Se trata de un grupo de legítimos usuarios que son titulares de más de 150 armas que no las tenían en su poder en los domicilios que habían declarado.
En el caso intervino personal de la Policía Federal que hizo 17 allanamientos y detuvo a nueve personas.
La medida judicial fue dictada luego de tres audiencias realizadas en tribunales y las cuales estuvieron encabezadas por los jueces penales, Sebastian Szeifert, Cecilia Labanca y José Luis García Troiano.
El caso está a cargo de la fiscal Juliana González que imputó a los acusados del delito de provisión ilegal de armas de fuego calificado (por habitualidad) en el marco de una causa que el pasado 3 de diciembre que derivó en la ejecución de 17 allanamientos.
Tras los fallos judiciales, desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que los imputados son titulares de 154 armas y la mayoría de las cuáles no se hallaron en los lugares de guarda que habían declarado ante los organismos oficiales.
A su vez, aclararon que la principal hipótesis es que las armas que faltan fueron introducidas en el circuito ilegal. “De hecho, algunas fueron secuestradas en hechos de violencias altamente lesivas cometidos por otras personas”, explicó la fiscal González a través de un parte de prensa.
La investigación detectó que entre 2016 y este año, los imputados compraron numerosas armas que en general son de calibres 9, 40 y 380 milímetros, las cuales tienen un alto poder ofensivo. “Estimamos que en total invirtieron aproximadamente 54.300 dólares –equivalentes a alrededor de 80 millones de pesos–, cuya procedencia ninguno puede justificar legalmente”, destacó la fiscal.
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