viernes 26 de noviembre de 2021
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Gatillo fácil: prorrogan la prisión preventiva de "Tronqui" Olivares y hay fecha de juicio

El juez García Troiano avaló el pedido de la Fiscalía y la querella de prorrogar la detención del expolicía Francisco Olivares por un año. El inicio del juicio por el homicidio de Lautaro Saucedo fue fijado para mayo del 2022.

El expolicía Francisco “Tronqui” Olivares, acusado de haber disparado por la espalda sin dar la voz de alto al adolescente Lautaro Saucedo, en octubre de 2019 en barrio Guadalupe, seguirá detenido en prisión preventiva a la espera del inicio del juicio. El inicio del debate oral y público fue fijado para mayo del 2022.

La prórroga de la prisión preventiva fue solicitada por los fiscales Ezequiel Hernández, de Violencia Institucional, y Martín Torres, de Homicidios; y por los abogados querellantes Martín Risso Patrón, Carolina Walker Torres y Matías Pautaso en una audiencia desarrollada en la sala 2 de los tribunales santafesinos ante el juez José Luis García Troiano. En tanto, Olivares, quien participó de la audiencia por videoconferencia desde su lugar de detención, fue asistido por la defensora pública Leticia Feraudo, quien solicitó la excarcelación del imputado.

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El accionar de Olivares quedó registrado por las cámaras de vigilancia de un domicilio particular

El accionar de Olivares quedó registrado por las cámaras de vigilancia de un domicilio particular

Prórroga

Olivares se encuentra detenido desde el día del crimen, el 29 de octubre de 2019, fue imputado y se dictó la prisión preventiva el 2 de noviembre, por lo que en pocos días se cumple el plazo máximo de 2 años que dispone el Código Penal, por lo que los acusadores solicitaron audiencia para tratar la prórroga. El fiscal Torres fundamentó la necesidad de mantener la prisión preventiva de Olivares, por considerar que, tras presentarse la acusación y haberse fijado fecha de juicio, los riesgos procesales no solo se mantienen sino que se incrementan.

Torres sostuvo la necesidad de mantener la tranquilidad de espíritu para la treintena de personas que fueron citadas a declarar como testigos. Además, el fiscal argumentó que el riesgo de fuga se sostiene en la pena en expectativa que enfrenta Olivares, la prisión perpetua, tras confirmarse la acusación de homicidio triplemente calificado: por el uso de arma de fuego, por alevosía, y por abuso en su condición de policía. En tanto, el abogado querellante Risso Patrón, adhirió a lo manifestado por el fiscal.

A su turno, la defensora pública Feraudo se opuso a lo solicitado por los acusadores y sostuvo que Olivares no tiene medios para fugarse: “ha quedado devastado emocionalmente y no tiene sustento económico porque perdió el trabajo”, argumentó Feraudo. Agregó que es derecho de Olivares poder esperar el inicio del juicio en su domicilio ya que no es responsabilidad del imputado si el juicio no se desarrolló a dos años de su detención.

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Los funcionarios del MPA solicitaron prorrogar la prisión preventiva de Olivares.

Los funcionarios del MPA solicitaron prorrogar la prisión preventiva de Olivares.

La palabra del papá

Antes de la resolución del juez, Walter Saucedo, el papá de Lautaro, solicitó expresarse en la audiencia. El hombre agradeció a los fiscales y a sus abogados por haber llevado adelante la investigación con diligencia, responsabilidad y rapidez, y le solicitó al juez que mantenga la detención de Olivares.

Saucedo recordó las complicaciones que la pandemia de coronavirus generó en el día a día y agregó que no sería un buen mensaje para las personas implicadas en el proceso, especialmente para quienes deben declarar en el juicio, que Olivares recuperara la libertad.

Finalmente agregó que siendo él policía, al igual que el imputado, sabe que podría tener recursos para evadirse del proceso o para intimidar a los testigos.

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Walter Saucedo y su hijo, Lautaro.

Walter Saucedo y su hijo, Lautaro.

