El acusado es oriundo de la ciudad de Coronda y sospechan que puede estar involucrado en un hecho de trata de personas.
El corondino se enuentra detenido desde septiembre de este año.
La Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy pedirá el pase a la órbita de la Justicia federal del caso que investiga a un joven oriundo de Coronda por grabar a tres compañeras con una cámara oculta dentro de un hotel.
El pedido será realizado en el marco de una audiencia que tiene previsto realizarse este viernes en los tribunales jujeños y en donde además se evaluará si se prorroga la prisión preventiva de G.F., el detenido.
El mismo se encuentra actualmente imputado por producción de imágenes pornográficas de menores de 18 años con fines de divulgación en el marco de un legajo judicial que encabeza la fiscal Emilia Curten Haquim.
Fuentes judiciales indicaron a AIRE que el motivo de cambio de fuero judicial fue a partir de que la Fiscalía halló en el teléfono del acusados archivos vinculados a la producción de material de abuso sexual infantil (Masi) y otros vinculados a la Trata de Personas.
En consecuencia, la fiscal Curten Haquim determinó declarar la incompetencia y que las actuaciones pasen a la Justicia federal.
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No obstante, la funcionaria judicial tiene previsto solicitar la extensión de la detención del acusado ya que inicialmente se le impuso cumplir 20 días de prisión preventiva en un establecimiento carcelario.
El suceso salió a la luz cuando en el marco de un viaje que el imputado coordinó, tres chicas oriundas de Coronda que viajaron junto a él -para presenciar la Fiesta Nacional del Estudiante- denunciaron que en el hotel en el que se hospedaban (en San Salvador) había un reloj digital en el baño que en su interior tenía una cámara oculta.
Por la denuncia, se inició un operativo policial, tras una serie de entrevistas logró determinar que quien había puesto el reloj con la cámara oculta había sido el joven corondino que a su vez había gestionado el viaje al norte del país.
En consecuencia, G.F., fue detenido y alojado en la Unidad Regional I de San Salvador y puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación jujeño. Las mujeres, por su parte, fueron asistidas por el Centro de Asistencia a la Víctima que les posibilitó a sus familiares ser querellantes en la investigación.
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