El crimen de Gastón Montenegro: la mecánica del terror en el corredor norte del Gran Rosario
Un secuestro, un cuerpo enterrado y una banda de veinteañeros exponen cómo se disciplina el narcomenudeo en la franja entre Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, una zona que acumula crímenes brutales bajo un cono de sombra.
El cuerpo de Montenegro fue encontrado enterrado en un descampado de Serodino, a unos 30 kilómetros del lugar donde lo habían subido a un auto a punta de pistola.
Cuando los narcos usan una crueldad extrema es porque algo se rompió en ese tejido que le da contención. No es sólo saña, sino que un crimen con este tipo alevosía, como la que usaron con Gastón Montenegro sirve para demarcar el poder que encarna la mafia narco.
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Los gestores de esa crueldad creen necesario dejar al descubierto que la venganza que termina en la muerte no alcanza, porque buscan implantar el terror para dejar en claro, al resto, que nadie puede traicionar ni robar al jefe narco.
Es un aleccionamiento para el resto de la comunidad, para aquellos que viven de los engranajes mafiosos que mueve el narcotráfico y para aquellos que dudan de romper las lealtades de ese submundo que tiene reglas propias.
El mecanismo de un entramado violento en Rosario
Montenegro tenía 25 años, era árbitro de fútbol y fue visto por última vez el viernes 26 de junio en Capitán Bermúdez. Ocho días después, un rastrillaje del que participaron distintas divisiones de la policía provincial y Bomberos Zapadores encontró su cuerpo enterrado en un descampado de Serodino, a unos 30 kilómetros del lugar donde lo habían subido a un auto a punta de pistola.
Entre una escena y la otra hubo una denuncia desesperada de su madre, una marcha para pedir su aparición, allanamientos en tres localidades del Cordón Industrial y dos detenidos que no llegan a los 25 años. El caso, que la Justicia investiga como un homicidio derivado de un conflicto por la venta de drogas, condensa una mecánica que se repite en la zona norte del Gran Rosario: el secuestro y la muerte como herramientas de disciplinamiento territorial, ejecutados por bandas cada vez más jóvenes que operan en un corredor donde la violencia narco creció al amparo de la desatención política y mediática.
La secuencia se inició como una búsqueda de paradero. Carina, la madre de Montenegro, denunció desde el primer momento que a su hijo lo habían secuestrado: contó que lo subieron a un auto a punta de pistola, que hubo personas que se quebraron y relataron lo ocurrido, y que las cámaras de la zona registraron el momento de la captura. Con esas evidencias, la causa mutó a privación ilegítima de la libertad. El desenlace la convirtió en homicidio.
Los detenidos por el crimen: integrantes de una banda sub-20
El viernes 3 de julio, en el marco de una serie de allanamientos en Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, fue detenido un joven de 23 años, Juan Manuel V. Al día siguiente, el sábado 4, apareció el cuerpo en una zona rural de Serodino. La fiscal Luisina Paponi trabajó en el sitio junto a un antropólogo forense, una intervención poco habitual que se explica por una circunstancia que el propio Gobierno provincial confirmó: el cuerpo estaba enterrado. Los captores no solo mataron; intentaron borrar el rastro. La extracción se hizo bajo protocolo modificado para preservar cada evidencia con vistas a las instancias judiciales que se avecinan.
El lunes 6, el director de Investigación Criminal de Santa Fe, Darío Chávez, puso en palabras oficiales lo que la investigación venía delineando. Habló de una "muerte violenta" y de un "conflicto relacionado al comercio de estupefacientes" como trasfondo del crimen. Confirmó que la víctima fue trasladada por otras personas y que los investigadores retrocederán en las imágenes de las cámaras de vigilancia para reconstruir el recorrido del vehículo en el que se llevaron a Montenegro.
Advirtió, además, que resta analizar un volumen considerable de material digital, considerado clave para reconstruir los últimos movimientos de la víctima e identificar a toda la red que participó del secuestro. La pesquisa se abordó de manera coordinada entre la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público de la Acusación y fuerzas federales.
