El templo en donde la organización llevaba a sus víctimas y las sometías a las "sanaciones egipcias".
Foto/ Gentileza
La Cámara Correccional del Crimen de la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, confirmó el procesamiento con prisión preventiva que pesa sobre la funcionaria judicial de Santa Fe imputada de integrar una asociación ilícita que cometió estafas mediante el ofrecimiento de la terapia alternativa de sanaciones egipcias, entre enero del 2014 y marzo del 2021.
Se trata de Liliana Marcial quien, previo a su detención, oficiaba como secretaria de la Oficina de Atención de Víctimas de Violencia de Género y Doméstica de los Tribunales de Santa Fe, cargo que ocupaba desde 2019 y en el cual se encuentra suspendida provisoriamente por orden de la Corte Suprema provincial.
La reciente medida, a la que tuvo acceso AIRE, fue resuelta por el juez de alzada Javier Rojo y confirmó lo que había dispuesto en su momento la fiscal de Cura Brochero, Analía Verónica Gallarato, que instruyó la investigación.
La mujer santafesina permanece detenida desde el 20 de abril del 2021, cuando policías cordobeses, junto con sus pares santafesinos de la Agencia de Investigación Criminal, irrumpieron en el domicilio particular de la mujer ubicado en calle Francia al 2700. En ese entonces fue identificada y trasladada a la provincia de Córdoba, en donde fue indagada e imputada como miembro de una asociación ilícita que cometió, entre el 1 de enero del 2014 y 17 de marzo del 2021, fraudes, coacciones y ejercicio ilegal de la profesión de psicología en perjuicio de una serie de personas que practicaron sanaciones egipcias con Álvaro Juan Aparicio Díaz y su pareja, Laura Carolina Cannes, los sindicados cabecillas de la organización investigada.
En el caso de Marcial, la fiscal Gallarato le imputó a la funcionaria “haber aportado a la asociación ilícita conocimientos jurídicos”, ya que según develó la investigación, colaboró en la redacción de contratos. No obstante, la fiscal cordobesa la acusó de haber sido quien aconsejó a otro de los imputados en la causa de cómo hacer para no ser apresado por la policía.
Por ejemplo, según establecieron las escuchas interceptadas en la pesquisa, Marcial le dijo al acusado Claudio Andrés Urtiaga, previo a ser detenido y cuando pesaba un pedido de captura, “que trate de no hacer nada para que la Policía lo pare”. A su vez, le recomendó “viajar de noche, así la gente del pueblo no lo veía”.
En tanto, fue acusada de ser quien, tras el desbarate de la banda, “redactó comunicados para los miembros de la fundación cuando aparecieron las primeras detenciones y se puso a disposición para colaborar con la defensa de los detenidos”.
Tales imputaciones fueron apeladas por la defensa de Marcial, a cargo de Vilma Cech, quien planteó ante el juez Rojo, que en la causa hay una “ausencia de elementos de convicción suficientes para demostrar la existencia de las conductas ilícitas atribuidas a su defendida”.
La letrada también apuntó a que durante la investigación no fue acreditado que el accionar de su clienta hubiese ordenado a otro o ejecutado algún acto jurídico dentro de la fundación que la involucre en los hechos. Junto a eso, Cech argumentó que la causa no probó “la existencia de la intención dolosa que estructura el tipo penal cuestionado”.
A casi un año de esa imputación y tras analizar los cargos, el juez Rojo, desestimó los planteos de la defensa y confirmó los cargos atribuidos sobre la mujer santafesina. De hecho, consideró que por la pena en expectativa, que parte de los 3 y llega los 10 años de prisión, puede haber riesgos procesales, como por ejemplo el de fuga.
El juez no solo rechazó la excarcelación de Marcial, sino también la del resto de los implicados: Carolina Lourdes Altamirano, Flavia Noelia Stefanich, Noelia Elizabeth López, Gabriela Alejandra García, Verónica Gabriela Floridia, Liliana Cristina Elizabeth López, Gabriela Alejandra García, Verónica Gabriela Floridia, Liliana Cristina Dariomerlo, Maximiliano Iciksonas, Claudio Andrés Urtiaga, Álvaro Juan Aparicio Díaz y Carolina Laura Cannes. Estos dos últimos, acusados de ser los cabecillas de la organización.
Por el caso hay más de diez personas que radicaron denuncias en contra de la organización, que operaba por medio de la Escuela Internacional de "Kábalah Científica y Meditación Egipcia". Mediante declaraciones y pericias psicológicas, los investigadores del caso establecieron que el módus operandi de la organización se basaba en captar personas que atravesaban cuadros de estrés y depresión.
Una vez adentro, las víctimas debían aportar, de manera semanal o mensual, importantes sumas de dinero por clases o cursos. Sin embargo, cuando una persona intentaba desvincularse de la organización, sufría una supuesta embestida por parte de los integrantes de la “fundación” que tenía como eje los escraches en redes sociales o quizás presentaciones judiciales.
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