Tal vez sea la mayor causa por corrupción en el estado santafesino de los últimos tiempos. Y tal vez la definición de la situación procesal de la mayoría de los acusados deje sabor a poco.
El origen de la causa
La investigación comenzó en mayo del 2016, cuando el ministro de seguridad Maximiliano Pullaro recibió en su despacho una denuncia anónima que ponía al descubierto ciertos manejos irregulares de fondos destinado a la reparación de los móviles policiales, dependiente del departamento de logística, denominado D4.
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El propio ministro se presentó en la sede del Ministerio Público de la Acusación para realizar la denuncia penal correspondiente, que recayó en el fiscal de turno, Dr. Roberto Apullán.
En las primeras diligencias, el acusador público solicitó el allanamiento del D4, con la colaboración de Asuntos Internos.
Se pudo determinar en la documentación secuestrada que uno de los comercios involucrados era un lavadero, que emitía facturas como taller mecánico. También se encontró documentación que vinculaba a un comercio de repuestos y un taller.
Por último se encontraron facturas de autos que habían cargado combustibles, que habían sido reparados, pero en realidad estaban en desuso.
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El proceso judicial
Tras más de un año de recabar evidencia, el 13 de septiembre de 2017 el fiscal Roberto Apullán imputó a ocho personas por el delito de asociación ilícita para defraudar al estado. Los imputados eran tres policías y cinco comerciantes:
A Facundo Testi y a Ariel Villanueva (efectivo policial y contador público) se los acusó de ser jefes de la organización.
A Rafael Grau (exjefe de la Policía provincial) y a José María Leiva (exjefe del D4 de Logística), el fiscal atribuyó haber aportado el ámbito para que las defraudaciones se cometan.
A Noelia Viscari se la imputó como haber sido la responsable de realizar las facturaciones.
Por último, a Andrés Soto, Rodrigo Ruiz y Artemio Viscari fueron acusados de ser miembros de la asociación ilícita configurada en perjuicio del departamento de logística de la policía.
En un primer momento el monto de defraudación se determinó en una cifra cercana a los 96 mil pesos, lo que generó el cuestionamiento de los abogados defensores.
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Sin público
La audiencia de prisión preventiva comenzó el 18 de septiembre por la tarde y se extendió hasta casi las tres de la mañana. En esta audiencia (a la que la prensa no pudo acceder por falta de espacio) brindaron su versión de los hechos todos los acusados.
La suerte de los acusados fue dispar, determinándose la prisión preventiva para el único de los policías acusados que aún se encontraba en funciones, Villanueva, mientras que para Grau y Leiva, retirados, se les dio la prisión domiciliaria.
En cuanto a la situación de los civiles acusados, sólo Testi quedó en prisión domiciliaria mientras el resto recuperó la libertad con ciertas normas de conducta.
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Cambio de fiscal
En noviembre de 2017 la causa pasó de la órbita de Apullán a la de la fiscalía de Delitos Complejos y Violencia Institucional, encabezada por el fiscal Ezequiel Hernández, recientemente incorporado al MPA.
Este cambio se dio en medio de una polémica en la que se vieron involucrados los fiscales Apullán y Martí por solicitar la intervención telefónica de ministro Pullaro y solicitar la detención del comisario Adrián Rodríguez, en marco de otra causa de corrupción policíaca, en este caso por las horas OSPE.
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Desde entonces, el fiscal Hernández logró determinar un monto de estafa superior a ese 96 mil original, detectado por Apullán. En el caso de Leiva, por ejemplo, se le amplió la imputación a una defraudación cercana a los 500 mil pesos.
Al habilitado Villanueva, finalmente se le atribuyó un monto de estafa cercano al millón y medio de pesos, y a Grau una suma que supera los 800 mil pesos.
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Las primeras condenas
En mayo del 2018 se realizó la primera audiencia de admisión de procedimiento abreviado para dos de los acusados.
El contador Ariel Villanueva aceptó una condena de 3 años de prisión con cumplimiento efectivo, una multa de 90 mil pesos, la donación de 600 mil pesos y 800 mil pesos como reparación del daño.
En el caso de Adrián Soto la pena ascendió a 10 años de prisión, ya que además de las atribuciones de asociación ilícita y defraudación del estado, se le sumó la de corrupción de menores por el abuso sexual de su hija biológica y tenencia ilícita de arma de fuego.
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Villanueva recuperó la libertad al poco tiempo de celebrada la audiencia de admisión del abreviado, tras el depósito del dinero que debía retribuir y por el tiempo transcurrido en prisión preventiva.
En junio corrió la misma suerte el ex jefe del departamento de logística, José Leiva, quien asumió su culpabilidad en la imputación que realizó la fiscalía, como miembro de asociación ilícita, coautor de defraudación a la administración pública y autor de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
Leiva aceptó una pena de tres años de prisión (pero recuperó la libertad el mismo día de la audiencia por el tiempo transcurrido en prisión preventiva), además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; se le impuso una multa de $90.000, reparación al ministerio de seguridad por un monto cercano a los $204.000 más una donación a entidades de bien público por $150.000.
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Los dos pendientes
Hasta el momento, sólo los casos de Rafael Grau y Facundo Testi quedan sin resolución. Este último se mostró como imputado “arrepentido” o “colaborador” desde la audiencia de prisión preventiva. El pasado jueves se realizó una audiencia de homologación de esta figura, con lo cual se deberá realizar una nueva imputación ya que esta figura permite bajar el monto de pena al equivalente del delito en grado de tentativa.
La situación del ex jefe Rafael Grau es más compleja. Desde un primer momento el acusado insistió en su inocencia, brindó extensas declaraciones explicando el funcionamiento de las jerarquías dentro de la fuerza policial y desligándose de las actividades delictivas de sus subalternos.
En el mes de junio, cuando se le amplió la imputación, Grau insistió con vehemencia su inocencia: “No soy ni jefe ni parte de ninguna asociación ilícita. No soy un delincuente, nunca fui en contra de la ley”.
Al referirse a la situación del habilitado Villanueva, quien ya recuperó la libertad tras firmar su condena en procedimiento abreviado y cumplir con donaciones económicas y multas, Grau insistió con la estructura vertical de la institución y refirió que el contador ya estaba en el cargo al momento de asumir la jefatura: “Si a mi sus superiores no me notifican de las irregularidades yo no puedo estar al tanto”, insistió Grau.
Por último, sobre la situación del imputado José Leiva, quien se desempeñaba al frente del departamento de logística y que se encamina a una condena en procedimiento abreviado que tendrá su audiencia de admisión el próxima viernes, Grau se mostró dolido porque “fue el abanderado de su promoción, y ahora acepta su culpa en esto”.
En este contexto, su abogado defensor Miguel Ángel Pierri reiteró desde el móvil de Aire de Santa Fe que logrará demostrar la inocencia de Grau en un juicio oral y público.
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