El jueves 9 cayó el segundo implicado: Matías Nicolás V., de 22 años, detenido en un allanamiento en calle Caseros al 1800, en Fray Luis Beltrán. Ambos detenidos fueron llevados este viernes a la audiencia imputativa en los Tribunales de San Lorenzo, ante los fiscales Paponi y Aquiles Balbis.
La edad de los sospechosos no es un dato menor. Según la investigación, integran lo que ya se describe como una "banda sub-20": grupos atomizados de jóvenes menores de 25 años que no responden a las viejas estructuras jerárquicas del delito rosarino, sino que buscan hacerse un lugar en el narcomenudeo del cordón industrial mediante el ejercicio del terror.
Una juventud que primero mata, luego negocia
El secuestro, la extorsión y el homicidio funcionan como carta de presentación: demostraciones de una capacidad de violencia que sustituye la trayectoria y la organización. La hipótesis fiscal es que detrás de esa juventud hay una red criminal que utiliza estos métodos para sostener sus negocios ilícitos, y que la disputa que terminó con la vida de Montenegro estuvo vinculada al manejo de stock de sustancias.
Es una mutación relevante. Las bandas históricas de la región administraban la violencia como recurso escaso, un costo que se pagaba cuando fallaban otras formas de control. Estas estructuras emergentes la exhiben como capital inicial: matan primero para negociar después.
Nada de esto ocurre en el vacío. El límite entre Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria —en particular la zona del Zanjón que divide ambas ciudades, atravesada por túneles que conectan los barrios de uno y otro lado— es desde hace años territorio de disputa narco. Y el crimen de Montenegro es apenas el último eslabón de una cadena de episodios de extrema crueldad.
Grupos criminales más jóvenes e impunes
En 2024, el triple crimen de Santiago Ochoa, Emiliano Saucedo y Eber Ramos marcó un pico de brutalidad: Alexis Lobos fue condenado por asesinar a mazazos y degollar a las víctimas dentro de una vivienda, en un hecho cuyo móvil, según estableció la Justicia, fueron transacciones de dinero.
En 2018, otro triple crimen —el de Ezequiel "Parásito" Fernández, su hermano "Grasita" y Gerardo Abregú, acribillados en calle Liniers al 300— llevó la marca de Los Monos y la conexión directa con el liderazgo de Ariel Guille Cantero. Más atrás, en 2014, la muerte de Any Rivero, de 18 años, alcanzada por una balacera de dealers contra un boliche, sentó en Capitán Bermúdez un precedente de impunidad que la ciudad nunca terminó de procesar. Y el asesinato de "Coto" Medrano mostró cómo estos territorios alimentan causas de escala nacional: su investigación permitió desmantelar una red de provisión de divisas para narcos que involucró a Patricio Carey, dueño del barrio privado La Rinconada, y dejó a la vista el circuito por el que el dinero sucio fluye entre las calles de barrio y las casas de cambio de Rosario.
El patrón que une estos casos no es solo la violencia: es el silencio que la rodea. Mientras San Lorenzo concentra la atención nacional ante cualquier hecho policial, Bermúdez y Baigorria operan en un cono de sombra. Los grupos criminales parecen haber leído mejor que nadie esa asimetría: aprovechan la falta de iluminación mediática y una apatía política local que roza la comodidad estratégica. En ninguno de los dos distritos las autoridades reaccionaron con la contundencia que la escalada exige.
El resultado es una zona donde la mafia narco dejó de ser una percepción para convertirse en una estructura organizada que se cobra vidas de manera periódica. El cuerpo enterrado de Gastón Montenegro, la frialdad de sus captores veinteañeros y el volumen de material digital que la fiscalía todavía debe desentrañar dibujan el estado actual de esa estructura: más joven, más brutal y, hasta ahora, más impune que nunca.