Se trata de un guardia de 37 años, identificado como Matías Nicolás Contreras, el cual por medio de un juicio abreviado aceptó una pena de 3 años de prisión por los delitos de cohecho pasivo reiterado; y tenencia indebida de arma de fuego de guerra.
La pena se unificó en siete años, ya que sobre el carcelero pesa además otra condena dictada en el Tribunal Oral Federal en febrero pasado y la cual impuso una pena de seis años de prisión efectiva.
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La sentencia fue dictada por el juez penal Pablo Spekuljak tras un juicio abreviado que cerró el imputado, por medio de la defensora pública, Magalí Mazza y la fiscal de Delitos Complejos, Laura Urquiza.
Celulares, bebidas alcohólicas y drogas
Los cargos por los que Contreras se hizo responsable ocurrieron entre 2021 y 2022 y fueron descubiertos a partir de escuchas telefónicas interceptadas en una causa que impulsaba la fiscal Urquiza.
Se cree que durante ese periodo, el penitenciario -en ejercicio de la función pública que desempeñaba- recibió dinero para ingresar celulares, bebidas alcohólicas, artefactos eléctricos y estupefacientes a los internos alojados en el Pabellón 10 de la Unidad Penitenciaria N°2 en donde oficiaba como celador.
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Penal Las Flores
Ingreso a la cárcel de Las Flores de la ciudad de Santa Fe.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Tales ingresos ocurrieron entre por lo menos el 23 de diciembre del 2021 y el 10 de febrero del 2022, cuando la Fiscalía ordenó la detención de Contreras previo a su ingreso al establecimiento carcelario ubicado en avenida Blas Parera al 8800.
Entre las escuchas detectadas por la Justicia, surgieron algunas que demostraron cómo se daban las transas que hacía el penitenciario con familiares o allegados de presos para ingresar distintos elementos al penal. Por ejemplo:
—Quería saber si usted podía pasarle algo a Luis.
—Si, dígame que quiere pasar.
—Un 25 y un pendrive. ¿Cuánto me sale?
—3 mil. —¿Usted cuando entraría?
—Yo entro hoy a las 19. Mañana se lo pasaría. Avísame si me lo querés alcanzar.
Producto de esas escuchas, la fiscal Urquiza ordenó su detención, la cual se concretó el 10 de febrero del 2022 y fue realizada por personal de Asuntos Internos (de la Agencia de Control Policial) que sorprendieron al penitenciario y descubrieron que entre sus prendas tenía cocaína.