Las cámaras de los teléfonos celulares captan hechos que antes quedaban en la más absoluta oscuridad. Los abusos de las fuerzas de seguridad estatales son una de esas situaciones que cada tanto toman dimensión mundial cuando trascienden imágenes de injustificadas golpizas contra ciudadanos a manos de policías de Estados Unidos que, habitualmente descargan toda su furia xenófoba contra negros y latinos.
Una de las historias recientes fue la que tuvo como víctima a George Floyd, el hombre afroamericano ahorcado en mayo de 2020 por el agente Dereck Chauvin de la policía de Minneapolis, Estados Unidos. El hecho inspiró el cortometraje (32 minutos) ganador del Oscar 2021: “Dos completos desconocidos”, que narra el karma de un hombre negro agobiado por esa latente posibilidad de ser objeto del abuso policial. Una problemática de la misma condición humana.
En Santa Fe también ocurren situaciones gravísimas, donde las víctimas son los más desprotegidos, indefensos y limitados para conocer sus derechos frente a los atropellos de las fuerzas de seguridad. En el procedimiento quedaron involucrados cuatro policías provinciales por la feroz golpiza que sufrió Maximiliano Heredia, de 31 años, un joven que murió bajo idénticos patrones de odio y brutalidad como los que sufrió George Floyd. Una secuencia policial de rutina, pero frenética y mortal.
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Una cerveza, un altercado y la intervención policial
Maximiliano era un muchacho tranquilo que vivía con su madre –el padre falleció hace unos meses– en una casa ubicada sobre la calle Brown al 2200 del barrio Supe. La noche del 30 de junio salió a comprar una cerveza a un minimercado ubicado a no más de 50 metros de la casa. Cada tanto, el joven sacaba fiado y su madre pagaba al otro día. Ese era el acuerdo.
Pero un nuevo empleado del negocio que no estaba al tanto del trato le negó la bebida a Maxi, que refunfuñó, pegó media vuelta y se fue a su casa. Una versión indica que un transeúnte imaginó que el cliente podría generar alguna gresca, y le hizo señas a un patrullero del Comando que pasaba por la cuadra.
Según el acta policial “pese a recibir la voz de alto por parte del inspector Rodolfo M., Maximiliano comenzó a correr cuando estaba llegando a su casa. Trató de abrir la puerta, no pudo y M. le dio alcance. En ese instante se produce un forcejeo, lo cual motiva la intervención del suboficial Adrián F. Un testigo directo observó que lo pusieron boca abajo esposado en la vereda, le realizaron maniobras de presión sobre la cabeza y lo golpearon.
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Maxi Heredia tenía 31 años y vivía con su mamá. Había perdido a su padre pocos meses antes. Por su muerte están detenidos cuatro policías que revisten en San Lorenzo.
Golpeado, descompensado en el patrullero y muerto a 80 kilómetros
A los pocos minutos llegó un segundo patrullero al mando del oficial Rodrigo G., acompañado de su colega Walter A. La investigación del caso, encabezada por la fiscal de San Lorenzo Melisa Serena, describe que en esa instancia el policía A., sin mediar palabras, le propinó un golpe de puño en el rostro a Heredia. Luego todos los oficiales lo subieron a la caja de la camioneta.
Mientras era trasladado a la sede del Comando Radioeléctrico de San Lorenzo, “o paseado, sin saber qué ocurrió arriba del móvil”, según dijeron a Aire Digital los abogados de la familia de la víctima, Heredia tuvo una descompensación y fue llevado al Hospital Granaderos a Caballos de esa ciudad.
Lo reanimaron y lo derivaron al Hospital San José de Cañada de Gómez, a 80 kilómetros. Surge un primer interrogante desde el sentido común: por qué se decidió llevarlo a esa localidad cuando hay opciones más cercanas, como el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria o Clemente Álvarez de Rosario. La fiscal ya pidió historias clínicas para indagar sobre ese punto.
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Heredia finalmente murió a las 4 de la mañana en la sala de terapia intensiva del hospital cañadense. El informe preliminar de autopsia bajo el protocolo de Minnesota (por tratarse de una muerte en custodia de fuerzas de seguridad del Estado), estableció que Maximiliano tenía hematomas y contusiones en todo el cuerpo: espalda, cara, brazos, piernas, y hasta en los tobillos.
La causa de muerte aún no fue determinada, pero un perito de parte de la defensa y el relevamiento de un médico policial de Cañada de Gómez confirmaron la gran cantidad de lesiones. Esa evidencia, pericias genéticas sobre los móviles policiales, los testimonios de los familiares y de un testigo, fueron incorporadas al legajo penal. La hipótesis más firme es que Heredia falleció tras sufrir una brutal golpiza policial.
Con la pesquisa penal en marcha, el Ministerio de Seguridad ordenó el pase a disponibilidad de los cuatro policías. El 8 de julio quedaron detenidos por indicación de la Fiscalía. El procedimiento fue encargado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que allanó los domicilios particulares de los agentes en las localidades de Álvarez, San Lorenzo, Helvecia, y en la misma ciudad de Santa Fe.
