Espionaje: semana de definiciones en la causa contra el exministro de Seguridad Marcelo Saín
El miércoles habrá una audiencia donde las partes discutirán qué pruebas serán parte del futuro juicio por espionaje. Fiscalía anticipa un pedido de condena de 11 años para el exfuncionario provincial.
Marcelo Sain fue ministro de Seguridad entre 2019 y 2021. Atraviesa una causa judicial por espionaje.
La causa que investigó por espionaje al exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, tendrá un nuevo avance esta semana al realizarse, el miércoles próximo en Tribunales, la audiencia preliminar del futuro juicio.
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De acuerdo a lo dispuesto por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), la audiencia será ante el juez Nicolás Falkenberg y contará con la participación del fiscal de la causa, Ezequiel Hernández, y los siete imputados, junto con sus respectivas defensas. Además, fueron convocados los querellantes, entre ellos los que representan a la Fiscalía de Estado.
Como principal acusado, se encuentra Sain, a quien la Fiscalía anticipa un pedido de 11 años de prisión tras acusarlo de ser jefe de una asociación ilícita, haber violado la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; malversado caudales públicos; abusado de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
La acusación alcanza además a la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman, y la exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Vanina Cotichini, a las cuales les piden 9 años de prisión.
Los cargos también apuntan al exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio, Germán Montenegro, a quien la Fiscalía consideró que le corresponde una pena de 7 años por haber sido presuntamente miembro de la asociación ilícita investigada y además cometer una serie de delitos: malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos.
Por su parte, el exsubsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez, y el exsubsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia, Diego Alfredo Rodríguez (44), afrontan un pedido 5 años de cárcel, mientras que la excontratada de la Subsecretara de Control, Milagros Bernard, una pena de 3 años.
Claves de la causa por “espionaje”
La investigación impulsada por el fiscal Hernández, que la asociación ilícita que comandaba Sain funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 (unos días después de quedar al frente de la gestión) hasta el 26 de noviembre de 2021, cuando el Organismo de Investigaciones allanó la sede del Ministerio de Seguridad de Rosario y secuestró documental.
La causa estableció que el gabinete de Seguridad cometió por lo menos 33 maniobras de espionaje ilegal en las que el grupo obtuvo, registró, sistematizó y analizó por sí mismo información obtenida respecto de personas por el sólo hecho de sus opiniones políticas, pertenencias partidarias, pertenencia a organizaciones lícitas u otras actividades lícitas. Tal información fue volcada en múltiples “perfiles” que fueron creados por los exfuncionarios.
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La información era obtenida a través del chequeo de las bases de datos privadas como lo son Sudamericadata (actualmente cerrada), Nosis y Veraz; y las estatales: Migraciones, DNRPA, Registro Civil, sistema de legajos del MPA, EPE, Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), Migraciones, Ministerio de Salud, Municipalidad de Rosario, multas de Rosario y Santa Fe, bases de datos del Ministerio de Seguridad, CUITOnline, AFIP, ReNaPer, Dateas, Tribunal Electoral de la Provincia, denuncias efectuadas ante el CTD, Banco Central, Administración Provincial de Impuestos (API), Catastro de la Municipalidad de Rosario, Datacels, Sistema de Consultas Penales Unificadas, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Guía del Foro del Colegio de Abogados de Rosario, Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, Boletín Oficial de Santa Fe, Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe, Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, Superintendencia de Servicios de Salud, Tribunal Municipal de Faltas de Rosario, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Ansés.
Para la Fiscalía, la información fue recopilada y volcada en “perfiles” en donde se colocaba la composición de grupo familiar de la persona espiada; antecedentes laborales; información financiera (créditos y deudas bancarias, tarjetas de crédito); información patrimonial (inmuebles, automóviles, telefonía celular); información impositiva; carácter de empleador y personas bajo relación de dependencia; movimientos migratorios; beneficiario de servicios o prestaciones sociales, educativas; de salud. Como también antecedentes policiales y judiciales, información catastral, infracciones de tránsito, automóviles a su nombre y quienes están autorizados a conducirlos.
Entre las personas espiadas, se encontraban en su momento el entonces diputado Maximiliano Pullaro (hoy Gobernador de Santa Fe) del cual almacenaron datos suyos su entorno familiar y político. Lo mismo hicieron con Pablo Cocccioni, actualmente ministro de Seguridad, al cual le ordenaron su perfilamiento, 1 de octubre del 2020, y lo reseñaron como “Historia Política de Pablo Cococcioni”.
Otra de las personas espiadas fue el entonces Jefe del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Norte del Organismo de Investigaciones, Rolando Galfrascoli, y su entorno familiar, por tener disidencias en torno a cómo ejecutar el trabajo dentro de la división judicial.