Ingresó a los 22 años al Poder Judicial de la ciudad de Santa Fe. Trabajó en la “vieja justicia”, cuyas causas se tramitaban bajo la órbita de los Juzgados de Instrucción. Después pasó al Ministerio Público de la Acusación y se desempeñó dentro de la Fiscalía de Homicidios, en épocas en donde los asesinatos eran moneda corriente en la capital provincial y solo había dos fiscales para investigarlos.
Condenas con poca prueba
En 2017, concursó para el cargo para juez penal en Reconquista (Circunscripción Cuarta) y lo ganó. Desde entonces, se desempeñó como magistrado de primera instancia hasta 2024, cuando decidió ponerle fin a su carrera dentro del Poder Judicial. “No confiaba, no creía más en la Justicia”, comentó en un “mano a mano” con AIRE.
“Venía bastante cansado del trabajo en sí dentro del Poder Judicial, había muchas cosas con las que no estaba de acuerdo”, destacó. “Entendía que últimamente se venía resolviendo bastante mal y sobre todo, siempre fui muy crítico, en instancias de Cámara de Apelación, fundamentalmente en lo que es delitos de violencia de género y sexual”, acotó.
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“Se estaban imponiendo condenas con muy poca prueba, lo cual implicaba, entiendo yo, que había muchos inocentes que resultaban condenados. La verdad que eso me estaba chocando bastante”, remarcó.
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Banegas resaltó también que uno de los casos que lo llevó a ponerle punto final a su labor como juez fue cuando integró un tribunal de un juicio en donde consideró que existió una denuncia falsa en un caso de abuso infantil. “En primera instancia absolvimos y en segunda instancia, con una sentencia de muy mala calidad, se lo termina condenando al imputado y eso fue, en cierto punto, cuando dije que me quería irme del Poder Judicial”, recordó.
— Dijo que hay personas condenadas con pocas pruebas, ¿Hay inocentes presos?
— Hay inocentes presos en las cárceles de todo el mundo. Los poderes judiciales de todo el mundo son falibles porque están guiados por seres humanos que no estuvieron en contacto con el hecho, entonces siempre las deducciones que se sacan a partir de las pruebas e inferencias pueden llevar a dejar inocentes presos. De hecho, yo siempre refiero a que cuando se descubre la utilización forense de los exámenes de compatibilidad de ADN, solo en Estados Unidos se descubrió que había 3 mil personas mal condenadas. Siempre puede haber inocentes presos.
Ahora, en el caso particular de lo que yo sentía que está pasando, no solo en la Justicia de Santa Fe, sino que te diría en el país, en lo que es casos de abuso sexual y violencia de género, se está condenando con estándares bajísimos. Eso lleva a lo que tendría que ser el filtro que tendría que ser proceso penal para evitar, justamente, condenar inocentes cada vez tiene agujeritos más grandes. Es como un colador por el que pasan un montón de inocentes. Eso realmente no me gustaba.
Intenté cambiarlo desde mi posición como juez, pero creo que no tuve éxito en esa tarea. Me molestaba y eso es lo que me terminó de convencer de que tenía que salir del Poder Judicial.
— ¿La magistratura de Reconquista está condicionada?
— Reconquista es bastante particular. Yo creo que en Reconquista la Justicia está sumamente politizada y hay una operación mediática bastante evidente.
— Y esa operación mediática, ¿qué actores involucra? ¿a los jueces o afecta al Ministerio Público de la Acusación?
— Cualquier lectura que uno haga con un mínimo de criterio y crítica advierte. Por ejemplo, si se logra una condena, el Ministerio Público de la Acusación logró una condena de fulanito, pero si se hace un juicio abreviado medio malo es “el juez Santiago Banegas impuso la vergonzosa pena de”, cuando el juez lo único que hace en un abreviado es aprobar si cumple los parámetros legales. Es decir, quien negocia la pena es el MPA.
