Los abogados defensores, de izquierda a derecha: Gervasoni y Knaeblein (Carrizo); Giordano y Torres del Sel (Ojeda); Morales y Montegrosso (Ortiz); Néstor y Sebastián Oroño (Rivero)
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Emiliano Arri falleció en septiembre del 2017 en un boliche de la localidad de Galvez. La investigación identificó a cinco personas como responsables de su muerte: cuatro empleados de seguridad y un policía, quienes redujeron a Arri en el sector de guardarropas y le aplicaron una maniobra en el cuello para retirarlo del local.
Los acusados y sus defensores sostuvieron desde un primer momento que Arri falleció por motivos ajenos a ese suceso. El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, y puede verse cómo, al notar que la víctima se desvaneció, comenzaron a realizarle maniobras de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.
El fiscal de homicidios Martín Torres acusó a Juan Pablo “Pali” Rivero, como autor de la maniobra que le provocó la muerte a Arri, mientras que Juan Pablo Ortiz y José Francisco Carrizo fueron acusados como partícipes necesarios. En tanto, Claudio Ojeda y Cristian David Serrano son considerados partícipes secundarios en el hecho.
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El viernes por la tarde comenzó el juicio para cuatro de los cinco acusados, lo que generó grandes controversias y fuertes planteos por parte de los abogados defensores, especialmente por parte de Néstor Oroño, representante de Rivero, quien manifestó que “cómo podremos reconstruir la verdad cuando hemos arrancado parte de esa verdad”, al no estar presente Serrano. Al planteo adhirieron el resto de los defensores: Martín Montegrosso y Guillermo Morales, Claudio Torres del Sel y Natalia Giordano e Hilda Knaeblein y Sebastián Gervasoni.
Para los defensores, el problema de fondo es que en pocos días se vence el plazo máximo de tres años para mantener la prisión preventiva de una persona antes del inicio del juicio. En este sentido, sostuvieron que, tras la realización de la audiencia preliminar en el mes de noviembre, luego se ingresó en una “vorágine de tiempos inusuales” para empezar el juicio y evitar que los imputados deban ser excarcelados.
El fiscal Torres sostuvo que presentó la acusación hace un año, y se desligó de la dilación procesal y de la demora para la realización de la audiencia preliminar. Además remarcó que la ausencia de Serrano en el juicio tampoco responde a la Fiscalía ya que “hicimos todo para que también él esté presente en este acto”.
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Los primeros en cuestionar el inicio del debate fueron los defensores de Ortiz, Montegrosso y Morales. Los letrados sostuvieron que en la audiencia preliminar solicitaron tres informes, al Ministerio de Seguridad, a la Municipalidad de Gálvez y a la Dirección Provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia, Seguridad e Informaciones Particulares, que son fundamentales para la teoría del caso de la defensa y que aún no fueron remitidos.
El fiscal replicó que, según el cronograma del debate, la producción de la prueba comienza en diez días, con lo que hay tiempo suficiente para que llegado ese momento, los defensores ya cuenten con tales informes.
A continuación, Oroño criticó la ausencia de Serrano en el juicio: “tomamos conocimiento ayer y no encuentro previsión legal para separar el juicio”, sostuvo. Y agregó: “hoy los imputados son tratados como enemigos públicos, no tienen derechos. ¿Qué pasa si todos le echan la culpa a Serrano? ¿Quién lo defiende? ¿Se puede hablar de un ausente?”, cuestionó.
El letrado expresó que “todos tenemos el interés de reconstruir la verdad, pero ¿cómo podemos hacerlo si de entrada hemos arrancado parte de la verdad?”, y recriminó que “acá a toda costa hay que dejar presos a los muchachos”.
Oroño fue más allá y sostuvo que “tenemos miedo a lo que pueda decir la tribuna. El populismo que contaminó la política, la sociedad, que no contamine también la justicia. Tenemos vergüenza de cumplir con la ley. ¿Cuál es el temor de cumplir la ley?”, inquirió.
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El tribunal conformado por los jueces Sergio Carraro, Octavio Silva y Gabriel Candioti dispuso entonces un cuarto intermedio para resolver los cuestionamientos de los defensores.
Finalmente los magistrados resolvieron no hacer lugar a lo manifestado y continuar con el juicio, ya que han existido casos previos con varios involucrados que fueron juzgados por separado sin que esto vulnere ninguna garantía constitucional ni el derecho de defensa. En cuanto a la prueba reclamada por los defensores, los jueces sostuvieron que se podía haber desarrollado durante la etapa de investigación, y que de todos modos restan diez días para que comience la producción de la prueba, con lo cual aún hay tiempo para que reciban la pericia.
Al momento de desarrollarse los alegatos de apertura, el fiscal Torres sostuvo la acusación y la pretensión de condena para todos los implicados, con penas que van de los 20 a los casi 7 años de prisión.
En tanto los defensores desvincularon a los acusados de la muerte de Arri y sostuvieron la inocencia de los mismos, o, en caso de condena, que sea por una figura menos gravosa, como el homicidio preterintencional o el homicidio culposo.
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