El Tribunal Oral Federal de Santa Fe absolvió este miércoles a los imputados en la desaparición del niño Maxi Sosa de la ciudad de Ceres. Se trata de Patricia Sayago y Ariel Malagueño, quienes pasaron más de cuatro años con prisión preventiva hasta llegar el juicio que comenzó el pasado lunes. El fallo fue resuelto por los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, quienes decidieron absolver a la pareja por el beneficio de la duda.
Sayago, al momento de escuchar la sentencia.
Maiquel Torcatt/ Aire DigitalLa sentencia tuvo la particularidad de que el tribunal absolvió solamente a Sayago, ya que Malagueño sobre Malagueño no pesó ningún pedido de pena por parte del fiscal, Martín Suárez Faisal, que no pidió ningún monto de pena en su alegato.
En su sentencia, el TOF resolvió también "remitir las presentes actuaciones al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, a fin de que profundice la investigación sobre el paradero del menor Maximiliano Javier Sosa", desaparecido desde hace más de cinco años.
Según indicaron desde el estrado federal, la lectura de los fundamentos de la sentencia fue prevista para el viernes 19 de febrero, a partir de las 18 horas.
Cinco años desaparecido
Al momento de su desaparición Maxi Sosa tenía 3 años y residía en una vivienda del barrio Juan Pablo Segundo II. El pequeño fue visto por última vez el 21 de diciembre del 2015 cuando se encontraba al cuidado de su abuela y su madre estaba internada en el hospital a punto de dar a luz.
La investigación, que elevó a juicio el fiscal Gustavo Onel, acusó a la abuela de Maxi y su pareja de haber sustraído al pequeño sin el consentimiento de su madre, entre los días 18 y 21 de diciembre del año 2015. Ambos habrían “retenido y ocultado” al menor, hasta el 26 de diciembre en un inmueble donde habitaban, conocido como el “Chalecito”, ubicado en la localidad de Colonia Montefiore.
El caso forma parte de un largo recorrido judicial cuyo inicio fue en la Justicia provincial cuando la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Emilce Fisore, junto con agentes de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de Santa Fe, reunió una serie de elementos que comprometieron a la abuela de Maxi y su pareja.
Al sospechar de que existía el delito de trata de personas, Fissore solicitó que la causa pase al fuero federal en 2017. A partir de allí, la investigación tuvo sus idas y vueltas entre un fuero y otro, hasta que el 7 de junio del 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el expediente se radique en el Juzgado Federal de Rafaela.
Un año después, en julio del 2019, el entonces fiscal subrogante Federico Grimm buscó declarar una nueva incompetencia en el caso y el juez Abásolo hizo lugar. Sin embargo, ese planteo fue apelado por la defensa de Sayago, a cargo del defensor oficial, Marcelo Cerdá, por lo que tuvo que intervenir un juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Dos meses después, el juez Guillermo Toledo, no hizo lugar al planteo de Abásolo y ordenó que la causa siga en el Juzgado rafaelino.
En medio de esos planteos, el Ministerio Público Fiscal dispuso que Javier Arzubi Calvo quede a cargo de la Fiscalía Federal de Rafaela, por lo que la causa cobró un nuevo impulso y terminó en el procesamiento de Sayago y Malagueño. Un año después, se hizo cargo de la Fiscalía, Gustavo Onel, el cual dispuso la clausura de la investigación y elevó la causa a juicio.
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