Al igual que como ocurrió con el niño correntino de cinco años, en la provincia de Santa Fe, nueve años atrás, sucedió lo mismo con Maxi Sosa, el pequeño de tres años oriundo de Ceres y del cual nada se sabe sobre su paradero.
El niño de 3 años fue visto por última vez el 21 de diciembre del 2015, cuando se encontraba al cuidado de Patricia Sayago, su abuela materna, ya que su madre, en aquel entonces, había sido llevada hasta Rafaela para dar a luz.
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Si bien aún no está del todo claro cómo fue la desaparición del menor, y sobre el cual giran múltiples hipótesis, oficialmente se estableció que ocurrió cuando su abuela se fue a trabajar y lo dejó en su casa y al volver descubrió que su nieto había desaparecido.
El caso tomó estado público y se realizó un fuerte operativo en Ceres y la región para encontrar algún rastro del menor, pero la búsqueda no logró ningún avance.
Embed - Crimen y justicia: el caso Maxi Sosa
Seis meses después, cuando el caso parecía no tener ningún horizonte, la fiscal de San Cristóbal, Emilce Fissore, ordenó detener a la abuela de Maxi y su pareja, Ariel Malagueño, un chófer de ambulancia oriundo del pueblo de Montefiore.
Tanto Malagueño como Sayago quedaron detenidos y tras quedar en prisión preventiva, la fiscal Fissore consideró que el caso debía ser absorbido por la Justicia federal al tener la sospecha que el menor podría haber sido entregado a una red de trata de personas. Sin embargo, el Juzgado Federal de Rafaela rechazó tomar intervención, por lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que intervenir y zanjar el conflicto jurisdiccional entre ambos fueros judiciales.
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Según peritajes actuales, Maxi Sosa estaría así en la actualidad.
Dos años después, el máximo tribunal le dio la competencia del caso a la Justicia federal de Rafaela por lo que Sayago y Malagueño fueron procesados por sustracción de menor de 10 años y trata de personas del que resultara víctima Maxi Sosa en las modalidades de ofrecimiento y traslado, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por no poder esta valerse por sí misma, por la participación de tres o más personas, por ser ascendiente de la víctima, y por ser aquella menor de dieciocho años.
Tal procesamiento, que llevó la firma del juez Miguel Abasolo, se dio a partir de una llamada entre la abuela del menor y su pareja en donde ambos mantuvieron una conversación y en un momento determinado Malagueño le manifestó a Sayago “Maxi vino de abajo, del Vasco”.
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Bajo sospecha, ambos procesados fueron llevados a juicio al Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Finalmente, el 10 de febrero del 2021, los jueces Luciano Lauría, José María Escobar Cello e Ivón Vella consideraron la causa que investigó la desaparición de Maxi había tenido "deficiencias en la investigación". Y en consecuencia absolvieron a Sayago y Malagueño tras cuatro de encierro preventivo.