Policías del OI allanaron la sede del Ministerio de Seguridad en Rosario en noviembre del 2021.
El juez penal de tribunales, Pablo Busaniche, resolvió rechazar un nuevo planteo realizado por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez en el marco de la causa que investiga el presunto espionaje del exministro de Seguridad, Marcelo Sain, y parte de su staff de funcionarios. Dicho pedido tuvo como eje mantener bajo llave las pruebas recolectadas de la investigación hasta que se lleve a cabo la audiencia de imputación, la cual aún no tiene fecha.
El reciente fallo, al que tuvo acceso AIRE, consideró que ambos fiscales (del área de Delitos Complejos) no informaron ningún nuevo motivo “excepcional” que justifique mantener el secreto de sumario en la causa, la cual hasta el momento tiene a diez personas identificadas y sospechadas de integrar una asociación ilícita que con fondos del Estado realizaban el “perfiles” de políticos, fiscales, abogados, periodistas, empresarios y hasta entidades públicas y privadas sin una orden judicial de por medio.
Según Busaniche, ambos funcionarios no alegaron ni tampoco probaron en que pudiera perjudicar a la investigación si las personas investigadas tuvieran acceso a la causa y así saber por qué se los investiga. De hecho, el magistrado hizo hincapié en que la Fiscalía no “refirió realizar ningún acto probatorio concreto” para mantener la investigación cerrada.
La reciente presentación de los fiscales causó sorpresa ya que un mes antes, el pasado 1 de febrero, hicieron el mismo pedido ante la jueza Rosana Carrara, la cual les hizo lugar. Sin embargo, aquel fallo fue apelado por los abogados defensores del caso y ahora deberá ser resuelto por el juez de la Cámara de Apelaciones, Sebastián Creus, quien además unificó otros dos planteos realizados por el acceso a la causa.
Uno de ellos, fue el que cuestionó el fallo del juez Nicolás Falkenberg, que en diciembre rechazó un planteo del abogado Juan Lewis (que asiste a Nadia Sehujman, Débora Cotichini, Pablo Álvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernard) que pidió conocer pruebas del caso; y el otro que dictó el juez Jorge Patrizi, que ordenó el levantamiento del secreto de sumario a raíz de un pedido formulado por el abogado de Sain.
Sin embargo, con el nuevo planteo de Fiscalía serían cuatro los incidentes judiciales originados y que deberán tratarse en la Cámara, ya que según indicaron fuentes judiciales a AIRE, el fallo de Busaniche fue apelado y derivado -mediante la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia- al camarista Jorge Andrés.
El interrogante está, a partir de esta nueva apelación, en qué hará el juez Andrés ya que por el mismo tema existen tres miradas diferentes de jueces de primera instancia y las cuales serán sujetas a revisión por su colega Creus el próximo 16 de marzo en la sala 5 de la Cámara.
Si bien hasta el momento no hay fecha de imputación contra Sain y parte de sus exfuncionarios, existen dos causas judiciales que investigan a una "asociación ilicitica" de por los menos diez personas que por un lado habrían aprovechado su paso por la función pública para cometer "fraudes" y "negocios incompatibles con el cargo público" en relación a un intento de compra de armas de fuego que tenían como destino la cartera de Seguridad.
Según trascendió, esa compra se dio mediante el empleo de "items de renglón únicos" que tuvieron por defecto excluir a todo los posibles oferentes menos a uno el cual se sospecha "redactó el pliego licitatorio" conforme a las evidencias que recolectó la Fiscalía en su investigación.
Mientras que la otra causa tiene como eje el supuesto espionaje realizado por los integrantes del gabinete, los cuales –según entienden desde la Fiscalía– habrían creado "perfiles" de personas de manera ilegal, sin una orden judicial de por medio y utilizando recursos del Estado sin ninguna justificación.
Según los fiscales del caso, se habrían creado 661 perfiles de personas del mundo de la política (tanto de la oposición como del oficialismo), del ámbito de la Justicia, empresarios y hasta entidades públicas tanto de la provincia de Santa Fe como de otras jurisdicciones del país.
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