Un hombre de 52 años identificado como Carlos Dante R., conocido en Rosario como “el Chantapufi”, quedó en prisión preventiva imputado como coautor de diez hechos de estafas cometidos junto a su esposa, C. F., quien simulaba ser contadora pública. La imputación al matrimonio fue concretada por el fiscal Mariano Ríos Artacho de la Unidad de Delitos Económicos del MPA de Rosario.
El hombre estuvo prófugo durante varios meses en Buenos Aires hasta que se entregó en la AIC
Gentileza AICLa audiencia se desarrolló en la sala 9 de la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal de Rosario, ante el juez Nicolás Foppiani, quien tuvo por admitida audiencia imputativa para ambos acusados, donde además se dispuso la prisión preventiva para el hombre y se dictó la libertad bajo fianza para la mujer por un acuerdo entre las partes.
Falso broker
El fiscal relató los hechos atribuidos a los dos imputados, consistentes en haber realizado maniobras fraudulentas ofreciendo a la víctima plazos fijos de presuntas empresas de seguros y mutuales, con tasas nominales anuales del 55, 56, 58 y 61% (en relación a los plazos fijos en pesos) y tasas de los plazos fijos en dólares del 13% o del 16%; luego, emitían los formularios falsos de constitución de los plazos fijos y también los formularios de ampliación y de renovación a nombre de las empresas aseguradoras.
Cuando los imputados no pudieron abonar el capital aportado junto a los intereses, las víctimas comenzaron a reclamar el pago de los mismos, por lo que suscribieron un reconocimiento de deuda y abonaron sólo la suma de 1.000 dólares. Ríos Artacho precisó que en la primera de las estafas imputadas, con su accionar delictivo, los imputados ocasionaron un perjuicio de 3.209.750 pesos y de 110.561 dólares a la víctima.
El segundo de los hechos data de 2014, cuando ofrecieron plazos fijos apócrifos; la víctima invirtió 661.000 pesos, y la suma de 1.401 dólares, ésta última con una tasa trimestral del 10%. Ante el vencimiento del plazo y la falta de pago, los acusados ofrecieron como forma de pago un vehículo, que nunca entregaron. Dicho accionar, ocasionó un perjuicio económico por la suma de 661.000 pesos y 1.401 dólares.
El tercer hecho imputado fue que desde el año 2012 al 2020; en este caso, la víctima comenzó a invertir el 31 de diciembre de 2012; primero aportó 100.000 pesos por 180 días a una tasa anual del 33%, renovando 12 veces; la última vez fue el 14 de diciembre de 2020, por 6.246.945 pesos, por el plazo de 360 días y una tasa anual del 62%. Ante el vencimiento del plazo, la falta de pago, la víctima reclamó el dinero y el imputado realizó entregas parciales hasta llegar a la suma de 3.000 dólares. “Le ocasionaron un perjuicio económico de 11.470.959 pesos”, detalló el fiscal.
El cuarto hecho fue realizado entre los meses de mayo y junio del año 2021; en este caso, la víctima entregó 17.000 dólares para un plazo fijo a 90 días, con una tasa del 10%. Al vencimiento del plazo, C.R entregó sólo 1.000 dólares provocando a la víctima un perjuicio económico de 16.000 dólares.
La quinta estafa fue realizada en enero de 2021: en este caso, ofrecieron un plazo fijo en dólares a 60 días, con una tasa del 12%. La víctima entregó 20.000 dólares. Ante el vencimiento del plazo y la falta de pago, la víctima reclamó el reintegro de lo invertido, y C.R. entregó 180.000 pesos, en tres oportunidades, y dos cheques por 25.300 pesos que fueron rechazados por falta de fondos.
El hecho seis fue cometido desde el año 2014 al 2020; en este caso la víctima constituyó varios plazos fijos apócrifos: el primero por 300.000 pesos, por el plazo de 360 días a una tasa nominal anual del 36% y el segundo por 1.380.000 pesos, por el plazo de 180 días por la tasa del 52% anual. Con dicho accionar, la víctima sufrió un perjuicio económico por 1.680.000 pesos.
El séptimo hecho se les atribuye desde el año 2014 al 2020: ofrecieron a la víctima constituir un plazo fijo apócrifo por el plazo de 90 días, con una tasa del 23%. Hizo varias entregas por la suma total de 5.500.000 pesos y 164.967 dólares; el imputado le solicitó a la víctima si podría cambiarle cuatro cheques por la suma total de 1.200.000 pesos, y le entregó otros cuatro cheques que fueron rechazados por falta de fondos. En este caso el perjuicio a la víctima fue por 6.400.000 pesos y de 164.967 dólares.
El octavo hecho ocurrió durante el año 2021: los acusados ofrecieron a la víctima constituir un plazo fijo en dólares con un interés de 15% a 90 días, la víctima entregó 5.000 dólares y C.R le ofreció comprar dólares diferido, que lo abonaba a 15 o 20 días, y entregó la suma de entre 10.000 y 14.000 dólares. Este accionar le causó a la víctima un perjuicio económico de 15.000 dólares.
El noveno hecho se les atribuye durante el año 2021: los acusados ofrecieron a la víctima constituir un plazo fijo de 5.000 dólares, a 30 días a la tasa del 10%. En este caso el perjuicio económico fue por ese monto, ya que no recuperó nada del dinero entregado. El décimo hecho imputado ocurrió durante los años 2018 y 2019: en este caso, ofrecieron a la víctima constituir un plazo fijo en dólares con una tasa de interés 13% en 60 días. La víctima invirtió 20.000 dólares. Dicho accionar, le provocó un perjuicio económico por la suma de 16.100 dólares, ya que la víctima pudo cobrar la suma de 3.900 dólares.
En tanto, la mujer, C.F., fue imputada por haber defraudado a la víctima simulando ser Contadora Pública Nacional y la asesoró en los meses de marzo y junio de 2017 en relación a una serie de presentaciones que debía realizar ante la AFIP. La imputada cobró honorarios entre 800 y 1.600 pesos, y le causó un perjuicio económico a la víctima, que además fue sancionado por la AFIP por el término de 3 meses en los cuales no pudo operar en su profesión.
Delitos
C.F. y C.R. fueron imputados como coautores de estafas en diez hechos. Mientras que para el hombre se acordó mantener la prisión preventiva, a la mujer se le dictó la libertad con las siguientes obligaciones: constitución de domicilio; caución real de $300,000 la que deberá ser depositada como condición necesaria para su libertad; presentación semanal ante la Oficina de Gestión Judicial y prohibición de todo tipo de contacto a las víctimas.
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