Imputado por un homicidio en barrio San Lorenzo es también investigado por desviar armas al mercado negro
Se trata de un joven de 22 años al que le imputan haber cometido el homicidio de Pablo Federico Acosta, ocurrido en mayo pasado.
El acusado cuando fue detenido por agentes de la PDI y trasladado al Gabinete de Identificaciones.
La Justicia ordenó este miércoles la prisión preventiva para Laureano Yasser Lucero, un joven de 22 años, acusado de haber matado a tiros, a plena luz del día, a un hombre en barrio San Lorenzo de Santa Fe y además de ser testaferro de armas de fuego que luego fueron desviadas al mercado negro.
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El reciente fallo fue dictado por el juez José Luis García Troiano, tras una audiencia realizada en tribunales y en donde la fiscal del caso, Laura Urquiza, junto con el querellante, Raúl Sartori, pidieron el encierro preventivo del santafesino investigado por el homicidio de Pablo Federico Acosta, sucedido el 31 de mayo de este año.
Ese día, pasadas las 13.30, Acosta circulaba a bordo de una moto por Juan Díaz de Solís y Uruguay cuando fue sorprendido por dos hombres, de los cuales uno, que se encontraba agazapado entre unas chapas, abrió fuego y le disparó al menos siete veces con una pistola calibre 9 milímetros. La víctima cayó al piso y según reconstruyó la investigación, uno de los sicarios lo abordó y le robó un arma de fuego que llevaba aquel mediodía de domingo. Sustraída el arma, los homicidas huyeron del lugar a bordo de una moto.
Desde entonces, se inició una investigación por la cual, el 23 de julio, fue detenido Marcelo Raul Molinas, quien se sospecha manejaba la moto que posibilitó la llegada y huida de Lucero.
Tras su arresto, Molinas fue imputado por la coautoría del crimen y quedó en prisión preventiva. Mientras que Lucero se convirtió en un enigma para los investigadores y permaneció tres meses prófugo de la Justicia. El 17 de septiembre pasado, finalmente, agentes de la PDI descubrieron que se ocultaba en la casa de su novia, una agente policial que presta servicio en Rosario (la cual quedó presa por falso testimonio) y lograron detenerlo.
Testigos y un video
Para ligarlo al crimen, la Fiscalía y querella tomaron en cuenta dos testigos presenciales del hecho que vieron la mecánica del homicidio. Inclusive, uno de ellos, sostuvo que previo al ataque armado, vieron que uno de los autores del hecho se bajó de la moto en la que circulaba y esperó entre unas chapas el paso de Acosta para efectuar los disparos.
El bloque acusador también tuvo como evidencia el testimonio de un hombre que reconoció a Lucero como el autor del hecho y lo sindicó como integrante de la “banda de Los Meones”.
La defensa, a cargo de Germán Corazza y Candela Zini, rechazó los cargos contra su cliente al sostener que las evidencias no lograron acreditar que Lucero haya sido quien gatilló contra Acosta aquel 31 de mayo. En consecuencia, propuso que transite la causa con medidas alternativas a la prisión preventiva: entre ellas, que tenga impedido el ingreso al barrio San Lorenzo y además tendrá vedado el contacto con los testigos del caso.
El juez García Troiano, por su parte, descartó el pedido de la defensa y ordenó la prisión preventiva para Lucero al entender que el peligro de fuga quedó al descubierto ya que nunca se puso a disposición de la Justicia pese a que se ejecutaron varios allanamientos para localizarlo. Inclusive, la Fiscalía informó que el acusado dejó de utilizar la línea telefónica que tenía un día después del homicidio de Acosta.
Provisión de armas
El juez también tomó en cuenta que sobre Lucero pesa la imputación de haber adquirido armas de fuego, como legítimo usuario, y luego las insertó en el mercado negro ya que dichas armas nunca fueron encontradas en el domicilio declarado ante el Registro Nacional de Armas.
Según la investigación de la Fiscalía, el joven de 22 años registró a su nombre cuatro armas de fuego: una pistola calibre 380; una pistola calibre .22; una pistola calibre .40; y una escopeta marca ADLER modelo HT-104 de 12 UAB.
Tales armas fueron adquiridas durante el 2025: la primera en el mes de octubre, mientras que las tres restantes al mes siguiente. Sin embargo, ninguna de esas armas fueron localizadas en los allanamientos que los investigadores ejecutaron en el domicilio en el cual el sospechoso declaró como lugar de guardado de las mismas: una casa de Roque Saenz Peña al 1200 en donde residía con sus padres.
