Dos juicios de alto impacto en Santa Fe marcarán la agenda de la Justicia Federal en el segundo semestre
Uno tiene previsto comenzar en agosto próximo, mientras que el otro fue fijado para noviembre. Arbolitos, funcionarios públicos y cuevas financieras, como parte de la trama de cada debate.
Los juicios tendrán lugar en la sede juidicial de Primera Junta y San Jerónimo de Santa Fe.
La Justicia Federal de Santa Fe tiene previsto para este segundo semestre dos juicios que en su momento causaron un fuerte impacto en la opinión pública, no solo por el delito investigado, sino por los involucrados que tuvo cada caso.
Te podría interesar
Uno de los debates corresponde a la causa que investigó el hallazgo de una cueva financiera dentro de un departamento en la zona del Puerto santafesino, la cual tiene a cinco personas procesadas por los delitos de intermediación financiera, falsificación y lavado de activos.
Mientras tanto, el otro juicio —quizás el de mayor impacto institucional— investigó el presunto encubrimiento de una cueva financiera que funcionaba en una galería del microcentro santafesino, caso por el cual quedó en el ojo de la tormenta una fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Ambos debates tendrán lugar en el Tribunal Oral Federal, ubicado en la esquina de Primera Junta y San Jerónimo, y fueron fijados para fechas distintas: el de la cueva financiera del Puerto tiene previsto su inicio el 5 de agosto próximo, mientras que el otro comenzará el 11 de noviembre.
La cueva de la zona del Puerto
Si bien los casos se investigaron en expedientes distintos, tienen algo en común: su destape se dio a partir del hallazgo de cuevas financieras que funcionaban en diferentes zonas de la ciudad de Santa Fe.
En lo que respecta a la cueva de la zona del Puerto, el hecho se remonta al 12 de septiembre de 2023, cuando los entonces detectives de la Agencia de Investigación Criminal (hoy Policía de Investigaciones) realizaron un allanamiento que tenía como objetivo recuperar una serie de electrodomésticos pertenecientes a un inquilino que alquilaba un departamento ubicado en calle Sara Pinasco de Julierac al 1700, en el corazón del Puerto.
Al ingresar al inmueble, los policías hallaron —además de los artefactos que buscaban— una mesa de dinero que contenía $45.251.600, 83.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales. A su vez, encontraron 39 tarjetas de débito del banco Santander a nombre de distintas personas, un hecho que llamó poderosamente la atención de los investigadores.
Tras el descubrimiento, el procedimiento fue informado al fiscal en turno, Walter Rodríguez. Desde entonces se inició una causa judicial que destapó el funcionamiento de una serie de cuentas fantasmas creadas a partir del robo de identidades de personas que residían en zonas muy humildes de Santa Fe y Santo Tomé.
Por el caso fue detenido un exasesor del Concejo Municipal, identificado como Yamil “Turco” Benavidez, quien fue procesado por los delitos de intermediación financiera no autorizada, defraudación mediante el uso de una tarjeta de débito falsa, falsificación de tarjeta de débito y lavado de activos. Benavidez atravesó la mayor parte de la causa en prisión, pero en los últimos meses logró obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
Además, fueron imputadas pero en libertad otras cuatro personas: la contadora María Laura Miassi, pareja de Benavidez en su momento; Carlos Quartucci, socio comercial del "arbolito" detenido; y Raúl Mamonellas junto a Juan Emilio Gastaldo, ambos señalados como los vendedores de los dólares que ofrecía la cueva financiera.
Todos serán juzgados en un debate cuyo inicio está fijado para el 5 de agosto próximo, ante un tribunal de jueces conformado por Luciano Homero Lauría (presidirá), José María Escobar Cello y el magistrado rosarino, Ricardo Moises Vázquez.
Homicidio, cueva financiera y encubrimiento
El otro caso que irá a debate investigó una serie de irregularidades ocurridas durante la custodia de la escena del crimen del comerciante santafesino Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020 en la agencia Turismo Oldani, ubicada en La Rioja al 2400 (Galería Rivadavia).
Aquel día, cerca de las 18, el dueño de la agencia de turismo le abrió la puerta a dos jóvenes que lo asaltaron a mano armada. En pleno forcejeo, uno de los ladrones (identificado como Bruno Figueroa) disparó su arma e hirió a Oldani en el abdomen para poder escapar junto a la joven que lo acompañaba.
Tras el ataque, el empresario se desvaneció y fue trasladado al hospital José María Cullen, donde falleció poco después. Mientras tanto, la oficina donde ocurrió el asesinato se llenó de policías que realizaron las primeras actuaciones, pero en pleno peritaje del lugar se encontraron con que la puerta de la agencia estaba cerrada con llave. Horas después, según estableció la investigación, se realizó una inspección ocular policial sin testigos de actuación, la cual terminó con el retiro del dinero que había en el local dentro de bolsos y mochilas.
LEER MÁS ► La Justicia fijó fecha para llevar a juicio a la fiscal Ferraro por su desempeño en el caso Oldani
Ante la sospecha de que se habían retirado importantes sumas de "dinero en negro", el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, denunció los hechos ante la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo del fiscal Walter Rodríguez. Así se iniciaron dos causas: una que investigó el funcionamiento de una cueva financiera dentro de Turismo Oldani SRL —por la que terminaron procesadas diez personas que a principios de año acordaron realizar tareas comunitarias para evitar el juicio—; y otra que apuntó directamente a las irregularidades ocurridas durante la custodia de la escena del crimen.
Por esta última causa fue procesada la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Cristina Ferraro, por el presunto encubrimiento de un delito federal. La lupa judicial también recayó sobre José Luis Hernández, yerno de Oldani; Virginia Andrea Venetucci, en su momento asesora letrada de la Policía de Santa Fe; Diego Marcos Medera, pareja de una de las empleadas de Turismo Oldani SRL; y Julián Nizzo, quien al momento del homicidio del comerciante se desempeñaba como jefe de la Primera Zona de Inspección.
Según la elevación a juicio, Hernández y Medera fueron los encargados de ocultar el dinero que estaba en la agencia, el cual, horas después del crimen, fue retirado en bolsos y mochilas frente a la fiscal Ferraro, quien se encontraba presente en el lugar. Nizzo, por su parte, fue acusado de haber desobedecido, en su carácter de jefe policial, la orden que la fiscal había impartido para mantener la custodia de la agencia de turismo, de donde finalmente se retiraron los bolsos con el dinero.
El juicio por esta causa tiene previsto realizarse el 11 de noviembre de este año, a partir de las 8.30. El mismo, según indicaron fuentes tribunalicias a AIRE, será ante el juez Ricardo Moises Vázquez.