En una audiencia celebrada dos días después ante el juez Eduardo Romanini, la fiscal Serena calificó el hecho y la conducta de los agentes como coautores de un homicidio preterintencional (no tuvieron intención de provocar el resultado muerte), y solicitó la prisión preventiva por 60 días. El juez aceptó el encuadre, pero ordenó prisión preventiva efectiva para los cuatro agentes por 40 días.
“Desprecio por la vida, desquiciados”
En contacto con Aire Digital, uno de los abogados de la familia de la víctima descartó que la muerte se haya dado por causas naturales, aunque se espera el resultado final de la autopsia. El abogado penalista Daniel Ojeda, indicó que “es un claro caso de abuso policial y desprecio hacia la vida humana”.
Recordó que Maximiliano vivía con su mamá, “era tranquilo, no molestaba a nadie, lo conocía todo el barrio. Tenía la costumbre de tomar una cerveza como cualquiera. Pero es increíble pensar que un día salió de su casa y no volvió más. A las cinco horas le avisaron a su madre que estaba muerto. Ni siquiera se puede pensar que era un ladrón, no cometió ningún delito, es una locura”, graficó el profesional, que litiga junto a sus colegas Ricardo Silva y Damaris Leguizamón.
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En relación a la investigación, Ojeda detalló que queda mucha prueba por colectar y espacios temporales por descifrar. “Hay un testigo que observa cuando lo tienen en el piso boca abajo, lo golpean en la cara y después le pegan todos los policías. Además se podrían sumar testimonios de vecinos que vieron un tramo del hecho detrás de las ventanas de sus casas. Los agentes estaban desquiciados, a tal punto que le hicieron una toma de presión con la rodilla en la cabeza muy parecida a la del caso Floyd”, cotejó el profesional con el homicidio de Estados Unidos.
El abogado puso un manto de dudas respecto a otro momento que no tiene respuesta. “Hay un agujero negro cuando lo suben a la camioneta y lo comienzan a pasear, es imposible saber qué ocurrió durante ese período. Después aparece todo golpeado en el hospital de San Lorenzo, e inexplicablemente lo derivan a un hospital de Cañada de Gómez cuando hay opciones más cercanas”.
Específicamente sobre la mecánica del hecho, recordó que Heredia fue como siempre al kiosco a comprar la cerveza cerca de las 23, pero el empleado era nuevo, no sabía del acuerdo con la madre, que pagaba después. El cliente se molestó porque le negaron la bebida, tal vez hizo un ademán, pero se retiró enojado y nada más. Como pasó el patrullero, alguien advirtió del entredicho. Hay evidencia que ni siquiera hubo persecución, la víctima se va caminando cuando es interceptada en la calle por el primer policía”, describió Ojeda.
Agregó que cuando el chico observa al agente acercarse, “allí recién corre unos 20 metros hasta su casa, intenta abrir la puerta con un manojo de llaves, no puede y en ese momento lo sacan, lo reducen en el piso, lo esposan boca abajo y comienzan los golpes, también de los policías del segundo móvil que llegó de apoyo”, remarcó el abogado penalista.
Imputación menor ante un hecho gravísimo
El procesional advirtió que la imputación de homicidio preterintencional “aparece como un delito sumamente menor ante una situación de violencia institucional tan grave. Lo vamos a evaluar, pero no descartamos hacer planteos en ese sentido, porque la fiscal no tuvo en cuenta los apremios ilegales. Se trata de policías, que deberían conocer los límites de la fuerza que emplean, tener resguardo a la hora de reducir y detener a una persona. Le provocaron lesiones mortales, eran cuatro contra uno”, advirtió Ojeda.
Los cuatro policías quedaron en prisión preventiva hasta el 19 de agosto, luego de que esta semana la jueza de la Segunda Instancia Penal, Bibiana Alonso, confirmara la medida cautelar sobre dos de ellos (los primeros en intervenir). La mamá y una hermana de Heredia ya formalizaron el pedido de constitución como querellantes.
Juan Cruz Vitali, historia reciente y trama de encubrimiento
En el historial reciente de Capitán Bermúdez, se recuerda otra absurda muerte a manos de la policía. La de Juan Cruz Vitali, de 23 años, que tras evadir con su auto un control de rutina, fue perseguido por la policía, y terminó asesinado con un disparo en el cráneo el 12 de mayo de 2019.
Por ese hecho está acusado como autor del disparo mortal el ex comisario Sergio “Chamuyo” Di Franco. En este caso además se ventiló una trama de encubrimiento cuando tres altos jefes de la Unidad Regional XVII fueron imputados en mayo pasado por orquestar un plan para manipular pruebas, con el objetivo de hacer pasar el homicidio como un accidente.
Cuando hace un mes el subsecretario de Control Institucional de la Policía provincial, Diego Rodríguez, dispuso el pase a disponibilidad de cuatro oficiales, ordenó profundizar la investigación sumarial sobre el accionar de otros siete altos mandos por sus supuestos vínculos con el encubrimiento del crimen de Juan Cruz.
En Argentina, según relevamientos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), entre 1983 y noviembre de 2020 murieron 7.587 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto policías provinciales como federales. La entidad propone una “agenda antirrepresiva” con una serie de medidas “urgentes” con capacidad para reducir la letalidad cotidiana del accionar de las fuerzas de seguridad.