Un año más

Para fundamentar la decisión de prorrogar la prisión preventiva de Olivares, el magistrado hizo referencia primero a que implica el “plazo razonable” para desarrollar un juicio, y se basó en una serie de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH establece tres parámetros: la seriedad del delito investigado, la complejidad del caso y la severidad de la pena: “en este caso está presente tanto la seriedad del delito como la severidad de la pena, por lo cual el plazo razonable (para mantener la prisión preventiva) se encuentra acreditado”.

Otro de los informes tenidos en cuenta por el juez refiere a la actitud del imputado y a la actividad procesal: “no ha habido dilaciones ni tiempos muertos por parte de los investigadores, y el tiempo transcurrido entre la preliminar (realizada en junio de 2021) y el inicio del juicio no se le puede atribuir a la Fiscalía”.

Finalmente, García Troiano sostuvo que se mantienen ambos riesgos procesales: el peligro de fuga atento a la pena en expectativa de prisión perpetua, y especialmente el entorpecimiento probatorio. En este punto, el juez recordó la actitud inicial del imputado, momentos después del homicidio de Saucedo, cuando Olivares intentó plantar evidencia y desviar la investigación, pintando un cuadro distinto a lo que en verdad había ocurrido.

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El juez García Troiano avaló lo solicitado por los fiscales y la querella

El juez García Troiano avaló lo solicitado por los fiscales y la querella

Juicio oral

La Oficina de Gestión Judicial fijó como fecha de inicio del juicio a Francisco Olivares el 16 de mayo de 2022, a las 9:00. El debate se realizará en la sala 6 del primer piso de tribunales ante los jueces Pablo Ruiz Staiger, como presidente, Sandra Valenti y Jorge Patrizi.

El caso

El 29 de octubre del 2019, Lautaro Saucedo de 17 años, se levantó a la mañana. Salió de la casa de su abuela, donde vivía hacía cuatro meses, y salió para la escuela. En el camino saludó a un amigo del barrio y habló unas palabras. Al llegar a Risso al 2200 del barrio Guadalupe, se cruzó con una señora de 73 años e intentó sustraerle una bolsa roja. Sin embargo, algo pasó por su mente que se echó atrás y se retiró. Sin embargo, cuando estaba por marcharse, la mujer lo llamó y le explicó que llevaba una serie de catálogos de cosméticos que ofrecía por el barrio. A su vez le ofreció algo de dinero. Lautaro aceptó y se fue a trote.

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La secuencia fue advertida por un agente policial que se encontraba franco servicio de la fuerza. Sin embargo, oficiaba en ese entonces como custodio de una empresa de gaseosas con el arma reglamentaria. La misma que le proporcionó el Estado para que "garantice la seguridad" de los santafesinos. Aquel efectivo policial era Francisco “Tronqui” Olivares, que al ver la situación entre Lautaro y la señora, sacó su arma y mientras hablaba por teléfono apuntó con su mano derecha contra el adolescente de 17 años y sin dar la voz de alto, gatilló. El plomo impactó de lleno en la espalda de Lautaro y provocó que caiga al suelo inmediatamente.

El ataque quedó grabado en dos videos que permitieron a los fiscales Martín Torres y Ezequiel Hernández poder reconstruir fehacientemente qué había sucedido aquella mañana en el barrio Guadalupe. Con estos registros, junto con una serie de testimonios y pericias, acusaron formalmente a Olivares como autor del delito de “homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido por un arma de fuego, por alevosía y por abuso de su condición de policía”, cuya pena máxima es la de prisión perpetua.

Dos días después, en una audiencia de medidas cautelares, el agente policial claramente confesó el hecho, pero aclaró que no tuvo la intención de matar a Saucedo. “Quise proceder como personal policial, estoy profundamente mal por lo ocurrido, no era lo que yo quería. A los familiares les pido perdón, es algo irreparable”, explicó en ese momento. Sin embargo, la jueza Rosana Carrara, que estuvo al frente de esa audiencia en tribunales, acreditó la imputación de los fiscales y además ordenó la prisión preventiva para Olivares.

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