Se trata de dos hombres y una mujer imputados como por desviar armamento, que adquirían como legítimos usuarios, a un circuito ilegal de Santa Fe.
En el caso intervino personal de la Policía Federal que en diciembre pasado hizo los allanamientos para detener a las personas investigadas.
La Justicia confirmó la prisión preventiva para tres personas que fueron detenidas por una causa que investiga un circuito ilegal de armas de fuego que funcionaba en la ciudad de Santa Fe y la región.
Se trata de dos hombres, identificados como Emanuel Blanco y Roque Sebastián Garcilazo y una mujer llamada Daiana García, todos imputados por adquirir armas como legítimos usuarios y luego desviarlas al mercado negro.
La reciente confirmación se dio en el marco de una serie de audiencias realizadas en la Cámara de Apelaciones y en donde dos jueces por separado (Sebastián Creus y Bruno Netri) resolvieron dejar firme el encierro preventivo de los tres santafesinos.
A Blanco, la Fiscalía le imputó haber adquirido, en su calidad de legitimo usuario, un total de nueve armas de fuego entre 2022 y 2025 que luego fueron entregadas a terceros aún no identificados. Se cree que la adquisición del armamento tuvo un costo cercano a los 5 mil dólares.
En lo que respecta a Garcilazo, la investigación detectó que tenía 10 armas de fuego registradas a su nombre, pero ninguna se encontraba en el domicilio de guarda declarado ante la ANMAC (ex RENAR) al momento de realizarse el allanamiento, en diciembre pasado. Además, su situación fiscal, como monotributista de la categoría más baja, no coincide con la capacidad económica que habría necesitado para adquirir dicho armamento, valuado en aproximadamente 4.000 dólares.
Mientras que García, la cual adquirió ocho armas entre el 2023 y 2024 pero cuando la policía allanó su casa en el marco de la causa no encontró ningún armamento declarado ante los organismos oficiales.
El caso salió a la luz en diciembre pasado, cuando agentes de la Policía Federal ejecutaron 17 allanamientos en Santa Fe, Recreo y Esperanza a partir de una investigación proactiva impulsada por la fiscal Juliana González que integra el Equipo de Trabajo de Abordaje Estratégico sobre Armas de fuego de la Fiscalía General.
Como resultado de esos procedimientos, fueron imputadas nueve personas (hombres y mujeres) por la provisión de armas de fuego agravado por la habitualidad, un delito cuya pena parte de los cuatro años y puede llegar a los 15 de prisión. Se estima que los nueve imputados adquirieron en el periodo investigado un total de 154 armas y la mayoría no se halló en los lugares de guarda que declararon ante la ANMAC.
De los nueve imputados, siete quedaron en prisión preventiva por lo que recientemente a tres se les confirmó la medida cautelar luego de una revisión en la Cámara de Apelaciones de los tribunales de Santa Fe.
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