El 5 de marzo del año pasado, con el homicidio del taxista Héctor Figueroa, comenzó un plan desestabilizador que siguió con las ejecuciones al azar de otros tres trabajadores, como el chofer Diego Celentano, el colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich. Estos hechos provocaron algo inédito: que los ciudadanos declararan un toque de queda unilateral, sin intervención del Estado.
El miedo caló tan hondo que las calles quedaron despobladas durante varios días, donde no hubo transporte público ni clases en las escuelas. Fue la crisis más dura que vivió la gestión de Maximiliano Pullaro desde que asumió en diciembre de 2023. También provocó una reacción política que pocas veces se manifestó de manera tan clara: no había margen para las especulaciones, como había ocurrido en el pasado, y como sucede hoy entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires.
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El sicario que mató al playero Bruno Bussanich quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.
El gobierno de Pullaro reaccionó con fortaleza a pesar de la cruda situación y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich reforzó el llamado Plan Bandera, que hasta ese momento era casi testimonial, con los efectivos federales sin insumos básicos, como patrulleros.
Lo perverso de esta saga de asesinatos fue el objetivo y la forma: elegir las víctimas al azar y dejar sobre la superficie de la ciudad la sensación de que cualquiera podía ser el blanco de sicarios menores de edad, en su mayoría.
Está claro que estos episodios sangrientos fueron una respuesta de grupos criminales, pero aún no está claro si hubo un detonante preciso que activó este plan “narcoterrorista”. Se interpretó en ese momento, al analizar una línea de tiempo, que las fotos que había difundido el Ministerio de Seguridad de Santa Fe de un grupo de presos, con el torso desnudo y en cuclillas durante una requisa, fue lo que encendió esta trama criminal. A esto se sumaron denuncias de familiares de presos por maltratos. Pero nunca se pudo acreditar que esto fuera el único motivo.
Cambios dentro de las cárceles
Desde que inició su gestión, Pullaro apuntó a incrementar los controles y las requisas en las cárceles, con una reorganización interna de los pabellones de alto perfil, donde están alojados los internos más pesados, cuadros medios de las bandas narco. El objetivo de esta medida era cortar varias mecánicas mafiosas que se gestaban desde las cárceles y que generaban violencia en las calles, como las balaceras y las extorsiones, que se habían expandido por casi toda la ciudad. Para retomar el control de la calle, con una policía que en ese momento tenía menos de 20 patrulleros operativos, debían tener bajo dominio del Estado las cárceles.
Después del duro golpe de los cuatro homicidios, que tuvieron una fuerte repercusión nacional, el gobierno buscó esclarecer con premura estos episodios “narcoterroristas”. Un equipo de fiscales trabajó desde un primer momento y menos de un mes después lograron establecer que Alejandro Núñez, alias Chucky Monedita, y su pareja, Brenda Pared, planearon parte de esta saga durante las visitas íntimas. En el gobierno provincial siempre estuvieron convencidos de que detrás de la ola de homicidios estuvo la sombra de Esteban Alvarado, aunque su nombre no aparezca en la nómina de imputados.
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El Gobierno de Santa Fe hizo hincapié en el control de las cárceles, para reducir el impacto de la violencia en las calles.
En relación con Chucky Monedita, los fiscales imputaron a Axel Uriel Rodríguez, Gustavo Márquez, Joana Laura García, Macarena Muñoz, y su hermano de 17 años, identificado como M.M, como quienes se ocuparon de gestionar las directivas que Núñez hizo llegar desde la cárcel. En ese sentido, se valieron de la participación de dos chicos de 15 años y uno de 16 para ejecutar los asesinatos de los dos taxistas y el ataque a la comisaría 15ª.
Con respecto al asesinato del playero, se estableció que fue cometido por el menor D.G., de 15 años. Los investigadores lo vinculan a la célula comandada por Chucky Monedita. Luego, en julio pasado, se entregó Axel Herrera, de 19 años. Su madre habló con el pastor David Sensini y el joven se entregó. José Maturano fue detenido en noviembre pasado en Buenos Aires. Fue quien conducía la moto que trasladó a Herrera.
A raíz de estos asesinatos, la política carcelaria, tanto a nivel provincial como federal, se endureció, con un régimen de aislamiento que se aplica en los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz, contra los líderes narco, como Máximo Ariel Cantero, alias Guille, y Esteban Alvarado.
El impacto de los cuatro crímenes se transformó en una bisagra en la historia reciente de Rosario. En 2024 los homicidios bajaron un 65,5 por ciento, mucho más de lo que preveía el propio gobierno santafesino y nacional. Los agentes federales ampliaron su radio de presencia en cuatro zonas calientes, lo que ayudó a que la policía fuera, a medida que contaba con más patrulleros —licitaron el año pasado la adquisición de 940 móviles, entre motos y autos—, teniendo mayor control de la calle.
La participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico fue uno de los ejes de debate, aunque en la práctica solo se circunscribió en el patrullaje de un helicóptero del Ejército. Al bajar la crueldad de la violencia, también se descomprimió esa discusión.
Menos confrontaciones entre bandas narcos
El problema de la extrema violencia que azotó a Rosario durante una década y media no fue solucionado de raíz. Las actividades criminales se mantienen, pero con una menor confrontación entre grupos criminales, como ocurría antes. Enero pareció mostrar un cambio de tendencia, con 19 asesinatos, la mayoría atravesados por tramas narco. Pero en febrero volvió a descender la cifra de crímenes, que muestran otra tendencia: menor cantidad, pero mayor crueldad, como ocurrió a mediados de febrero con un triple crimen en Villa Banana, donde los blancos fueron vendedores de droga.
El dominio de la venta de drogas se atomizó aún más, ante la desconexión de los jefes narcos que están presos con el territorio, debido a los controles en las cárceles. La detención de algunos alfiles del negocio narco, como Lisandro Contreras, que vivía en el country San Sebastián, en Pilar, exhibe la irrupción de una nueva generación más despojada de la violencia extrema y más interesada en multiplicar el dinero de la renta narco.
Ante este escenario, el gobierno de Santa Fe se muestra cauto, con un discurso que omite el triunfalismo, porque saben que todo puede cambiar, a pesar de que el Estado esté más fortalecido y actúe coordinado, como antes no ocurría.
Pullaro difundió este miércoles un mensaje a través de la red X, en la que plantea este escenario. “No quiero que nadie con responsabilidades de gobierno olvide a esas víctimas inocentes. Sus familias los recuerdan cada día”, expresó el mandatario provincial.
El gobernador sostuvo que la acción coordinada y enfocada de todos los poderes del Estado con el conjunto de la sociedad tomó “la decisión de no dar ni un paso atrás en la lucha contra las mafias, y para garantizar que los homicidios fueran esclarecidos y los responsables paguen”. “Sabemos que estamos un poco mejor, pero muy lejos de estar bien, y sabemos que la narcocriminalidad aún está activa y que puede activar”, alertó Pullaro.
