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Policiales armas | Corte Suprema de Justicia | Santa Fe

Sobreseyeron a funcionario de la Corte en una causa que investigó el ingreso al mercado ilegal de armas policiales

El fallo alcanza además al exsubsecretario de Armas de la provincia, Matías Palavecino, imputado por firmar un acta que aseguró la destrucción de armamento en desuso de la fuerza, pero que después apareció en el mercado negro de la ciudad de Santa Fe.

El juez penal de tribunales, Jorge Patrizi, dictó el sobreseimiento para el actual Prosecretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Marcelo Esquivel, que fue imputado en la causa que investiga, desde hace seis años, el desvío de parte de un lote de armas en desuso de la Policía que debían ser incineradas en una fundición de la ciudad de Santa Fe y que llamativamente aparecieron en el marcado ilegal. La resolución, a la que tuvo acceso AIRE, también alcanza al Exsecretario de Armas de la Provincia, Matías Palavecino, que fue parte del gabinete del exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

Tanto Esquivel como Palavecino fueron imputados por la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, que el 12 de marzo del 2021 los acusó de "falsedad ideológica de instrumento público" y "malversación culposa de caudales públicos" por haber insertado declaraciones falsas en un acta (del 4 de diciembre del 2015) en donde ambos funcionarios dijeron que se constituyeron y presenciaron la destrucción de un lote de armas de fuego de fuerza provincial en una fundición de Aristóbulo del Valle al 7700 de la ciudad de Santa Fe.

El acta se dio en el marco de un convenio de colaboración al que arribaron en su momento el Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial de la provincia en donde se acordó la destrucción total de un lote conformado mayormente por pistolas calibre 9 milímetros FM, calibre 11.25 Colt, 22 Colt, escopetas calibre 12.70, ametralladoras de distintos calibres, como así también vainas servidas. Dichas armas fueron utilizadas por agentes policiales de distintas áreas, pero al estar prácticamente obsoletas o por lo menos no aptas para el uso policial fueron sacadas de la fuerza por lo que las autoridades ministeriales y de la Corte resolvieron destruirlas por completo.

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Épocas de PDI. La causa tuvo su inicio cuando en 2016 agentes de la entonces Policía de Investigaciones allanó la casa de un hombre que tenía en su poder parte de las armas que debían ser incineradas en una fundición de Santa Fe.

Épocas de PDI. La causa tuvo su inicio cuando en 2016 agentes de la entonces Policía de Investigaciones allanó la casa de un hombre que tenía en su poder parte de las armas que debían ser incineradas en una fundición de Santa Fe.

Sin embargo, unos meses después de que la destrucción fue oficializada, algunas de esas pistolas que eran parte del lote en cuestión, fueron encontradas en distintos procedimientos policiales realizados por agentes de prevención a principios del 2016. Se habló en su momento, que eran por lo menos 15, aunque no se descartó que aparecieran aún más.

Tramite apelado

Por el caso se iniciaron dos causas judiciales que se tramitaron por separado y con total reserva. Una que apuntó a quienes posiblemente hicieron circular en el mercado ilegal las armas, la cual inicialmente estuvo a cargo del fiscal Andrés Marchi y que luego pasó a manos de Omar De Pedro. Y la otra, encabezada por la fiscal Jiménez, que imputó a los recientemente sobreseídos Palavecino y Esquivel.

Por esta última, el pasado viernes se llevó a cabo una audiencia ante el juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Fabio Mudry, en donde el fiscal Jorge Nessier pidió que el sobreseimiento dictado por Patrizi sea revocado y la investigación siga tramitándose en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que coordina la fiscal Jiménez.

Tal apelación se dio luego de que el juez Patrizi consideró que el hecho investigado no encuadra en una figura penal por lo que hizo lugar a los planteos realizados por las defensas del caso, a cargo de Néstor Oroño (por Esquivel) y Daniel Cuenca (que asiste a Palavecino).

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Néstor Oroño, abogado defensor de uno de los implicados.

Néstor Oroño, abogado defensor de uno de los implicados.

Para dictar el sobreseimiento, el magistrado recordó que el lote con las 715 armas se encontraba en la Unidad Regional I y luego fue trasladado hasta la sala de efectos de la Corte y con posterioridad hasta la fundición de avenida Aristóbulo del Valle al 7700 en donde debían ser colocadas en un horno para ser incineradas. Toda la secuencia, bajo la custodia policial.

El perjuicio no es por lo que dice el acta, sino que se produjo por la acción de un tercero, en un momento determinado que la Fiscalía no ha podido indicar, optando por atribuir directamente la falsedad ideológica a aquellos que la confeccionaron y que no estuvieron durante todo el tiempo que demandó el proceso, en vez de indicar quien fue el responsable de la sustracción y en que instancia de todo ese proceso de destrucción”, sintetizó Patrizi en el fallo emitido el 4 de febrero pasado.

Pendiente

El caso, que lleva seis años tramitándose en la Justicia, debe resolver por otro la situación procesal de uno de los principales implicados que tuvo la causa en su inicio. Se trata de Alexis R., quien cuando el caso salió a luz, en mayo del 2016, fue detenido por orden del fiscal Andrés Marchi, que lo allanó en su domicilio (en avenida Facundo Zuviría) y le secuestró partes de las armas de fuego que formaron parte del lote policial.

El muchacho, de 29 años en ese entonces, fue imputado como presunto autor de provisión ilegal de armas de fuego como actividad habitual; tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y de guerra; y encubrimiento. El 27 de mayo de ese año, justamente el juez Patrizi ordenó que Alexis R. transite la causa con prisión preventiva, medida cautelar que cumplió por unos meses hasta que obtuvo la excarcelación.

La imputación se dio luego de una investigación que fue coordinada por Marchi, que en su momento era el titular del área de “armas de fuego”, que seguía la línea de las armas encontradas en procedimientos policiales. Sin embargo, tras ser asignado a la Fiscalía de Homicidios (donde actualmente se desempeña) la causa quedó en un limbo durante meses hasta que finalmente pasó a manos del fiscal De Pedro que ante el paso de los años poco pudo hacer sobre cómo algunas armas de la policía, que debían ser destruidas, aparecieron luego en manos de delincuentes. De todos modos, el funcionario judicial logró una condena, a uno de los imputados que tuvo la causa y el posible acuerdo abreviado, cuya audiencia aún no se concretó, de Alexis R., el primer implicado que tuvo el caso.