Espionaje en Santa Fe: otorgan probation a una de las imputadas mientras Fiscalía avanza con el juicio a Marcelo Sain
Se trata una excontratada de la Subsecretaría de Control que deberá realizar una reparación económica y cumplir una serie de reglas para cerrar la causa en su contra.
Marcelo Sain fue ministro de Santa Fe entre 2019 y 2021.
Una de las imputadas en la causa que investigó por espionaje al exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, evitó ir a juicio a cambio de realizar tareas comunitarias a una Asociación Civil de la ciudad de Santa Fe.
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Se trata de Milagros Bernard, una excontratada de la Subsecretaría de Control durante la gestión de Sain y parte de su gabinete. La misma, fue imputada como miembro de una asociación ilícita dedicada -según Fiscalía- a recopilar información sin orden judicial de políticos, policías, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales.
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La suspensión del juicio se dio en base a un acuerdo judicial, pactado el pasado 29 de octubre, entre el fiscal del caso, Ezequiel Hernández, la defensa de Bernard, a cargo de Federico Kiener, y parte de los querellantes: Jorge Marcelo Ilharrescondo e Ignacio Martin, en representación del Gobernardor Maximiliano Pullaro; y Leandro Federico Mega y Paola Elisabet Landa por el Estado Provincial.
Recientemente, el juez a cargo de la audiencia, Martín Torres, resolvió admitir la probation para Bernard, la cual durante un año deberá cumplir una serie de reglas: entre ellas, fijar domicilio en la ciudad de Rosario y someterse a la supervisión de la Agencia Provincial de Medidas No Privativas de la Libertad.
Inhabilitación y reparación económica
Además, estará inhabilitada para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la suspensión del juicio; no podrá portar o tener armas; y deberá abstenerse de mantener contacto con los denunciantes, testigos e imputados de los hechos investigados por la Justicia.
El acuerdo estableció además una donación de $1.500.000 a la Asociación Civil Sonando Vínculos, dedicada al desarrollo e inclusión social de personas con discapacidad de la ciudad de Santa Fe.
El acuerdo judicial tuvo la particularidad de que se dio en una audiencia en donde Bernard realizó una declaración que comenzó en horas de la mañana y culminó en horas de la siesta, según indicaron a AIRE fuentes judiciales.
De concluir la probation, la excontratada cerraría los cargos que pesan en su contra que son: ser miembro de asociación ilícita; autora de abuso de autoridad por ejercicio de ordenes contrarias a las disposiciones legales; violación de secretos; destrucción de documentos y elementos de prueba; y violación a la ley de nacional de inteligencia N°25.520.
Un gabinete a juicio por espionaje
De concluir la probation de Bernard, la causa que investigó el presunto espionaje llegaría a un futuro debate con Marcelo Sain como jefe de una asociación ilícita, haber violado la Ley Nacional de Inteligencia; malversado caudales públicos; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público). A él, tanto el fiscal como las querellas le anticiparon en la elevación a juicio un pedido de 11 años de prisión efectiva.
El pedido de juicio alcanza además a la entonces exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman (48) y la exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Vanina Cotichini (48), a las cuales la Fiscalía les solicita una condena de 9 años de cárcel.
También se encuentra imputado el exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio, Germán Montenegro (57), al cual la Fiscalía consideró que le corresponde una pena de 7 años por haber sido presuntamente miembro de la asociación ilícita investigada y además cometer una serie de delitos: malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos.
Por otro lado, enfrentan a una acusación en su contra, el exsubsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez (37), y el exsubsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia, Diego Alfredo Rodríguez (44), a los cuales Hernández les pide 5 años de cárcel más la inhabilitación.
Claves de la causa
- El origen: la investigación salió a la luz pública el 26 de noviembre de 2021 a raíz de una serie de allanamientos sorpresivos en la sede del Ministerio de Seguridad en la ciudad de Santa Fe. el procedimiento desencadenó la renuncia masiva del equipo de gestión y el inicio del expediente penal por parte del Ministerio Público de la Acusación.
- Estructura: de acuerdo con la acusación fiscal, la red funcionó con una lógica piramidal liderada por el exministro Marcelo Sain junto a sus colaboradores más cercanos. Las imputaciones apuntan a una organización criminal jerarquizada que operó durante casi dos años bajo la apariencia de funciones formales de control e inteligencia criminal.
- El entramado: el mecanismo de perfilamiento no se limitó a figuras públicas, sino que abarcó a más de mil personas físicas y jurídicas. El rastreo incluyó a dirigentes políticos de diversos partidos, jueces, fiscales, empresarios, periodistas y sindicalistas, extendiéndose además hacia sus entornos familiares, profesionales y patrimoniales.
- Ocultamiento y destrucción: Fiscalía sostiene que, al advertir la inminencia de los procedimientos judiciales, los integrantes del grupo intentaron borrar pruebas. Las maniobras atribuidas incluyeron la destrucción física de documentación, el formateo de dispositivos informáticos y la extracción irregular de legajos del organismo oficial.
