La exposición del triple homicidio, trasmitido por las redes sociales, excede el terror que irradia en el entorno de las víctimas y en la zona, sino que es un mensaje que va más arriba, hacia sus rivales, e, incluso, hacia la policía y el poder político. Es una cara terrible del conurbano que cada tanto ajusta cuentas, con víctimas, en muchos casos, vulnerables. Los narcos no se enfrentan entre ellos, ni con la policía para exhibir su poder, sino que siembran cadáveres, y como en este caso, con tres chicas asesinadas de manera cruel.
Los gestores de esa crueldad creen necesario dejar al descubierto que la venganza que termina en la muerte no alcanza, porque buscan implantar el terror para dejar en claro, al resto, que nadie puede traicionar ni robar al jefe narco, como se sospecha que sucedió en este caso, que una de las jóvenes se quedó con un paquete de droga ajeno.
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Es un aleccionamiento para el resto de la comunidad, para aquellos que viven de los engranajes mafiosos que mueve el narcotráfico y para aquellos que dudan de romper las lealtades de ese submundo que tiene reglas propias. Si la víctima es mujer esa crueldad es mayor, como lo advierte un informe de Procunar de 2022.
“Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”, explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre Pequeño J., el joven de origen peruano que tiene su base de operaciones en la villa 21-24, en el límite entre los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya, y está sospechado de planear el triple asesinato.
Triple femicidio Florencio Varela 1
Si la víctima es mujer esa crueldad es mayor, como lo advierte un informe de Procunar de 2022.
“Pequeño” transmitió las torturas a las que sometieron a las tres jóvenes por las redes sociales. Ese “espectáculo” morboso lo vieron entre 40 y 45 personas, y nadie denunció lo que observaban por sus Smartphones. Esa pequeña comunidad era parte del esquema mafioso y también el destinatario directo del mensaje.
El resultado del informe preliminar de las autopsias señala que a Lara, la chica 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, antes de cortarle el cuello. Sobre ella, los asesinos aplicaron la mayor saña. Y a Brenda le asestaron varios puntazos en el cuello para torturarla, la golpearon en la cara y la asesinaron de un fuerte golpe que le provocó aplastamiento macizo facial. Después de matarla, los asesinos le abrieron el abdomen.
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“La lógica de la crueldad no es una acción aislada, sino una forma de operación articulada. Es racional y planificada hasta sus últimas consecuencias. En este terreno el horror está justificado y calculado” por los narcos, ensaya investigadora mexicana Concepción Delgado Parra, un país que enfrenta un problema endémico con la violencia narco. Esa crueldad no se inscribe en un ataque de ira, como advirtió el ministro de Seguridad bonaerense, sino que es algo más profundo: una alerta de que el problema puede escalar porque el dominio es diferente.
El 18 de setiembre de 2020, la Gendarmería detuvo a un colectivo a la altura de San Pedro, provincia de Buenos Aires, que había salido esa mañana del barrio de Once. Una niña de 15 años iba acompañada por una pareja de origen peruano, que la habían secuestrado en la Villa 31, de Retiro. La adolescente declaró luego que Joseth Escriba Morales y Elba Marilú Escriba la llevaban a Perú para convertirla en mula para pasar cocaína. A la chica la violaban desde los 12 años en el barrio, donde estaba sometida a un sistema de trata sexual. El caso será tratado este viernes por la Cámara Federal de Rosario, porque los defensores plantearon una revisión de la prisión preventiva de la pareja peruana.
La situación en Rosario
A diferencia de lo que sucedió en Rosario, donde la violencia narco se transformó en un problema social y político durante más de una década, el conurbano bonaerense expone desde hace dos décadas un “crimen autorizado”, término que usó la periodista mexicana Marcela Turati en su libro “San Fernando. Última parada”. No hay bandas poderosas como crecieron en Rosario desde la extrema marginalidad, como Los Monos, cuyo principal activo para crecer en el narcotráfico fue un uso extremo de la violencia, que servía para sostener el negocio.
Esteban Alvarado y Ariel “Guille” Cantero, presos bajo un régimen de aislamiento en el penal de Marcos Paz, quedaron expuestos por los crímenes que se transformaron en situaciones cotidianas y aterradoras, que rompían las complicidades con la policía. Se convirtieron en un problema político, cuando la población empezó a cambiar su forma de vivir, sus rituales, y a vengarse en las urnas, ante el fracaso. Gendarmería desembarcó 14 veces en Rosario bajo distintos programas de seguridad, y la tasa de homicidios llegó en 2022 a 22,24 por cada 100,000 habitantes.
policia rosario
En Rosario, la violencia narco se transformó en un problema social y político durante más de una década.
En el último año, los crímenes bajaron un 65 por ciento. La violencia no desapareció, pero se hizo selectiva, al estilo del conurbano, donde las estadísticas muestran otra película. A lo largo del tiempo los homicidios se redujeron en la provincia de Buenos Aires, al pasar de 11,8 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2001 a 4,6 en 2023, alcanzando un mínimo histórico en 2024.
Durante ese año, según un informe de la Superintendencia de Análisis Criminal, se produjeron 811 asesinatos en esa provincia. De ese total, la mayoría fue en ocasión de robo (el 21,9 por ciento) y la segunda causa fue lo que denominan de manera general “ajuste de cuentas”, con el 20,8 por ciento.
Los registros oficiales están en una dimensión distinta a la que se vive en un territorio, donde el poder del narcotráfico eclosiona a veces con un uso de la violencia extrema, pero en la vida cotidiana se expresa en una jerga en la que ese “orden clandestino” se sostiene con supuestas complicidades.
