Cobrar a cualquier precio: la brigada de Microtráfico de la PDI acusada de armar un falso allanamiento para disciplinar a un vendedor que pagaba a otra fuerza
Un vendedor de drogas de Villa Gobernador Gálvez pagaba a otra fuerza de seguridad por información e impunidad, lo que habría generado el accionar ilegal de dos oficiales de la PDI.
La investigación que terminó con la detención de dos oficiales de la división Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario no describe un hecho de corrupción aislado sino un sistema que es histórico.
La investigación que terminó con la detención de dos oficiales de la división Microtráfico de la Policía de Investigaciones( PDI) de Rosario no describe un hecho de corrupción aislado sino un sistema que es histórico. Como ejemplo, sirve para recordar la División Judiciales de la URII, que era parte de la banda de Esteban Alvarado hace más de una década atrás.
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Según la acusación que el fiscal José Luis Caterina expuso ante la jueza Melania Carrara, dentro de esa división de la PDI funcionaba una estructura de recaudación: un "jefe de inteligencia" -figura que no existe formalmente- que cobraba una “cuota” a puntos de venta de droga, un oficial de confianza que hacía de nexo y una regla básica que un policía arrepentido resumió en una frase: les decían “a quién sí se podía allanar y a quién no se podía tocar”.
El caso de la brigada de Microtráfico de la PDI acusada de armar un falso allanamiento
En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe siguen de cerca este caso, a la espera de que la fiscalía analice los teléfonos secuestrados y otras evidencias. Prefieren ser cautos, en un ambiente policial donde los pases de factura muchas veces se hacen de esta manera. Por eso, prefieren esperar a que esté el resultado de las pericias y tener un mapa más amplio, si hay una estructura corrupta que vive de los narcos.
Una entradera que investiga la Fiscalía fue la consecuencia directa de ese esquema. Un vendedor de drogas de Villa Gobernador Gálvez, Gonzalo Carmelé, pagaba a otra fuerza de seguridad por información e impunidad, pero no aportaba a Microtráfico de la PDI, o no lo hacía en la misma medida. Para los recaudadores eso era una deuda. Y cobrarla implicó entrar a su casa con pasamontañas, armas y una orden de allanamiento falsa.
De acuerdo con la imputación, en mayo de 2025 Leandro Ezequiel Blasetti, oficial numerario de una brigada de Microtráfico, se enteró de que Gonzalo Carmelé. “tributaría dinero a fuerzas policiales a cambio de información e impunidad y que no estaría haciendo lo propio con PDI Microtráfico”. Blasetti llevó el dato a José Esteban Duch, entonces jefe de inteligencia de la división, quien le dijo que “hablaría con los jefes”. Por esos días la víctima empezó a ser hostigada por personal de la PDI.
Hacer lo que sea necesario para que Carmelé abone lo que debe pagar a PDI Microtráfico
Poco después Duch reunió a Blasetti y a Jonathan Rotar, jefe de la brigada en la que trabajaba Blasetti, “y les indica que hay que hacer lo que sea necesario para que Carmelé abone lo que debe pagar a PDI Microtráfico”, sostuvo Caterina. En esa misma reunión, agregó el fiscal, “se determina que se hará un apriete bajo la forma de una entradera disimulada en un allanamiento”.
Uno de los dos imputados que ahora colaboran con la Fiscalía ubicó esa reunión en el despacho de la brigada, a principios de abril, con tres presentes: Duch, Blasetti y él. Preguntado por quién dio la orden, respondió: “Duch”. Y precisó qué se resolvió: “Se ordenó que se haga lo que sea para que Carmelé accediera a elevar el monto”. Según este declarante, la línea no se bajó solo a Microtráfico sino también al área de Inteligencia de la PDI.
