La evasión de presos alojados en distintas dependencias policiales no deja de sorprender. El viernes pasado, un total de cinco presos lograron vulnerar las medidas de seguridad y escapar de la Comisaría N°12 de Santo Tomé. Cinco días antes, una docena de internos alojados en la Subcomisaría Segunda del barrio Santa Rosa de Lima lograron fugarse y así demostrar, una vez, que la sobrepoblación en la que se encuentran las dependencias policiales impacta de lleno en las medidas de seguridad.
Para el Defensor Regional de Santa Fe, Leandro Miró, (jefe de los defensores públicos) la Circunscripción Judicial N°1, que nuclea a Santa Fe y los departamentos San Jerónimo, Las Colonias, Garay, San Justo y San Javier, presenta graves problemas de hacinamiento en los presos alojados en Comisarías o Subcomisarías.
“El problema de las fugas o intentos son consecuencias de que el hacinamiento hizo que las medidas de seguridad fallen. Donde ocurrieron los escapes son penales que están preparados para doce o quince personas y al haber más de 30, incluso 40, hace que lo que respecta a las medidas de seguridad se haga muy difícil de manejar”, consideró en dialogo con Aire Digital.
“Hasta ahora son fallas provocadas por la infraestructura, ya que los lugares no están habilitados para tantas personas”, agregó el funcionario judicial.
—¿Cuál es la situación edilicia de la mayoría de las dependencias donde se dieron estas fugas?
—Son muy precarias. En varias hemos tenido que presentar habeas corpus porque había la mitad de la gente durmiendo en los patios. En inspecciones que hacemos con la Defensoría Provincial, detectamos que no había colchones, tampoco elementos de limpieza en un contexto de Covid. Hemos tenidos muchos habeas corpus donde planteamos la necesidad de atención médica.
— ¿Qué pudieron detectar ustedes sobre cómo es el día a día de los presos alojados en esas Comisarías?
—Hemos tenido que presentar habeas corpus en la Comisaría 12 por distintos conflictos. Por ejemplo, había tres personas que tenían problemas con el resto. Ya de por sí que es un lugar conflictivo si hubiera diez o doce, imagínese con cuarenta, más un espacio en donde ni siquiera tienen lugar para dormir. Todo genera más violencia.
— ¿A que le atribuye esta problemática de sobrepoblación penal en dependencias policiales?
— Hay muchos factores. Nosotros venimos haciendo planteos desde el 2014, con la particularidad de que cada vez hay más privados de la libertad. ¿Cómo llegamos a eso?, por un lado, las reformas normativas que son varias.
Si bien el sistema funciona, entre comillas, con el juicio abreviado, eso genera más presos y más condenados. Entonces el que no llega a un abreviado queda en prisión preventiva por un plazo de dos años.
Después tenés otro tema, que es la violencia de género o abusos sexuales que eran delitos que históricamente se denunciaban poco. Sin embargo, ahora existe una mejor recepción de denuncia y de condena. Eso hace que en la cárcel de Las Flores tengas cerca de tres pabellones de delitos sexuales. Lo mismo pasa con otras tres Comisarías que tienen alojados a internos por el mismo delito.
— ¿Cree que influyó que el Servicio Penitenciario provincial no dependa más del Ministerio de Seguridad?
—Creo que hay una cuestión indudablemente política y pública. Yo creo que el problema existió siempre. Te doy un ejemplo. A principios del dos mil, había cerca de 2200 presos aproximadamente dentro de penales y dos mil en Comisarías, es decir, que siempre estuvo dando vueltas el tema.
Hoy tenés siete mil presos, entonces tenemos que estar con las dependencias policiales totalmente hacinadas y penales en la misma situación porque no se crearon las plazas suficientes para la demanda.
También es producto de las reformas normativas en leyes. A modo de ejemplo, en el régimen de ejecución penal hay muchos delitos, en los cuales los presos que los cometieron no van a gozar en el futuro de ningún beneficio o salidas transitorias o libertad condicional. Se puede estar de acuerdo o no, pero los problemas de todas esas reformas es que no contemplaron partidas presupuestarias para construir cárceles que permitan subsanar esa carencia de cupo.
Después hay otros problemas que son incluso hasta sociales. Como cuando quieren instalar una cárcel en una localidad y se llevan a cabo marchas en contra de ese futuro penal. Es como que hay todo un reclamo de mayor “mano dura” pero no va acompañada de los recursos mínimos.
En 2018, nosotros planteamos un habeas corpus en donde sostuvimos que la sobrepoblación iba a ir creciendo.
— ¿Esta tendencia seguirá en futuro?
— Y sí. Con el promedio histórico que nos manejamos de aprehendidos, que son cada vez condenados más rápido y que tienen menos beneficios, la situación puede seguir creciendo.
Además, las condenas en juicio o en abreviado son más, proporcionalmente, mayores que las que se daban en el anterior sistema. Antes, quizás una condena por abuso, tenía una pena menor que en la actualidad. No estoy diciendo que esté bien o mal, es lo que se observa.
Si se plantea una reforma legislativa que implique genera más presos, esa misma reforma debería tener una partida presupuestaria para justamente contener una mayor demanda.
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