Valdés (izquierda y con buzo negro) y Higinio Bellaggio (derecha con poluver rojo) el día que quedaron detenidos con prisión preventiva.
Archivo/ Aire Digital
Mariano Valdés, el exjefe de la Delegación Santa Fe la Policía Federal que en 2019 protagonizó un confuso tiroteo en la ruta 9 y a causa del mismo terminó detenido por una causa de presunto tráfico de drogas, fue condenado a un año y diez meses de prisión tras un juicio oral y a puertas cerradas que se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal.
El fallo, dado a conocer durante la tarde del jueves, fue dictado por un tribunal conformado por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Germán Luis Antonio Sutter Schneider, los cuales declararon a Valdés, de 54 años, autor responsable del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público en la modalidad de abuso de autoridad”. La sentencia también alcanzó al exjefe de la delegación local de la PFA, Higinio Alberto Bellagio (44), quien fue absuelto de culpa y cargo.
La medida dispuso también que ambos exjefes sean liberados de manera inmediata y concluyan su estadía en el Instituto Penal Federal Colonia Pinto (Unidad 35) perteneciente al Servicio Penitenciario Federal de Santiago del Estero, lugar en el que estuvieron detenidos, de manera preventiva, durante casi dos años.
La resolución ordenó también restituir a la fuerza federal el auto Ford Focus -dominio AB069BQ-, sin identificación, en el cual viajaba Valdés, junto con una suboficial, el día que ocurrió el tiroteo en la autopista, en jurisdicción de la localidad de Fighiera, a 30 kilómetros de la ciudad de Rosario. Por aquel ataque, el exjefe recibió un balazo en la ingle y otro en el hombro.
El tribunal dispuso también enviar las copias de audio y video y el acta del debate a la Fiscalía Federal en turno para que investigue la probable comisión del delito de falso testimonio por parte de un testigo de identidad reservada y de un funcionario policial identificado como Víctor Ángel D. Sobre este último, los jueces ordenaron además que se ponga en conocimiento al actual jefe de la Policía Federal Argentina.
El reciente debate, que tuvo su inicio el pasado 12 de agosto, se llevó a cabo en el edificio del TOF santafesino y del mismo participaron el fiscal Martín Suárez Faisal y los abogados de los dos imputados: Víctor Ramón Corvalán, Evelyn Quain y Silvio Omar Piorno.
Tanto Valdés como Bellagio llegaron al debate acusados de haber cometido una multiplicidad de delitos: abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionario público; sustracción de elementos de prueba; empleo de servicios de la administración pública; falso testimonio y confabulación para el tráfico de estupefacientes.
Los cargos fueron atribuidos en el marco de una causa que dirigió el fiscal federal N°2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, y cuyo inicio fue el tiroteo que protagonizó Valdés el 9 de septiembre del 2019 en la autopista Rosario-Buenos Aires. Tal ataque ocurrió cerca de las 20.50 en el kilómetro 253 y por el mismo Valdés fue hasta una estación de servicios en donde terminó siendo socorrido. Luego quedó internado en un Samco de Arroyo Seco.
En un principio, la causa que investigó el ataque estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Villa Constitución, Eugenia Lascialandare, y su par rosarino, Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del mismo organismo judicial. Ambos fiscales, ordenaron una serie de medidas que tuvieron como corolario un allanamiento en la sede la Delegación Santa Fe de la Policía Federal el 20 de septiembre. Ese día también ordenaron la detención de Valdés y Bellgagio tras detectar que ambos habrían cometido una serie de ocultamientos a la Justicia en el marco de la investigación del tiroteo en la autopista.
Los dos policías fueron llevados a una audiencia que tuvo lugar en los tribunales de Villa Constitución y en donde los fiscales Lascialandare y Edery les atribuyeron una serie de hechos delictivos: en el caso de Valdés, la imputación fue por “incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado, sustracción de material probatorio, falsedad ideológica y falso testimonio”; mientras que Bellaggio fue acusado de “sustracción de elementos probatorios, incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento”. Tras ser imputados, la jueza penal María Sol Usandizaga, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó que ambos policías permanezcan detenidos con prisión preventiva.
Con el correr de los días, la investigación de Edery y Lascialandare reveló, en base a un peritaje realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que un bolso secuestrado en la camioneta de Valdés, y el cual se sospecha iba en el auto de la fuerza el día del tiroteo, contenía partículas de “metanfetaminas”.
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Tras el peritaje, el fiscal federal Walter Rodríguez pidió tener competencia en el caso y en un principio el entonces juez Francisco Miño se la denegó por lo que tuvo que recurrir a la Cámara de Apelaciones de Rosario, en donde el camarista, Aníbal Pineda, dio luz verde al fiscal santafesino para que se quede con la causa de Valdés.
Rodríguez acusó a Valdés y Bellaggio de haber utilizado aquel móvil policial en beneficio propio y ajeno de la función policial para trasladar un bolso marca Adidas en el que supuestamente había estupefacientes. Tras el tiroteo, dicho bolso quedó en el vehículo y según el criterio del fiscal fue retirado luego por Bellggio quién viajó desde Santa Fe hasta el Samco de Arroyo Seco a donde había sido internado su jefe.
El “misterioso” bolso fue hallado el 20 de septiembre en la camioneta Mitsubishi L200 D azul que era propiedad de Valdés y la cual fue inspeccionada por agentes de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) frente a la Delegación Santa Fe de la PFA.
El 5 de enero del 2020 el juez federal N°2, Francisco Miño, procesó al Comisario y su segundo, por “confabulación para el transporte de estupefacientes” agravado, “incumplimiento de deberes”, “sustracción de pruebas”, uso de bienes del Estado para el “provecho propio” y además “falso testimonio”.
Cuatro meses después, el fiscal Rodríguez decretó la clausura de la investigación y formuló el requerimiento de elevación a juicio contra los dos exjefes de la Delegación local de la PFA. Un año y medio después, tres jueces del Tribunal Federal determinaron condenar a Valdés solo por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público en la modalidad de abuso de autoridad” por lo que descartó que haya organizado un posible transporte de drogas con Bellaggio.
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