El caso por el cual un tribunal declaró nulo parte del proceso ocurrió el pasado 21 de marzo.
Un fallo dictado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe declaró la nulidad de cuatro indagatorias realizadas en el marco de la causa que investigó a los “narcoladrones” de Esperanza, que en marzo de este año fueron detenidos con más de dos kilos de cocaína cuando escapaban de un asalto millonario ocurrido en una despensa del barrio La Orilla de la localidad del departamento Las Colonias.
La llamativa resolución, dictada por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Germán Sutter Schneider, ordenó anular las indagatorias efectuadas en mayo pasado a los imputados Cristian Rivero, Andrés Fernández, Damián Suárez Puigarnau y Maximiliano Casala, las cuales se desarrollaron mediante videoconferencia y no contaron con la presencia del juez Reinaldo Rodríguez, a cargo del juzgado federal 1.
La ausencia del magistrado fue advertida cuando la causa se radicó en el TOF (tras la elevación a juicio) y llevó a los tres jueces a analizar si hubo una irregularidad en el proceso judicial que atraviesan los cuatro hombres oriundos de Paraná, que en la actualidad están procesados por transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.
El fallo de los jueces, al que tuvo acceso AIRE, si bien sostiene que la legalidad estuvo en las audiencias en cuestión (ya que estuvo presente la secretaria del juzgado) “no puede en modo alguno prescindirse de la presencia del juez" porque así lo expresa el código procesal vigente y el cual es la garantía del debido proceso constitucional que el servicio de justicia le brinda al imputado.
En consecuencia, los jueces del tribunal ordenaron anular las indagatorias de los cuatro imputados que tiene la causa que instruyó el juez Rodríguez y cuya investigación estuvo a cargo del fiscal federal Gustavo Onel. Dicha nulidad fue resuelta por mayoría, ya que el juez Sutter Schneider entendió que si bien existe una irregularidad habría meritado una consulta a las partes del caso para determinar si existió o no un perjuicio en la defensa del caso.
Los jueces Lauría y Escobar Cello por su parte, tuvieron en cuenta la valoración de su par, pero entendieron que es necesario que la causa vuelva prácticamente a su inicio y que tanto Rivero sea nuevamente indagado y Fernández, Suárez Puigarnau y Casala efectúen su ampliación indagatoria otra vez en el Juzgado Federal y ante el juez Rodríguez. Por esa razón, ordenaron que las actuaciones sean devueltas a la sede judicial de 9 de julio 1693.
La reciente resolución hizo que el juicio de los “narcoladrones” quede en suspenso pese a que la causa ya fue elevada a juicio en junio pasado. De ahora en adelante, Rivero deberá ser indagado nuevamente, mientras que los restantes Fernández, Suárez Puigarnau y Casala tendrán que nuevamente ejercer su ampliación de indagatoria como lo hicieron en su momento.
Los cuatro, junto con Eduardo Daniel Tarsia (otro imputado), se encuentran acusados de haber asaltado el pasado 21 de marzo una despensa ubicada en Moreno al 4800 del barrio La Orilla de Esperanza. Ese día, un rato antes de las 10, tres hombres ingresaron al comercio y uno de ellos preguntó si había yogur o leche y luego sacó un arma de fuego. “Esto es un asalto”, gritó el ladrón.
Seguidamente, obligó a la dueña del local y a otra mujer que estaba en el lugar a que entregara un maletín con más de 4 millones de pesos. Tras alzarse del botín, encerraron a las víctimas en un baño y fueron hasta un Fiat Palio rojo –dominio LKP-062- que permitió el escape.
Por el asalto se inició una fuerte persecución que terminó con un fuerte choque entre el vehículo que trasladaba a los ladrones y un móvil policial en la Circunvalación de Santa Fe, a la altura de Teniente Loza. Luego del impacto, Tarsia y Fernández terminaron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Mientras que el resto de la banda escapó y cayó en distintas oportunidades en la ciudad de Paraná de donde eran oriundos.
Por la causa, se inició otra investigación que apuntó a la despensa que fue asaltada y cuyos titulares eran Sebastián Andrés “Pepe” Bramuel y su pareja, Vanesa Raquel “La Gringa” Amable. Ambos fueron allanados el pasado 7 de julio y del interior del domicilio los agentes de la Gendarmería Nacional secuestraron $3.365.485,00 y 3.127,36 gramos de cocaína en ladrillos y fraccionados en pequeñas dosis envueltas en nylon verdes.
Tras el procedimiento Bramuel y Amable quedaron detenidos y luego fueron procesados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” en un fallo que dictó el juez federal Rodríguez.
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