Los panes de marihuana que fueron encontrados por los investigadores.
El fiscal federal N°1 de Santa Fe, Gustavo Onel, elevó a juicio este jueves la causa que investiga a tres hombres por el hallazgo de casi 200 kilos de marihuana que se encontraban ocultos en el interior de una vivienda del barrio San José, en el norte de la ciudad. Dicho hallazgo, estuvo a cargo de agentes de Asuntos Internos, que tras un allanamiento, ordenado por la Justicia provincial, se toparon con un importante centro de almacenamiento de drogas.
Por la causa se encuentran imputados Javier Eduardo Fernández (41), Lautaro Emanuel Arredondo (26) y Juan Pedro “Pato” Calderón (41), este último, sindicado como el cabecilla de una banda que se adueñaba de viviendas de manera ilegal y que fue desbaratada por las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Laura Urquiza y Mariela Jiménez.
En su pedido de juicio, el fiscal acusó al trío por “almacenamiento de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, en calidad de coautores”, ya que si bien cuando los investigadores hallaron la droga solo se encontraba Fernández en el domicilio, las escuchas de la causa por usurpación develaron que Calderón y Arredondo también eran parte de la maniobra narco.
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El procedimiento que dio origen a la causa ocurrió el 2 de junio y tuvo lugar en una casa de Alberti al 4000. Allí, los investigadores de Asuntos Internos encontraron en una pieza seis bolsas de nylon de color negro y otras siete, tipo arpilleras, de color blanco que en su interior tenían 191 kilos de marihuana prensada. Además, en otro sector de la propiedad, hallaron una pistola 9 milímetros, con municiones en su cargador, y un revólver calibre 22 largo, cartuchos, 2 balanzas y un cuchillo con vestigios de la misma sustancia.
Según se desprende de las escuchas recolectadas en la investigación, Arredondo y Calderón se ocuparon de la adquisición y traslado de los panes de marihuana hasta la vivienda de calle Alberti, mientras que Fernández tuvo a su cargo la guarda del material ilícito hasta la irrupción de los pesquisas de la policía provincial.
El nombre de Calderón no es la primera vez que se encuentra en un expediente judicial de la Justicia federal de Santa Fe. En 2017, fue condenado a seis años de prisión por vender drogas al menudeo en la zona del barrio Guadalupe oeste, junto con su hermano, el cual recibió cuatro años de cárcel.
Actualmente, el “Pato”, está detenido con prisión preventiva por la causa que encabezan en la Unidad de Delitos Complejos las fiscales Urquiza y Jiménez y que permitieron quebrantar un engranaje criminal, del que eran parte policías y abogados y que se dedicaban a usurpar propiedades.
Recientemente, en esa investigación, ambas funcionarias judiciales detectaron que desde la Comisaría N°12, Calderón mantuvo una serie de conversaciones telefónicas con su pareja, Leila Ríos, quien oficiaba como policía de la provincia. En esos diálogos la pareja demostró tener intensiones de atentar contra las fiscales de la causa, como así también a un abogado que fue imputado en la misma investigación. “Me dan ganas de ir a reventarle la casa a la fiscal", dijo Ríos a Calderón, a lo que este último le preguntó “¿Y la fiscal esa, no sabes cómo se maneja no nada?". En otros diálogos hablaron de atentar contra uno de los abogados implicados. “Yo le voy a dar un balazo", dijo Calderón.
Por esas escuchas, Ríos fue detenida y llevada nuevamente a tribunales en donde las fiscales de Delitos Complejos pidieron que quede detenida en prisión preventiva tras violar la domiciliaria que se le había impuesto días después de los allanamientos por la causa de usurpaciones. Tal solicitud tuvo el aval del Octavio Silva que ordenó que la uniformada sea alojada, de manera preventiva, en un establecimiento carcelario.
En lo que respecta a Fernández, su prontuario judicial remonta al 2003 cuando fue condenado en una causa que lo investigó por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y en la que fue condenado, según indicó el Registro Nacional de Reincidencia, a una pena de tres años de prisión efectiva.
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