Daniela Cejas era la vicepresidenta de la ONG Generar y fue asesinada en el interior de la sede.
La resolución de la jueza de la Cámara de Apelaciones, Marta Feijoó, que revocó la participación de la ONG Generar como querellante en el caso por el femicidio de quien fuera su vicepresidenta, Daniela Cejas, fue muy mal recibida por las activistas feministas de Santa Fe.
“Nos cayó como un balde de agua fría. Si bien era algo que podía llegar a pasar, consideramos que teníamos argumentos para ser parte del proceso”, confirmó a AIRE la abogada Maricruz Hayes, representante de la entidad que lucha contra la violencia de género.
En este sentido, Hayes adelantó que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara para que sea revisada la resolución de Feijoó, y que en caso de que no sea admitido, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. La discusión principal pasa por si el femicidio es un delito que afecta únicamente a la mujer víctima del hecho, o si afecta a intereses colectivos que pueden ser representados por asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales.
La ONG Generar considera que la violencia de género es estructural en la sociedad, y que pone en riesgo a todas las mujeres, y sostiene que el fallo de la camarista, así como la oposición de los defensores públicos para que puedan intervenir en el proceso, es “sesgado” y “sin perspectiva de género”.
La intervención de Generar como querellante había sido admitida por el juez Pablo Busaniche, sin embargo, los abogados defensores del acusado, Javier Sen, apelaron la resolución por entender que el delito de femicidio “no afecta intereses colectivos o difusos”, –delitos que admiten las intervenciones de ONG, como pueden ser los delitos ambientales–, y que “se confunde el interés social de investigar y sancionar estos hechos con lo que es el interés de protección, con el bien jurídico tutelado -la vida humana que es personal”.
Los defensores cuestionaron que el juez Busaniche considerara que en la figura de "femicidio no se protege el derecho individual a la vida sino un derecho colectivo de todas las mujeres”, para admitir la intervención de la ONG como querellante en la causa.
En la audiencia de apelación, el fiscal había reclamado que se confirmara la participación de Generar: “es claro que la actividad legislativa y jurisdiccional ha colocado a la problemática de género, y particularmente cuando ésta llega a la muerte violenta de las mujeres, como una cuestión de claro interés público, ante una emergencia social que representa. Toda la actividad que desarrolla la Asociación Civil "Generar" representa bienes jurídicos tutelados por la figura típica atribuida en esta investigación”, expresó.
A su turno, la abogada de Generar expresó que es una asociación que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, que posee un centro de día en homenaje a su vicepresidenta Daniela Cejas, que brinda asistencia jurídica, psicológica e integral; que el derecho a la vida no es solo un derecho individual, es un derecho colectivo, y por ello refiere a derechos humanos universales, integrales, indivisibles e interdependientes.
Al momento de resolver los planteos expuestos por las partes, Feijoó considero que “en el caso, se desprende que la pretensa querellante no se encuentra comprendida en ninguno de los supuestos de legitimación legal establecidos en el artículo 93 Código Procesal Penal y se evidencia la falta de legitimación legal de la Asociación Civil "Generar" porque el delito por el cual se inicia este proceso es el de femicidio y el tipo penal de femicidio, debemos convenir, que por estar previsto en el Titulo I –Delitos contra las personas–, Capítulo I –Delitos contra la vida– del Código Penal, tutela al bien jurídico "vida" de la mujer víctima del delito”. La camarista aclaró: “Que la muerte de la mujer se haya producido en un contexto de violencia de género no implica que se trata de un bien jurídico distinto”.
En este sentido, la camarista agregó que “como en cualquier homicidio, el bien jurídico que directa e inmediatamente lesiona es la vida de la persona, la víctima -en un femicidio sólo puede ser una mujer. El Código limita el derecho a constituirse como querellante a sus "herederos legitimarios o convivientes". Feijoó sostuvo que el femicidio no es "un delito que afecte derechos colectivos o difusos" y por eso la pretensa querellante, Generar, tampoco se encuentra legitimada por la última parte del artículo 93 del Código.
La justicia santafesina ya admitió la intervención como querellante de organizaciones no gubernamentales en casos de femicidios y transfemcidios; puntualmente en el caso de la violación y asesinato de la adolescente Rocío Vera, en Reconquista, donde tres organizaciones son querellantes, y en el caso de la activista trans Alejandra Ironici.
La diferencia con el presente caso de Daniela Cejas, es que las defensas de los acusados por el femicidio de Rocío y del transfemicidio de Ironici no se habían opuesto a la presentación. Ahora, con la oposición de la defensa de Sen se abrió la discusión con intervención de un juez que admitió la querella, y de la Cámara de Apelaciones que, por lo menos en este caso, rechazo la participación de la ONG. A pesar de esto, lejos está de ser zanjada la discusión; más bien recién está comenzando.
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