El 19 de mayo de 2025, a las 7.15, un Ford Focus negro con vidrios polarizados llegó a la casa de la familia del vendedor de drogas en calle Pablo VI al 900, en Villa Gobernador Gálvez. Al volante iba Pablo Jesús Mogianovski, el único civil del grupo, un hombre que había tenido relación comercial con la víctima en la venta de droga años atrás y que aportó la información sobre el domicilio y el dinero. Según el relato del fiscal, la esposa de Gonzalo Carmelé volvía de llevar a un hijo al colegio cuando Romina Galván, de negro y con chaleco policial, bajó con un arma en la mano: “Abrí la puerta, es un allanamiento”. La mujer preguntó si tenían orden. Blasetti, también vestido de policía, le mostró una carpeta.
Pasamontañas y gorras de la Policía de Santa Fe
Adentro dormían el hombre y una hija de dos años. Blasetti subió con el arma en la mano y lo redujo. Después bajó Rotar, el más alto de los tres. Todos llevaban pasamontañas y gorras de la Policía de Santa Fe. Sentaron a la pareja en una mesa y Blasetti leyó, sin exhibirla, una orden de allanamiento que él mismo había confeccionado. Todo era trucho. Dijeron que era de un juzgado federal, pero cuando el dueño de casa preguntó de cuál, no le respondieron. Los testigos que la pareja reclamaba, les decían, estaban “en camino”.
Lo que siguió después fue una negociación. La víctima dijo que en la casa había tres millones de pesos para comprar mercadería y otros 200.000 para gastos, y que droga no tenía. “Si tenés droga, es momento de arreglar ahora”, le contestó Blasetti, según se esgrimió en la audiencia. El hombre respondió que no tenía nada que arreglar. Según la acusación, los policías fueron explícitos sobre la naturaleza del hecho: “Vos sabés lo que yo hago acá. Carmelé, esto es simple, vos no decís nada, vos no denunciás, yo no vuelvo”. Y Galván destacó: “No te hagas el boludo, que vos ya sabés cómo es esto”.
Se llevaron el dinero, los celulares, los pasaportes de la familia y el DVR de las cámaras. La despedida, atribuida a Blasetti, fue otra amenaza: “La próxima el allanamiento va a ser más grave”.
Uno de los colaboradores describió el mensaje de otro modo ante la Fiscalía: a la víctima “se le dijo que ya sabía lo que tenía que hacer”. Y contó qué respondió el hombre: que él “aportaba lo que correspondía a quien ya sabían y punto”. Ese “quien” era, según el declarante, “un jefe que vive en Soldini”. El fiscal admitió que el testigo no identificó a esa persona, pero entiende que “estaría vinculado a la misma fuerza policial”.
¿Disparo de un arma oficial?
Cuando los policías se fueron empezó un capítulo de una serie de Netflix. Gonzalo Carmelé rompió los precintos y salió a perseguir al Focus en su Toyota Etios. El recorrido fue largo: Villa Gobernador Gálvez, la ruta 225, la autopista a Buenos Aires. Chocó al auto de los policías tres veces. Al pasar junto a un patrullero gritó “me robaron”, pero ningún móvil se sumó. En la colectora, el Focus frenó de golpe, el Etios volvió a impactarlo y desde el asiento trasero un hombre le disparó. El plomo quedó en el habitáculo. El cotejo balístico determinó que salió de la pistola Bersa Thunder 9 provista por la provincia a Rotar.
La víctima terminó denunciando ante un puesto de Infantería en la autopista. Su relato, destacó Caterina, “se va a mantener a lo largo de las distintas declaraciones” sin variaciones.
El mismo día, Mogianovski radicó en la comisaría 21 una denuncia falsa por el robo del Focus, a nombre de su hermano y con un teléfono alterado en un dígito. Quien la recibió fue una policía que había ingresado a la fuerza el mismo día que Galván, en 2010. El auto se escondió en la casa que Galván compartía con Rotar, su pareja, y después en un desarmadero de Cochabamba al 7300, donde apareció en junio de 2026 junto a otros vehículos con pedido de secuestro.
