Cómo se lavó en el Puerto de Rosario durante una década y media el dinero de la corrupción catalana

Durante más de una década, la principal puerta de salida de la producción del corazón agroexportador argentino tuvo, detrás de la cortina de sus sociedades concesionarias, a un hombre que ya está preso por narcotráfico y a un apellido que en España es sinónimo de escándalo político: Pujol.

La causa que impulsa un grupo de fiscales federales —Diego Velasco, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Mené— y que esta semana derivó en un pedido de detenciones sostiene que Terminal Puerto Rosario (TPR) funcionó como un engranaje de lavado de dinero durante casi una década. Los fondos que llegaban desde Cataluña, se disfrazaron de inversión portuaria y, años después, volvió a Europa y a cuentas en Estados Unidos, mezclado en el camino con dinero que dejaba el narcotráfico rosarino.

El foco de la acusación recae sobre Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR, y sobre el catalán Jordi Pujol Ferrusola, hijo del histórico presidente de la Generalitat de Cataluña. Con ellos quedaron imputados la esposa de Shanahan, Graciela Niobe Tuero, y sus hijos Esteban Gustavo y Lucila Olga, además de un puñado de empresas que, según el Ministerio Público Fiscal (MPF), no eran otra cosa que cáscaras: pantallas sin sustancia económica real.

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Para entender la maniobra hay que empezar por el origen. La justicia española tuvo por acreditado —en un fallo del Juzgado Central de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, confirmado en 2021— que el patrimonio del llamado "Clan Pujol Ferrusola" nació de la corrupción: comisiones y sobornos cobrados a cambio de adjudicar obra pública, licencias y recalificaciones urbanísticas en Cataluña durante los mandatos de Jordi Pujol Soley. Ese dinero, para poder usarse, necesitaba dejar de parecer lo que era. Y una de las formas de conseguirlo fue sacarlo del país, hacerlo cruzar el Atlántico y meterlo en un negocio legítimo que le devolviera una fachada limpia.

La principal puerta de salida de la producción del corazón agroexportador argentino tuvo, detrás de la cortina de sus sociedades concesionarias, a un hombre que ya está preso por narcotráfico.

Ese negocio fue el puerto de Rosario. Según reconstruyeron los fiscales, entre 2004 y 2005 llegó a la terminal la primera inyección de fondos. En febrero de 2005 una firma offshore, Brantridge Holdings Ltd. —usada de manera recurrente por Pujol Ferrusola para retirar dinero de España—, transfirió 1.850.000 euros a Loster Company S.A., una de las sociedades locales del entramado. Ese dinero sirvió para financiar el aumento de capital que la concesionaria necesitaba. La coincidencia de fechas y montos, sostiene el MPF, demuestra que los euros de la corrupción catalana entraron directamente a Terminal Puerto Rosario.

Los registros migratorios muestran que Pujol Ferrusola viajaba a Rosario justo en los momentos clave. En enero de 2005, días antes del desembolso de Brantridge, se lo vio embarcar en el aeropuerto de la ciudad rumbo a Uruguay junto a Shanahan y al entonces presidente de TPR. En un correo de diciembre de ese año, el propio Pujol le escribió a Shanahan una frase que quedó como prueba: le recordaba que le había pedido 500.000 y que él le había enviado 1.500.000. Las cuentas del dinero sucio se saldaban de manera presencial, cara a cara, en suelo rosarino.

La mecánica del lavado, despojada de tecnicismos, puede resumirse así: convertir dinero de origen imposible de justificar en bienes y operaciones que parecieran normales.

El corazón del esquema fueron las acciones de TPR

Tres sociedades —Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. e Inter Rosario Port Services S.A.— concentraban casi todo el capital de la concesionaria. Dos de ellas se habían constituido en Tarragona, España, y declaraban en Argentina un mismo domicilio en Buenos Aires. Detrás de esa aparente pluralidad de empresas había, según el MPF, una sola voluntad: la de Pujol operando a través de Shanahan, su testaferro y hombre de máxima confianza en el país.

Entre 2010 y 2012, ese paquete accionario se vendió por tramos, sobre todo a firmas ligadas a la agroexportadora Vicentin, por cifras millonarias en dólares. La operación cumplía una función central del lavado: transformar el activo. El dinero corrupto había entrado como "inversión"; al vender las acciones, salía como "precio de venta", con apariencia perfectamente lícita.

Los bienes cambiaban de forma —de euros de sobornos a acciones, de acciones a dólares de una compraventa— y en cada paso se alejaban un poco más de su origen. A eso los especialistas lo llaman dar apariencia de licitud a los bienes subrogantes: el producto limpio que reemplaza al dinero sucio.

