El corazón de la maniobra: las inconsistencias que los fiscales encontraron en los traspasos accionarios de Terminal Puerto Rosario

La causa por lavado que impulsa la fiscalía federal de Rosario reconstruye cómo, entre 2010 y 2013, las tres sociedades que controlaban el capital de la concesionaria se desprendieron de las acciones. Para el Ministerio Público, no fue una desinversión comercial: fue el mecanismo con el que el dinero de la corrupción catalana —y más tarde del narcotráfico— cambió de forma hasta perder el rastro de su origen.

Cuando los fiscales federales Diego Velasco, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Mené pidieron las detenciones en la causa por el lavado de dinero en el Puerto de Rosario, apoyaron buena parte de la acusación sobre un solo eje: qué pasó con las acciones de Terminal Puerto Rosario (TPR) entre 2010 y 2013.

La pregunta técnica que atraviesa el expediente es sencilla de enunciar y difícil de responder para los imputados: ¿por qué tres sociedades se desprendieron, en cadena y en apenas tres años, del paquete accionario completo de la principal terminal portuaria de la ciudad? La respuesta que arma el Ministerio Público Fiscal (MPF), a lo largo de más de un centenar de páginas, es que ninguno de esos traspasos respondió a una lógica de negocios. Cada operación —sostienen— fue una capa más de opacidad para transformar bienes de origen ilícito en activos de apariencia legítima.

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El escrito ordena esa reconstrucción en torno a las tres sociedades vehículo —Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. e Inter Rosario Port Services S.A., todas atribuidas al control de hecho del catalán Jordi Pujol Ferrusola a través de su testaferro local, el contador Gustavo Pedro Shanahan, hoy preso por narcotráfico—. De ese circuito surgen las inconsistencias que los fiscales marcan una por una.

La primera anomalía no está en la venta, sino en el origen de lo que después se vendió. Esto puede generar consecuencias en la actual concesión, en manos de los chilenos de Ultramar y Vicentín, señalaron fuentes ligadas a la investigación. “No hay ninguna posibilidad de que una empresa constituida por operaciones ilícitas transfiera lícitamente sus activos a otras”, plantearon las fuentes judiciales consultadas por Aire de Santa Fe.

Cada operación —sostienen— fue una capa más de opacidad para transformar bienes de origen ilícito en activos de apariencia legítima.

El aumento de capital de TPR de 2004-2005, exigido por el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) para elevar el capital social a 10,5 millones de pesos, se cubrió con fondos que la firma offshore Brantridge Holdings Ltd. —usada de manera recurrente por Pujol Ferrusola para sacar dinero de España— inyectó a través de Loster Company S.A. bajo la forma de un "préstamo" de 1.850.000 euros.

A eso se suma un patrón que el MPF encuentra repetido: sociedades fundadoras dotadas de liquidez de golpe y de manera tardía. Interlogística Portuaria, por caso, se constituyó en diciembre de 2001 con un capital mínimo de 60.500 euros y recién en 2003 amplió artificialmente ese capital a 319.324 euros para cancelar dividendos pasivos que arrastraba. Para los fiscales, la conclusión es que las corporaciones fundadoras de la terminal "operaban como sociedades insolventes y sin sustancia real", capitalizadas cuando hacía falta para hacer pasar fondos bajo investigación sin encender alarmas.

El desprendimiento arrancó el 5 de agosto de 2010, cuando Pro Puerto transfirió 6.758 acciones —el 51,003% del capital de TPR— a la firma Abel Otto Torre S.A. El acto quedó asentado formalmente en el Libro Registro de Acciones. Pero la finalidad, según el MPF, la reveló el propio Shanahan en un correo electrónico del 11 de noviembre de 2012, recuperado de su teléfono, donde le reprochaba a un socio que le habían dicho que convenía dejar esas acciones a nombre de Abel Otto Torre para que quedaran "seguras" y no pudieran ser "atacadas" por terceros.

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Esa frase, para la fiscalía, desnuda la naturaleza del movimiento: no una venta, sino un blindaje para sustraer el paquete mayoritario del alcance de eventuales acreedores.

Dos meses después, el 1 de octubre de 2010, en una misma escritura pública, Pro Puerto e Interlogística constituyeron sendas prendas sobre sus acciones a favor de Vicentin S.A.I.C. —1.192 acciones en un caso, 1.325 en el otro— como garantía de un mutuo. El MPF sostiene que esas prendas no respondieron a ninguna necesidad de financiamiento: fueron "el antecedente inmediato necesario" de la venta definitiva posterior, una vía de salida preestablecida para el capital. La garantía no aseguraba un crédito: preparaba el terreno para la transferencia.

