El "gerente" de la violencia: 33 años para Peco Almada y la fábrica de sicarios de la zona oeste de Rosario
Fue uno de los responsables de la violencia en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, donde conducía una organización afín a Los Monos.
El barrio Ludueña en la ciudad de Rosario.
Jonatan Ezequiel "Peco" Almada tenía un cuaderno y una máquina de contar billetes. No un fusil colgado al pecho ni un prontuario de gatillero: papel, lapicera y el zumbido de los billetes pasando por el rodillo. Con esas herramientas administraba una porción del negocio narco que entre 2021 y 2023 convirtió a Ludueña, Empalme Graneros e Industrial, en Rosario, en uno de los territorios más sangrientos de Rosario.
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Por ese rol —el de organizador y logístico de una asociación ilícita afín a Los Monos — un tribunal lo condenó el miércoles a 27 años de prisión, que al unificarse con una pena previa de seis años por venta de drogas quedaron en 33 años de cárcel.
Los delitos atribuidos y la absolución parcial
Los jueces Fernando Sosa, Agustín Valdés Tietjen y Mariano Aliau lo hallaron responsable de organizar la banda —con el agravante de haber sumado a menores de edad—, de tenencia de armas de guerra, de amenazas calificadas para forzar a vecinos a abandonar sus casas, de abuso de armas y de extorsión. La pena quedó por debajo de los 40 años que habían reclamado los fiscales Franco Carbone y Patricio Saldutti, que heredaron la acusación de Pablo Socca: en varios hechos puntuales Almada fue absuelto por el beneficio de la duda.
De 34 años e hijo de un ex policía —condenado a tres años en suspenso por poner su experiencia al servicio del grupo—, Almada llegó al juicio en soledad. A diferencia de sus socios, que fueron aceptando condenas en juicios abreviados, él se plantó y fue a debate. Lo habían detenido en agosto de 2022, en un departamento que alquilaba en el centro, en plena ola de sangre en la zona noroeste.
La estructura armada desde la cárcel
La organización que Almada gerenciaba no se armó en una esquina sino en un pabellón. Según la investigación, el acuerdo para "copar Ludueña" se selló en la cárcel de Piñero, donde Matías "Pino" César, hombre de Los Monos, tejió una alianza con Andy Benítez y Julián Aguirre, dos presos oriundos del barrio. Los tres, condenados a 20 años como jefes, delegaron la calle en figuras como Mauro Gerez —el "jefe de sicarios", encargado de reclutar gatilleros, incluso chicos— y Oscar "Nenu" Ramírez.
Es el mismo patrón que vengo documentando desde hace años en la zona oeste: bandas que hacen carrera desde el encierro. El descontrol carcelario —celulares, visitas, contacto permanente con el afuera— permitió que Piñero funcionara como un nodo de mando que las rejas no interrumpen. De ahí salieron las directivas; en el barrio quedó la ejecución, sostenida por lo que en estas crónicas llamé los tiratiros descartables: pibes casi sin nombre en los expedientes, reemplazables, que ponen el cuerpo y las balas por sumas miserables.
Complicidad estatal y entramado policial
El engranaje se completaba con la complicidad estatal. Además del padre de Almada, fueron condenados una agente policial madre de un tiratiros, un ex policía y dos efectivos del Comando Radioeléctrico que cobraban coimas y dejaban circular a Peco pese a que tenía pedido de captura.
En total, la causa terminó con 36 personas sentenciadas, entre ellas cinco policías. Sin esa trama de connivencia ninguna de estas estructuras podría sostenerse: es la misma conclusión a la que llego una y otra vez cuando reconstruyo cómo Rosario llegó a cuadruplicar el promedio nacional de homicidios.
El rol operativo dentro de la banda
A Almada se le atribuyó repartir la droga entre los miembros, controlar la recaudación con la contadora de billetes y su cuaderno de anotaciones, administrar dónde se escondían las armas y a quién se entregaban, y transmitir órdenes. También apretaba en persona.
"Es uno de los integrantes más importantes dentro de la estructura", sostuvo la acusación, que lo señaló como el hombre que asignaba las viviendas usurpadas y disponía autos y motos para los ataques.
Guerra de bandas, muertes y costo familiar
Ese poder de fuego dejó una estela larga. La banda de Almada se enfrentó con la que respondía a Francisco "Fran" Riquelme, apadrinada por el empresario narco Esteban Alvarado, y la guerra se extendió por Ludueña, Empalme Graneros e Industrial.
El saldo: al menos cuarenta homicidios, muchos de víctimas que nada tenían que ver. Solo en los primeros seis meses de 2022 esos barrios acumularon 29 crímenes. La propia familia de Almada pagó ese precio: su hermana Verónica, de 38 años, fue asesinada en febrero de 2022 en la puerta de su casa, en un ataque que en realidad lo buscaba a él. Otra hermana, Brenda, fue condenada a cinco años por integrar la banda.
Extorsiones, violencia desmedida y causas pendientes
Entre los casos probados figura la apropiación de un auto y 100 mil pesos de un vecino obligado a firmar un formulario 08 bajo amenazas, y un ataque a tiros contra una vivienda para el que Almada aportó el vehículo y ordenó dónde ocultar las armas. Quedó pendiente otra cuenta grave: todavía debe responder por el homicidio de Mauro Fleita, un joven acribillado por error en mayo de 2022, confundido con un tirador rival.
El detalle no es menor. En Rosario, la muerte de un pibe ajeno al conflicto no es una desviación del sistema: es parte de su funcionamiento. La violencia no busca precisión, busca volumen y visibilidad.
Ataques e intimidaciones al Poder Judicial
El rasgo que distingue a esta banda de tantas otras es que se animó a apuntar contra la propia Justicia. Almada fue condenado por instigar amenazas coactivas dirigidas al poder público: los panfletos y carteles con mensajes intimidatorios contra los fiscales Pablo Socca y Matías Edery que aparecieron a fines de agosto y principios de septiembre de 2022 en puntos elegidos por su carga simbólica —una sede de la entonces Agencia de Investigación Criminal, el Hospital de Niños Zona Norte, un centro municipal de distrito y la sede de Televisión Litoral—.
Irregularidades, balaceras y un juicio bajo presión
La intimidación no cesó con las detenciones. El primer intento de juzgarlo, iniciado el 20 de julio, se cayó tras siete jornadas cuando una de las juezas se apartó por haber homologado antes un abreviado del mismo legajo. Y en el debate que finalmente terminó en condena, una mujer que iba a declarar sufrió una balacera y amenazas atribuidas al entorno de Gerez: por esos hechos hay seis personas imputadas. El expediente que condena a la banda contiene, en sí mismo, la prueba de que la banda seguía operando.
Un problema de fondo sin solución
La frase que mejor resume el problema la dejó Socca en 2022, después de un allanamiento: metía presas a treinta personas y al día siguiente ya había otros treinta pibes llevando su currículum para entrar al grupo, deseosos de ser narcos. La condena a Peco Almada le pone precio a un eslabón —el gerente, el que llevaba las cuentas— y saca de circulación a una figura clave. Pero la maquinaria que lo produjo, alimentada por la pobreza, la cárcel sin control y la complicidad de sectores del Estado, sigue en pie. El problema del crimen organizado en la zona oeste no fue resuelto: apenas fue contenido.
