Las amenazas llegaban en sobres cerrados y los cuales tenían logos y tarjetas fúnebres.
María Eugenia Duarte, la mujer de 60 años que fue detenida por realizar amenazas a ministras y concejales de la ciudad de Santa Fe, fue recientemente imputada en una audiencia que tuvo lugar en tribunales y en donde la Fiscalía ventiló los esotéricos métodos que utilizaba para intimidar a sus víctimas.
Acusada de realizar “amenazas calificadas reiteradas”, quedó bajo la lupa de la Justicia por haber enviado cartas anónimas, entre 2021 y 2023, a la entonces Ministra de Educación, Adriana Cantero, y de Infraestructura, Silvina Frana y los concejales santafesinos, Luciana Ceresola (mandato cumplido) y Carlos Suárez.
Si bien se estima que la mujer envió cartas anónimas a infinidad de personas, la causa encabezada por la fiscal Laura Urquiza, constató solo cuatro hechos que configuraron amenazas. El primero remonta al 8 de junio del 2021 y tuvo como víctima a la entonces ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, quien recibió en la sede la cartera educativa, un sobre que en su interior contenía cenizas y la propaganda de una cochería fúnebre de la ciudad de Santa Fe.
Las otras dos amenazas ocurrieron el 13 de septiembre de ese mismo año, cuando los concejales santafesinos, Luciana Ceresola y Carlos Suárez, recibieron por separado sobres que tenían un papel con un membrete de cocherías fúnebres y una inscripción que decía “así vas a terminar”, junto con un poco de cenizas.
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El último hecho tuvo como víctima a la ministra Frana, que el pasado 26 de junio, recibió en su despacho de Casa de Gobierno, un sobre que decía “Para Silvina Frana” y dentro tenía un puñado de cabellos y obleas pegadas con el logo de dos cocherías fúnebres de la capital provincial.
A partir de las denuncias, las cuatro amenazas fueron unificadas en una sola investigación que derivó el último miércoles en un allanamiento ejecutado por policías del Organismo de Investigaciones que allanaron el domicilio de Duarte, ubicado en un edificio de 1° de Mayo al 2500 de la ciudad de Santa Fe.
En el interior del domicilio, los investigadores hallaron elementos vinculados a la causa, como por ejemplo, un sobre con recortes periodísticos y notas manuscritas.
La mujer, por su parte, fue esposada y subida al patrullero para luego ser identificada y quedar a disposición de la Justicia para su audiencia de imputación de cargos en tribunales.
La imputación se dio el jueves ante el juez Sergio Carraro, en donde la fiscal Urquiza le atribuyó haber realizado cuatro hechos, entre 2021 y 2023, y los cuales fueron encuadradas como “amenazas calificadas reiteradas”.
Asistida por la defensora oficial, Gisela Alemandri, la mujer guardó silencio y acordó medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, mudarse a la zona de Colastiné y presentarse periódicamente al Ministerio Público de la Acusación para demostrar que está sujeta al proceso judicial que la tiene imputada.
En tanto, el juez dispuso que sea examinada ante una Junta de Salud Mental, para determinar su estado psíquico actual.
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