Para completar el circuito, hubo retornos. En 2015 se firmó un "convenio de reconocimiento de deuda" por el cual una de las sociedades españolas simulaba deberle a Shanahan 850.000 dólares por supuestas gestiones comerciales. Nunca existió tal deuda: era la excusa para girarle dinero de vuelta, fraccionado, a una cuenta suya en el Bank of New York Mellon, en Estados Unidos. El dinero que había venido de España volvía a Europa y a cuentas norteamericanas, cerrando el viaje.

Los fiscales sostienen que, entre 2018 y 2019, las cuotas cobradas por la venta de las acciones —unos 35 millones de pesos— se hicieron circular a través de al menos diez contratos de mutuo, es decir, préstamos, entre las empresas del grupo y firmas como Increase S.A., Natural Food S.R.L. y Los Araucos S.R.L. Eran préstamos falsos. Se depositaban cheques en una cuenta y se los retiraba de inmediato en efectivo por ventanilla, apoyados en contratos simulados, con el único fin de romper el rastro del dinero.

La causa fue impulsada por un grupo de fiscales federales: Diego Velasco, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Mené.

Lo que vuelve a este caso especialmente grave es que el mismo Shanahan ya fue condenado por narcotráfico. En 2023 recibió siete años de prisión, en un fallo inédito, por integrar la organización del narco peruano Julio Rodríguez Granthon: desde su financiera de calle España al 889 —una "cueva" de las más grandes de Rosario— proveía los dólares para comprar cocaína. En octubre de 2021, un allanamiento a esa cueva permitió secuestrar unos 34 millones de pesos, dólares, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

La causa por lavado sostiene que esos dos mundos —la corrupción catalana y el narcotráfico local— terminaron confluyendo en las mismas manos. Los fiscales le imputan a Shanahan haber blanqueado además ganancias del narcotráfico comprando y cambiando fichas en las salas VIP del casino de Rosario, por más de 23 millones de pesos, para reinsertar en el circuito legal el efectivo no declarado que salía de la venta de drogas. El nexo con la calle era Iván Ferrarons, un exrugbier apodado "Iván Dólar", que recibía el dinero narco, lo contaba, lo pasaba a divisas y lo sacaba del país. Ferrarons fue localizado en España y tiene pedido de captura internacional.

Tuero, la esposa de Shanahan, aparece transfiriendo inmuebles a precios irrisorios durante la propia quiebra del matrimonio y firmando una "donación de dinero en efectivo" simulada para justificar la compra de una propiedad por parte de sus hijos. Esteban, el hijo, ocupó cargos en las sociedades, continuó la gestión de los créditos y presidió Pro Puerto S.A. desde 2020, en pleno relevo generacional del esquema. Lucila, la hija, compró y vendió departamentos y cocheras con fondos que —según el MPF— provenían de las cuotas de la venta portuaria. Autos de alta gama, lotes en countries, unidades funcionales: todo se compraba, se usaba y se revendía para ir limpiando el dinero, siempre dentro del círculo íntimo.

El MPF pide un embargo por 152.000 millones de pesos, equivalente a unos 100 millones de dólares, que abarca el decomiso del producto de las maniobras y la eventual multa.

En medio de esta investigación aparece una pregunta:¿cómo pudo ocurrir todo esto, durante casi dieciséis años, en un puerto que es un bien público concesionado, sin que ningún organismo del Estado lo advirtiera?

El responsable de controlar la concesión es el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro). Su función es justamente esa: vigilar que el concesionario cumpla, que sea quien dice ser, que su capital sea real. Los indicios de que algo no cerraba estuvieron desde el principio. Cuando en 2003 se adjudicó la concesión, el pliego exigía experiencia internacional en manejo portuario. El grupo que ingresó se presentó como ligado al Puerto de Tarragona, pero eran empresas creadas para la ocasión, con capital ínfimo. La propia Municipalidad de Rosario cuestionó la maniobra y hubo directores del Enapro que se opusieron. La Autoridad Portuaria de Tarragona llegó a aclarar años después que nunca había tenido injerencia institucional en Rosario. Las señales de alarma existían y no fueron escuchadas.

En 2020, el Banco Nación —principal acreedor de Vicentin— elaboró un informe que dedicaba un apartado al Puerto de Rosario y advertía que el traspaso accionario de 2010-2012 despertaba dudas, que había una "errática valuación contable" y que operaciones enteras nunca se habían informado en los balances. Ese documento no tuvo mayor repercusión en su momento. Recién ahora, con la causa penal, las alertas vuelven a la superficie.

Durante todo ese período, ni la Justicia Federal de Rosario ni los organismos de contralor detectaron lo que hoy los fiscales describen como una estructura de lavado montada a plena luz. El Enapro tenía la obligación legal de controlar preventivamente la concesión y no lo hizo; los balances irregulares, las sociedades fantasma tarraconesas, el capital que aparecía y desaparecía, las triangulaciones no declaradas, todo pasó por debajo del radar estatal. La terminal cambió de manos varias veces y hoy está en poder de operadores internacionales sin vínculo con aquel pasado.