El exfuncionario de Seguridad está acusado de haber cometido negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial por un monto de 17 millones de dólares.
Marcelo Sain fue ministro de Santa Fe entre 2019 y 2021.
La causa que investigó al exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, por una irregular licitación para adquirir un lote de armas de fuego durante su gestión, sumará este jueves un nuevo avance en la Justicia al realizarse la audiencia preliminar en donde las partes definen las pruebas que serán expuestas en el futuro juicio.
Por el caso, Sain está acusado de haber cometido negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial por un monto de 17 millones de dólares. Junto al exfuncionario también se encuentran imputados el entonces secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Montenegro, y el exencargado de Finanzas del Ministerio de Seguridad, Maximiliano Novas.
A su vez, se encuentran en la mira de la Justicia el exjefe de la División Logística de la Policía, Marcelo Correa, y la empresa que presuntamente fue beneficiada con la licitación: Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
La audiencia preliminar a la que fueron citados Sain y el resto de los imputados tiene previsto realizarse este jueves -a las 8- en los tribunales de Santa Fe ante el juez José Luis García Troiano y en donde el fiscal de la causa, Ezequiel Hernández, ofrecerá 113 testigos para que declaren en el futuro juicio.
El accionar delictivo que investiga la Fiscalía sostiene que Sain, Montenegro y Novas intentaron beneficiar indebidamente a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, que representaba en 2020 a una compañía israelí proveedora de armas de fuego.
Según la imputación, realizada en mayo de 2022, los imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021, destinada a la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe.
Dicha licitación era por un total de 17.103.543 dólares por lo que el perjuicio para el Estado, estiman desde Fiscalía, habría rondado entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares.
Por el caso, el órgano acusador anticipó en su elevación a juicio que pedirá una pena de 5 años de prisión para Sain; 4 años para Montenegro y Novas; y 3 años de prisión condicional para el exjefe de Logistica policial.
Sain además afronta otra investigación en su contra al ser acusado de haber realizado espionaje ilegal de políticos, policías, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales durante su paso por el gobierno provincial.
En esa causa, el fiscal Hernández apunta a una pena de 11 años de prisión para el exministro al acusarlo de haber sido jefe de una asociación ilícita, haber violado la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; malversado caudales públicos; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
Junto a Sain, también se encuentran imputados una serie de exfuncionarios del Ministerio de Seguridad: Nadia Schujman (48), a quien la Fiscalía le imputó haber sido organizadora de la asociación ilícita investigada; Débora Vanina Cotichini, exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones; Germán Montenegro, el exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio; Pablo Álvarez, exsubsecretario de Investigación Criminal; Diego Alfredo Rodríguez, exsubsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia; y Milagros Bernard, excontratada por la Subsecretaría de Control.
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