viernes 25 de septiembre de 2020
Policiales | abuso sexual | médico | menores

El médico de San Jerónimo Norte investigado por el abuso sexual de dos pacientes quedó en prisión

El juez Lazzarini dispuso la medida cautelar de prisión preventiva en una audiencia desarrollada este mediodía en los tribunales santafesinos. El caso se tramita en la Fiscalía del departamento Las Colonias, a cargo de Alejandro Benitez.

Un profesional de la salud de la localidad de San Jerónimo Norte quedó en prisión preventiva este miércoles en el marco de una causa que investiga una serie de abusos sexuales cometidos contra pacientes y que se tramita en la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) del departamento Las Colonias.

Se trata de un hombre de 52 años, identificado como Miguel Ángel M. el cual permanecerá detenido en un establecimiento carcelario hasta tanto la causa avance a un juicio. La resolución estuvo a cargo del juez de la Investigación Penal Preparatoria, Leandro Lazzarini, el cual hizo lugar al pedido del fiscal del caso, Alejandro Benítez y María Celeste Minitti (del área de Violencia de Género, Familiar y Sexual).

En la audiencia, que duró cerca de tres horas, los fiscales sostuvieron los dos hechos de abuso atribuidos al profesional. Las denuncias fueron radicadas por la hermana y la mamá de sendas víctimas menores de edad, que fueron atendidas por el médico por cuadros clínicos en el Centro de Asistencia Médica de la localidad de San Jerónimo Norte.

El hombre fue detenido en su casa de la localidad el pasado viernes e imputado como autor de los delitos de "abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante". Durante la audiencia de este miércoles, Minitti expuso ante el magistrado las evidencias que lograron colectarse en la investigación: historias médicas y libros de guardia que dan veracidad a lo denunciado, y especialmente testimonios de allegados a las víctimas, a quienes les relataron lo ocurrido.

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Víctimas vulnerables

El juez Lazzarini dio por acreditados los hechos y la calificación legal seleccionada por la fiscalía, y al momento de fundamentar su decisión valoró especialmente el contexto de vulnerabilidad de ambas víctimas.

Los abogados defensores Martín Durando y Hugo Parma rechazaron la imputación y negaron la ocurrencia de los hechos. A pedido de la defensa, el médico imputado realizó un breve repaso por su carrera: egresado de la universidad en 1997; se radicó en San Jerónimo Norte desde el año 2001; donde comenzó a trabajar en el Centro de Asistencia Médico de la municipalidad.

Ambas jóvenes fueron atendidas varias veces en el CAM, por diferentes episodios: una de ellas por desvanecimientos, a veces vinculados con el exceso del consumo de bebidas alcohólicas, pero también registraba convulsiones cuyo origen es desconocido. En tanto, la otra de las jóvenes presenta episodios reiterados de crisis subjetivas y trastornos alimenticios.

Además, el juez remarcó que, a pesar de que ambas relataron lo ocurrido a sus allegados, encontraron reticencia en sus propias madres para denunciar lo relatado por sus hijas. Para Lazzarini, estas circunstancias de vulnerabilidad y de falta de contención o apoyo familiar de ningún modo les resta credibilidad al relato, sino que por el contrario, la declaración de cada una de ellas sustenta la palabra de la otra: en ambos casos los abusos denunciados ocurrieron en el contexto de una consulta médica, y en el mismo centro. Además ninguna de las dos chicas conocía el nombre del profesional que las atendió y lo identificaron con una descripción de su fisonomía.

Entorpecimiento probatorio

Al momento de solicitar la prisión preventiva, los fiscales refirieron a una situación de entorpecimiento que tuvo lugar al comenzar la investigación: al solicitarse las historias clínicas de ambas jóvenes no enviaron las del mes de diciembre. En el mes de diciembre tuvo lugar uno de los hechos denunciados, que generó incluso que la madre de una de las víctimas increpe al médico frente a una enfermera. Por supuesto, el profesional negó que se haya propasado con la joven.

Las historias clínicas correspondientes al mes de diciembre fueron secuestradas en el allanamiento del pasado viernes, y consta que efectivamente la joven fue atendida por el profesional denunciado. En este caso el entorpecimiento probatorio no es posible, sino que efectivamente ya ocurrió.

Por último, el juez valoró la necesidad de preservar la tranquilidad de ambas víctimas, que aún deben declarar en cámara gesell. En los informes aportados por el área de niñez del municipio local consta que ambas expresaron temor a tener que enfrentarse con el profesional.

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