Condenaron a una mujer que simuló ser docente de danzas y abogada para trabajar en escuelas de Santa Fe
Una mujer de 51 años fue condenada por presentar títulos falsos al Ministerio de Educación para obtener diferentes cargos como docente en Santa Fe.
La mujer presentó títulos falsos para dar clases de danzas folclóricas en diferentes escuelas de Santa Fe.
La Justicia federal de Santa Fe condenó a una mujer de 51 años por haber defraudado al Estado provincial durante seis años con la presentación de títulos docentes falsos.
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El fallo judicial lleva la firma del juez de Cámara Luciano Lauría, y la condena fue impuesta en el marco de un juicio oral realizado en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe.
La falsa docente, identificada como Andrea Patiño, recuperó la libertad tras ser condenada a dos años y tres meses de ejecución en suspenso; además, se le impuso una prohibición perpetua para ejercer cargos públicos, y una serie de reglas de conductas entre las que se destaca realizar trabajos no remunerados en una institución de bien público.
Títulos falsos
La causa, investigada por el entonces fiscal federal Walter Rodríguez y representada en el juicio por el fiscal general Martín Suarez Faisal, permitió demostrar que Patiño ejerció como docente en diferentes escuelas de la provincia, entre 2014 y 2020, cargos a los que accedió tras haber presentado títulos apócrifos.
Patiño simuló su condición de profesora de arte en danzas folclóricas, tango y clásico mediante la presentación de títulos que supuestamente habían sido expedidos por el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA / actual UNA). Por estos seis años en ejercicio de la docencia, el Ministerio de Educación le pagó a la mujer $550.020,42.
Además, en mayo de 2018, Patiño presentó ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe un título analítico y diploma falsos de abogada, que supuestamente habían sido emitidos por la Universidad de Buenos Aires (UBA), a fin de lograr nuevos nombramientos para cargos docentes.
En este caso, la mujer no logró su objetivo ya que se verificaron varias irregularidades en el documento y se corroboró que Patiño no integraba el padrón de graduados de la UBA.
Engaño al descubierto
El Departamento de Títulos, Certificados y Legalizaciones del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe detectó irregularidades formales al analizar los documentos presentados por Patiño para su registro (anomalías en sellos, firmas, leyes citadas y formatos). Ante estas inconsistencias, el Ministerio de Educación provincial inició expedientes e investigaciones administrativas y emitió una resolución para profundizar el control sobre los legajos y títulos.
En el caso de los títulos de Arte y Danza supuestamente emitidos por IUNA / UNA, se detectó que en el anverso figuraban firmas correspondientes a decanos de distintas unidades académicas; además, consignó una duración de 4 años, cuando los planes de estudio oficiales del Instituto Universitario Nacional del Arte tienen una duración de 5 años.
También es detectó que el formato y oficina de trámites eran incorrectos: el reverso presentaba formularios de certificación de firmas de la Provincia de Santa Fe propios de Enseñanza Privada (anteriores a 2009) e indicaba como oficina de trámite al "Servicio Provincial de Enseñanza Privada", inadecuado para un instituto universitario
Los títulos presentados por Patiño incluían normativas provinciales (como la Ley Provincial Nº 150/73 o el Decreto-Ley Nº 19988/72) que corresponden a títulos provinciales y no universitarios, los cuales deben ser legalizados por Gestión Universitaria; además, el tramo final de la legalización carecía de la firma de autoridades del organismo emisor
Finalmente, la Universidad Nacional de las Artes (UNA) confirmó que Patiño no estaba registrada como egresada y que la documentación resultaba incongruente con sus certificados oficiales.
En cuanto al presunto título de Abogacía emitido por la UBA, se corroboró que el diseño del certificado analítico se asemejaba más a un título de nivel medio que a uno universitario; además carecía de la legalización de Gestión Universitaria y presentaba en su lugar sellos de supervisores de nivel medio de la provincia y ciudad de Buenos Aires.
Entre otras irregularidades detectadas en este documento, el certificado analítico no contaba con ninguna de las dos estampillas de código de barras exigidas, y la verificación del código de barras arrojó que Patiño no figuraba como graduada universitaria.
Finalmente, las autoridades que firmaban el diploma y el analítico no ejercían funciones al momento del supuesto egreso señalado en el documento, año 2017, todas las asignaturas figuraban aprobadas únicamente en el mes de noviembre de cada año, a diferencia de los planes reales donde las materias se aprueban en diversos meses, y la Facultad de Derecho de la UBA corroboró que la imputada no figuraba en el Padrón de Graduados.
Denuncia, juicio y condena
Una vez constatada la falsedad de los instrumentos a través de los informes universitarios, el propio Ministerio de Educación de Santa Fe realizó la denuncia formal que dio inicio a la causa penal contra la imputada.
La investigación quedó a cargo del fiscal Walter Rodríguez, quien en abril de 2023 presentó la requisitoria de elevación a juicio a Patiño, acusada como autora de los delitos de defraudación contra la administración pública en concurso ideal con el uso de documento público adulterado y defraudación contra la administración pública en grado de tentativa en concurso ideal con el uso de documento público adulterado.
Finalmente el juicio se realizó en septiembre de 2026; Patiño fue asistida por el defensor público Fernando Sánchez y la defensora pública coadyuvante Rebeca Mazzón, quienes habían solicitado una suspensión de juicio a prueba y la nulidad del procesamiento.
El juez rechazó estas pretensiones de la defensa, y pasado el juicio el juez Lauría condenó a Patiño a dos años y tres meses de prisión de ejecución en suspenso, disponiéndose su inmediata libertad, ya que la mujer había sido detenida un día antes del juicio para asegurar su presencia en el debate.
También se le fijó impuso una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el cumplimiento de reglas de conducta durante el mismo plazo de la condena, entre las que se destaca realizar trabajos no remunerados a favor de una institución de bien público.
