El misterio de los 357 millones escondidos en un auto en el norte de Santa Fe: imputan a cuatro personas por lavado de activos
La Justicia federal formalizó una causa por lavado de activos tras el hallazgo de $357 millones ocultos en un auto en la Ruta 11. Imputaron a cuatro personas por lavado de activos.
El dinero se encontraba distribuido en el torpedo, sistema de aire acondicionado, gaveta, habitáculo del conductor y sistema de audio del rodado.
La Justicia federal formalizó una investigación por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada contra cuatro personas y una empresa, en una causa que se originó tras el hallazgo de 357 millones de pesos ocultos dentro de un vehículo durante un control deGendarmería Nacional en el norte de Santa Fe.
El procedimiento que dio inicio al caso ocurrió el 28 de marzo de 2025, cuando efectivos detuvieron un Toyota Corolla Cross sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje El Timbó, entre Reconquista y Avellaneda.
Durante el control, los gendarmes detectaron irregularidades en el interior del vehículo, especialmente en los plásticos ubicados cerca de la palanca de cambios, que presentaban señales de haber sido manipulados. Tras dar intervención a la fiscalía y con autorización judicial, se realizó la requisa del rodado.
Al desmontar algunas partes del tablero quedaron al descubierto compartimientos ocultos donde se encontraban fajos de dinero distribuidos en distintos sectores del auto, entre ellos detrás de la salida del aire acondicionado, del sistema de sonido, debajo del volante, la guantera y la zona de la palanca de cambios.
En total, los efectivos secuestraron 357.210.000 pesos.
Una investigación por lavado de activos
La formalización de la causa se concretó el 27 de febrero, durante una audiencia ante el juez federal de Garantías Aldo Mario Alurralde, a partir de una investigación impulsada por el fiscal Roberto Salum, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, junto al auxiliar fiscal Bruno Ojeda.
Según expuso el Ministerio Público Fiscal, el conductor del vehículo había partido desde Resistencia (Chaco) y se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires cuando fue interceptado por la fuerza federal.
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El juez Aldo Alurralde hizo lugar a la formalización de la investigación y otorgó un plazo de un año para continuar con la causa.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Para los investigadores, el traslado del dinero no se trató de un hecho aislado, sino que formaba parte de un circuito regular y coordinado en el que participaban otras personas y una sociedad por acciones simplificadas dedicada a la venta de repuestos para autos y motos en Resistencia.
De acuerdo con la fiscalía, el vehículo pertenecía a uno de los socios de esa empresa y había sido modificado para ocultar el dinero y evitar su detección durante controles de seguridad.
Sospechas de compra y venta ilegal de divisas
Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los implicados realizaban intermediación financiera sin autorización, a través de la compra y venta de dólares y euros, utilizando la empresa como fachada.
Según la acusación, esa actividad se habría desarrollado de forma continua entre 2024 y 2025, mientras que el conductor del vehículo sería quien ofrecía el servicio y atendía a los clientes en las oficinas de la firma.
Secuestro 357 millones escondidos auto El timbó ruta 11 2
Durante el operativo, Gendarmería detectó que en el interior del vehículo se escondían 357.180.000 pesos.
Como parte de las medidas dispuestas en la causa, el 18 de febrero de este año se realizó un allanamiento en la sede de la empresa en Resistencia.
En ese operativo se secuestraron 8 millones de pesos, dos máquinas contadoras de billetes con detector, talonarios de recibos y pagarés en pesos y dólares, además de llaves de distintos vehículos.
Para la fiscalía, esos elementos refuerzan la hipótesis de que en el lugar funcionaba una actividad de intermediación financiera sin autorización del Banco Central.
Imputaciones y medidas judiciales
Los socios de la empresa y el conductor del vehículo fueron imputados como coautores de lavado de activos por receptación e intermediación financiera no autorizada, mientras que una cuarta persona fue acusada de coautoría en el delito de lavado de dinero.
Además, el Ministerio Público Fiscal avanzó sobre la responsabilidad penal de la empresa por ambos delitos.
El juez Aldo Alurralde hizo lugar a la formalización de la investigación y otorgó un plazo de un año para continuar con la causa, debido a la complejidad del expediente y a que involucra distintas jurisdicciones.
Entre las medidas dispuestas, se ordenó la prohibición de salida del país para los imputados, la obligación de presentarse periódicamente ante Gendarmería y un embargo por 2.000 millones de pesos para garantizar eventuales sanciones, indemnizaciones y el decomiso de bienes.
Además, se dispuso el congelamiento de cuentas bancarias y cajas de seguridad, con comunicación al Banco Central de la República Argentina.
