes de armas de fuego. Una semana después, fue imputado como presunto autor de “encubrimiento, provisión ilegal de armas de fuego en forma habitual y tenencia reiterada de armas de fuego de uso civil y de guerra, todo en concurso real” y luego quedó con prisión preventiva, en un fallo que dictó en aquel momento el juez Jorge Patrizi. Con el correr de los meses, Alexis R., recuperó la libertad.
La causa fue asignada después al fiscal Omar De Pedro que logró una serie de imputaciones nuevas, muchas de las cuales llegaron a condenas. En paralelo, la fiscal Mariela Jiménez (del área de Delitos Complejos) inició en octubre del 2019 una investigación para establecer las responsabilidades de los funcionarios judiciales y del ejecutivo que firmaron el acta que ordenó la destrucción del armamento.
Avanzada la pesquisa, el 21 de marzo del 2021, la fiscal citó a audiencia de imputación a Palavecino y Esquivel para atribuirle los delitos de "falsedad ideológica de instrumento público" y "malversación culposa de caudales públicos". Diez meses después, los abogados Néstor Oroño (que representa al prosecretario de la Corte) y Daniel Cuenca (por el exsubsecretario de Armas) pidieron el sobreseimiento, el cual fue avalado por el juez Patrizi y ahora confirmado por el camarista Mudry.
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