Creo sinceramente de que hay una evidente tendenciosidad de favorecer al Ministerio Público de la Acusación y atacar a la magistratura. No tengo dudas que es así, tampoco pruebas porque no hay forma de probar eso, pero leyendo los medios uno se da cuenta de que es evidente esto.
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Maiquel Torcatt / Aire Digital
— ¿En qué año ingresó al Poder Judicial?
— En el 2008.
— ¿Qué veía en ese Poder Judicial en ese entonces y con qué visión se va ahora?
— Era todavía el sistema viejo, viejo. Ni siquiera el de transición, el de la ley 67.040, es decir, un Código Procesal absolutamente inquisitivo y que tenía que ser cambiado. Entiendo que las reformas legislativas que operaron eran necesarias. La implementación de un sistema acusatorio adversarial era necesario. Ahora bien, la forma en que se lo está implementando tiene muchas falencias. En primer lugar, veo una enorme desigualdad en lo que debería ser una igualdad de armas entre el Ministerio Público de la Acusación y la defensa.
El MPA tiene un enorme poder y los jueces que deberíamos ser ejercer ese control no lo hacemos adecuadamente. Me hago cargo que yo en muchos momentos no los hice. Sobre con cuestiones como la prisión preventiva, que de a poco fuimos cediendo.
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Cuando arrancó el sistema, la preventiva se aplicaba para lo que tenía que ser que era exclusivamente evitar riesgos procesales (entorpecimiento probatorio o de fuga concretamente) y con el correr del tiempo por cierta presión que se ejerció sobre los fiscales, sobre cómo no pedir una prisión preventiva, porque la sociedad o el clamor popular lo reclamaba, se empezó a trasladar esa presión a los jueces y empezamos a aumentar las prisiones preventivas exponencialmente. Hoy en día 11 mil presos preventivos, contra tres mil que había en 2014. Entonces, claramente, el sistema está fallando en algo y se está utilizando esta herramienta, no para los fines que tiene, sino para obligar al imputado a firmar un abreviado. De hecho, muchísimos imputados firman abreviados porque estás preso hace dos años y si no querés estar quince presos aceptó un abreviado por ocho. Lo cual es sumamente perverso en un sistema acusatorio.
Creo que esto se puede usar de esta forma perversa porque no hay juicios por jurados y un imputado, hoy en día sabe que con un juez técnico las chances de que termine condenado son altísimas, haya o no suficientes pruebas. No porque el juez sea malo, sino que como sistema hemos bajado los estándares de prueba muchísimo y entonces cualquier puede ser condenado, con una denuncia y un poco más.
— Se habla mucho en el último tiempo de falsas denuncia. ¿Cuál es su visión?
— Como en todo hay que tener mesura. En este país, en general, hemos sido muy pendulares o de irnos a un extremo al otro. Entonces pasamos del extremo que cualquier persona que denuncia, sobre todo si es mujer o niño, está diciendo la verdad y hay que condenar al otro extremo de que todas son falsas denuncias.
Yo creo que está bueno que hoy en día se instale el debate, pero no hay que irse a dos extremos. En cada caso hay que evaluar. En mi caso particular, de 23, en los que tuve intervenir, condené en 21 y convencido de que realmente eran hechos que realmente habían ocurrido. En dos absolví, pero la Cámara (de apelaciones) los dio vuelta.
Yo creo que hay un montón de denuncias que son verdaderas de hechos que ocurrieron, pero también un montón de utilización de la denuncia como una herramienta de coerción como para buscar un interés económico o por despecho, también que si bien es un porcentaje bajo, existe. Hasta hace un tiempo directamente se negaba, hasta que aparecieron ciertos casos. Era como un tema tabú decir que una persona puede denunciar falsamente y aprovecharse del sistema judicial para fines espurios y obviamente eso existe. Por eso es importante tener estándares a la hora de condenar lo suficientemente elevados como para no condenar inocentes.