La causa estuvo un año detenida en otra fiscalía. El giro llegó en mayo de 2026 con un testigo de identidad reservada que nombró a Galván, a un “Jonathan” policía y a Mogianovski, y aportó un detalle que Caterina subrayó: la víctima les había dicho a los asaltantes “ustedes son de Microtráfico”, y “ahí Romina se asustó”. Para el fiscal, esa reacción es reveladora: si la víctima venía siendo hostigada por la PDI, “es dable pensar que era no por atendibles tareas investigativas”, sino “porque querían que abonara” lo que, “a criterio de los recaudadores, debía abonar”.
Rotar y Galván fueron detenidos el 9 de junio de 2026. Mogianovski, con medio kilo de cocaína y una pistola 9 milímetros en su casa, poco después. Pero el cuarto hombre no aparecía y Duch ni siquiera estaba en el radar.
Dos declaraciones clave en el marco de las investigaciones a la PDI
Lo que cerró el círculo fueron las declaraciones de dos imputados colaboradores, tomadas el lunes previo a la audiencia. Uno de ellos, que fue jefe de brigada, describió el rol de Duch con precisión: “Era quien se ocupaba de la parte de recaudación, por así decirlo, de lo que es el área de Microtráfico, en lo que es los puntos de venta”. Y sobre la víctima: como “no estaba abonando lo que correspondía o estaba abonándole más a otra fuerza de seguridad”, había que “hacer lo que fuera” para que pagara “un monto mayor de lo que sería una cuota”. ¿A quién? “Al señor José Duch”.
El mismo declarante ubicó a Blasetti como el hombre de confianza del recaudador: Blasetti “se manejaba con Duch por atrás, aparte de lo que fueron las brigadas”; “ellos eran la parte recaudadora, ellos dos”. El dato sobre los pagos de Gonzalo C. a otra fuerza, dijo, llegó por “un tal Gastón”. Blasetti se lo pasó a Duch y Duch “le informa a la superioridad”: los jefes Ferrer y Bompar. Caterina fue cuidadoso en este punto: ambos fueron allanados, pero “no hay una referencia directa o más sólida” que los vincule con el robo. Lo que los testigos dicen, aclaró, es que la información sobre el no pago “habría llegado a los jefes”.
La declaración abrió además otra ventana. Al ser consultado por circuitos de dinero ilegal, el colaborador habló de “una disputa entre lo que era el recaudador de PDI, digamos, de droga, que era Duch, y el de la UR2”, la Unidad Regional II de la policía provincial. Entre junio de 2023 y agosto de 2024, dijo, los dos esquemas “chocaban en los lugares que tenían que recabar”. Duch “renegaba” porque desde la Unidad Regional “le iban con los vehículos a apretar los puntos” que ya le habían pagado a él.
El robo, en ese marco, fue descripto por el otro colaborador como “una mandada de los jefes a apretar a Carmelé”. El botín, según él, “lo tuvo Blasetti siempre en su poder”; los demás esperaban una parte que nunca llegó.
Duch y Blasetti fueron detenidos el 27 de octubre de 2026. A Blasetti lo encontraron en un recreo de un curso de ascenso. Dio como domicilio la casa de su madre en Santa Fe, dato que resultó falso; su hermano explicó que no vivía allí desde que entró a la policía en 2017. En el domicilio de la familia de su pareja, también policía, se secuestraron un chaleco con la inscripción “Brigada Antinarcóticos” y una hoja con el nombre de Blasetti y la leyenda “equipo de trabajo sobre microtráfico de la Fiscalía General del MPA”. En un departamento de calle Tucumán al que se accedió con las llaves de ella, la madrugada de la audiencia, había una remera de la PDI y una caja con más de 300 CDs de escuchas de la justicia federal, aún sin relevar.
En la casa de Duch, en San Lorenzo, apareció una balanza digital y una moto Honda sin credencial que sería un móvil no identificable de Microtráfico. “Está bien, un funcionario policial puede utilizar un vehículo no identificable”, dijo el fiscal, pero advirtió que "llama un poco más la atención que lo esté usando como propio”.
La Fiscalía imputó a Duch como instigador y a Blasetti como coautor de robo calificado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, agravado por su condición de policías. En la audiencia imputativa de junio, la víctima había dicho: “Sufrí una persecución muy grande de la PDI”.