La venta definitiva de las acciones de Pro Puerto e Interlogística se instrumentó el 4 de diciembre de 2012 mediante un único documento: la Carta Oferta Irrevocable N° 04122012, suscripta por Shanahan en representación de las dos sociedades vendedoras y, a la vez, por derecho propio. Para el MPF, esa "unidad de acto" —un solo papel y una sola firma bastaron para disponer de los activos de dos personas jurídicas formalmente distintas— es un indicio contundente de que detrás de la aparente pluralidad de empresas había una única dirección centralizada gobernando la salida del capital.

Los fiscales federales Diego Velasco, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Mené pidieron las detenciones en la causa por el lavado de dinero.

La inconsistencia más difícil de explicar como coincidencia aparece en los cobros. Vicentin pagaba las cuotas de ambas ventas con montos globales que las dos "acreedoras" repartían después entre sí. Los recibos del 2 de mayo de 2017 —uno de Pro Puerto, otro de Interlogística— suman exactamente 8.316.000 pesos. Los del 21 de mayo de 2019, exactamente 24.111.000. El detalle revelador: las cuotas pactadas eran de importes distintos (284.147,80 y 315.852,20 dólares), de modo que su suma jamás debería arrojar cifras tan redondas. Para la fiscalía, esos números prolijos son la huella de una "unidad de caja": el dinero entraba a un solo bolsillo y se distribuía a discreción.

El tercer y último tramo lo protagonizó Inter Rosario Port Services, que vendió su 30% —24.300 acciones— por 8.932.591,78 dólares. El MPF contrasta esa cifra con lo que Pujol Ferrusola había ingresado por ese capital en 2007: apenas 451.793 dólares. Una ganancia "exponencial" que los fiscales consideran simulada, sobre todo porque el negocio ocurría en un contexto de absoluta inconsistencia: en julio de 2009 —tres años antes— la propia TPR había abierto su concurso preventivo con un pasivo verificado cercano a los 100 millones de pesos. Una terminal en cesación de pagos no justificaba semejante revalorización de sus acciones.

Aquí está, para el MPF, el dato de mayor peso demostrativo. Cuando se perfeccionó la venta de Inter Rosario Port Services, en los libros de actas de TPR no quedó registrada ninguna transferencia a favor de Vicentin. En lugar de eso, la sociedad vendedora autorizó a Vicentin a "nominar" al comprador final, y las acciones se inscribieron directamente a nombre de una sociedad chilena, Inversiones Portuarias Andinas Limitada, con domicilio en la comuna de Las Condes, en Santiago.

Vicentin operó, según la mirada de los fiscales, como un puente de intermediación destinado a quebrar la trazabilidad de la cadena. Con esa maniobra registral se borró de los registros públicos locales el rastro del verdadero titular del capital —Pujol Ferrusola— y las acciones reingresaron al mercado a nombre de una firma extranjera sin vínculo histórico con la causa.

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Mientras los activos salían "seguros", el expediente describe la construcción simultánea de un pasivo. Un pagaré sin protesto por 1.055.000 dólares derivó en una deuda reconocida de 1.500.000 dólares con la firma Magnus S.A., que terminó desembocando en la quiebra personal conjunta de Shanahan y su esposa, Graciela Niobe Tuero, decretada en octubre de 2013. En ese proceso, según el informe del síndico, Shanahan no aportó información alguna sobre sus activos. En paralelo, se sacaban inmuebles del alcance de los acreedores: la propiedad de calle San Luis 953 pasó a manos de la firma JAMA S.A. y, años más tarde, la de calle Laprida 857 a Optimia S.A. El pasivo se licuaba en un proceso universal vacío mientras el patrimonio real quedaba a resguardo.

Entre abril de 2018 y mayo de 2019, según el MPF, las cuotas percibidas por la venta de las acciones —alrededor de 35 millones de pesos— se hicieron circular mediante al menos diez contratos de mutuo intersocietario entre las empresas del grupo y firmas como Increase S.A., Natural Food S.R.L. y Los Araucos S.R.L. Eran préstamos ficticios: se depositaban cheques que se retiraban de inmediato en efectivo por ventanilla, respaldados en contratos simulados, con el único objeto de romper el rastro del dinero.

Leídas por separado, cada una de estas operaciones podría defenderse como una decisión empresarial más. Es la secuencia —el orden, la simultaneidad, la coordinación entre las tres sociedades— lo que el Ministerio Público lee como un plan único. Prendas que anticipan ventas; una firma que dispone de dos empresas a la vez; cobros que se reparten en cifras imposiblemente redondas; un precio que multiplica por veinte la inversión original en plena cesación de pagos; una triangulación que hace desaparecer al dueño real de los registros. El hilo que une todos esos movimientos, para los fiscales, es la voluntad de dar apariencia de licitud a los bienes subrogantes: el producto limpio que reemplaza al dinero sucio.

No es un detalle menor que muchas de estas inconsistencias hubieran dejado rastro contable mucho antes de la causa penal. Ya en 2020, un informe del Banco Nación —principal acreedor de Vicentin— había advertido que el traspaso accionario de 2010-2012 despertaba dudas, señalaba una "errática valuación contable" y apuntaba que operaciones enteras nunca habían sido informadas en los balances. Ese documento no tuvo entonces mayor repercusión. Recién ahora, con el pedido de detenciones sobre la mesa, las señales que estuvieron a la vista durante más de una década vuelven a la superficie.

El escrito de los fiscales sostiene que las tres sociedades que reunían el 100% del capital de TPR —Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. e Inter Rosario Port Services S.A., todas controladas de hecho por Jordi Pujol Ferrusola con Gustavo Pedro Shanahan como testaferro— se desprendieron de las acciones entre 2010 y 2013 para dar apariencia lícita a fondos vinculados a la corrupción española y, luego, al narcotráfico (causa "Manzo").

Estos son los puntos que la fiscalía marca como anómalos

• Origen viciado del capital que se transfiere. El aumento de capital de TPR de 2004-2005 se cubrió con fondos que Brantridge Holdings Ltd. —firma instrumental de Pujol Ferrusola— inyectó vía Loster Company S.A. como un "préstamo" de €1.850.000. Las sociedades fundadoras (Interlogística amplió artificialmente su capital de 60.500 a 319.324 euros en 2003) operaban como cascarones insolventes dotados de liquidez de golpe. Es decir: lo que después se vendió eran bienes subrogantes de origen espurio desde el inicio.
• La transferencia a Abel Otto Torre S.A. (5/8/2010) fue simulada. El 51,003% de TPR (6.758 acciones) se pasó a AOTSA no por una operación comercial sino —según el propio Shanahan en un mail del 11/11/2012 a Gustavo Nardelli— para que quedaran "seguras" y no pudieran ser "atacadas" por terceros/acreedores. Prueba directa de la finalidad de ocultamiento.
• Las prendas a favor de Vicentin no fueron financiamiento real. El 1/10/2010 (Escritura 264 / Acta de Directorio 71) se constituyeron prendas sobre 1.192 acciones (Pro Puerto) y 1.325 acciones (Interlogística). La fiscalía sostiene que no respondían a una necesidad de crédito, sino que eran el "antecedente inmediato necesario" preestablecido para la venta definitiva posterior —una vía de salida armada de antemano.
• "Unidad de acto" que delata dirección centralizada. La venta definitiva de las acciones de Pro Puerto e Interlogística se instrumentó con una sola Carta Oferta Irrevocable (N° 04122012, del 4/12/2012) y una sola firma de Shanahan para disponer de activos de dos personas jurídicas distintas. Indicio de un mando único detrás de las tres sociedades.
• "Unidad de caja" en los cobros. Vicentin pagaba montos globales que las dos "acreedoras" repartían a discreción: los recibos del 2/5/2017 suman exactamente $8.316.000 y los del 21/5/2019 exactamente $24.111.000, pese a que las cuotas pactadas eran de importes distintos (USD 284.147,80 vs. USD 315.852,20). Los números redondos revelan una sola caja.
• Precio inconsistente / ganancia simulada. Inter Rosario Port Services vendió el 30% (24.300 acciones) por USD 8.932.591,78, cuando Pujol había ingresado ese capital en 2007 por USD 451.793 —una ganancia "exponencial" carente de correlato económico, sobre todo porque TPR había entrado en concurso preventivo en julio de 2009 con un pasivo cercano a $100.000.000.
• Triangulación registral para borrar la trazabilidad. En la venta de Inter Rosario Port Services, los libros de actas de TPR no registran transferencia a Vicentin: la oferente autorizó a Vicentin a "nominar" al adquirente, y las acciones se inscribieron directamente a favor de la chilena Inversiones Portuarias Andinas Ltda. (página 13 del Libro Registro de Acciones). Vicentin funcionó como puente para quebrar la cadena y hacer desaparecer de los registros públicos a Pujol Ferrusola como verdadero titular.
• Quiebra personal usada como blindaje paralelo. Mientras los activos salían "seguros", se construía en paralelo un pasivo simulado (pagaré sin protesto de USD 1.055.000 → deuda reconocida de USD 1.500.000 con Magnus S.A.) que derivó en la quiebra personal conjunta Shanahan-Tuero (2013), en la que Shanahan no declaró activos a la sindicatura. Simultáneamente se sacaban inmuebles (San Luis 953 a JAMA S.A.; luego Laprida 857 a Optimia S.A.) del alcance de los acreedores.
• Reinyección de las cuotas vía mutuos intersocietarios simulados. Las cuotas cobradas de la venta se reciclaron (abril 2018-mayo 2019, ~$35.000.000) mediante al menos diez contratos de mutuo ficticios de Pro Puerto e Interlogística hacia Increase S.A., Los Araucos S.R.L. y Natural Food S.R.L., con cheques cruzados y reintegros que cierran el circuito circular.