Ambos sospechosos, oriundos de Rosario, fueron imputados este martes por la fiscal Gabriela Arri. Por el caso ya hay tres hombres en prisión preventiva.
El robo ocurrió en junio de 2024 en una vivienda de barrio Sur.
La causa que investiga una violenta entradera en una vivienda del barrio Sur de Santa Fe tuvo este martes la imputación de los últimos dos involucrados en el hecho. El caso se remonta a junio de 2024, cuando un grupo de hombres ingresó en la residencia de un matrimonio octogenario, los golpearon y se alzaron con un importante botín.
La investigación, a cargo de la fiscal Gabriela Arri, logró identificar a los involucrados, todos hombres oriundos de Rosario, y así cayeron los primeros tres sospechosos. Otros dos lograron mantenerse prófugos por un año, hasta que cayeron detenidos por delitos similares.
Eric Juan Pablo García, representado por el abogado particular Daniel Andrés Giordano, y Hugo Maximiliano Echeveste, representado por la defensora pública Ileana Echaniz, se encuentran detenidos en unidades penitenciarias en el sur de la provincia y participaron de la audiencia por videoconferencia.
En la audiencia imputativa, realizada en la sala 2 ante el juez Sebastián Szeifert, Arri repasó los hechos atribuidos a García, como coautor, y a Echeveste, como partícipe necesario, y que comparten con Ivo Meza, Maximiliano Zárate y el futbolista Leandro Berti.
El 12 de junio de 2024 cerca de las 4:30, García y Meza ingresaron a una vivienda ubicada en Monseñor Zaspe al 3000, lugar de residencia de un matrimonio de 88 y 85 años, tras forzar una ventana. Los imputados se dirigieron hasta el dormitorio, y mientras García amordazó a la mujer y la amenazó con un arma blanca, Meza se abalanzó sobre el hombre y lo golpeó en la cabeza.
Luego, abrieron la puerta de ingreso de la vivienda para permitir que entre Zárate al lugar; mientras éste buscaba elementos de valor, García y Meza continuaban amenazando a las víctimas. Finalmente, la mujer les entregó una importante suma de dinero en moneda nacional y extranjera: las víctimas habían retirado diner del banco, ya que tenían previsto hacer viaje para festejar sus cumpleaños.
Tras hacerse del botín, el grupo huyó a pie hasta la intersección de Monseñor Zaspe y 4 de Enero, donde los aguardaba Echeveste a bordo de un VW Fox gris, propiedad de Meza.
La Fiscalía destacó que el grupo no podría haber cometido el hecho sin la complicidad de Leandro Berti, quien alquilaba un departamento en el 10mo piso de un edificio ubicado en 4 de Enero al 1600, cuya cochera linda al sur con la propiedad de las víctimas, y desde donde García y Meza lograron subir al techo de la vivienda.
Entre la evidencia para sostener la imputación reciente a García y Echeveste, la Fiscalía enumeró la gran cantidad de cámaras de vigilancia públicas y privadas que permitieron reconstruir el recorrido del automóvil, así como detectar la chapa patente.
Además, el hallazgo de la cartera de la víctima en inmediaciones de Aristóbulo del Valle al 11000, donde en su interior se encontró un carnet de conducir a nombre de Maximiliano Zárate; también se destacan los impactos de antena de los teléfonos celulares, las prendas de vestir y elementos vinculados al robo secuestrados en los allanamientos, y mucha más evidencia reunida por los investigadores.
García y Echeveste fueron imputados por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, por ocasionar lesiones graves a las víctimas, por ser cometido en poblado y en banda, por efracción y por escalamiento. García fue imputado como coautor del hecho, y Echeveste como partícipe necesario.
La Fiscalía solicitó audiencia para tratar la prisión preventiva de ambos para el viernes 1 de agosto, sin embargo, Giordano, abogado de García, advirtió que el imputado se encuentra en prisión con varias causas similares en trámite, "tiene diez carpetas judiciales en toda la provincia", destacó, y adelantó que no iba a discutir la prisión preventiva, por lo que su situación procesal fue resuelta este martes.
En tanto, la situación de Echeveste se definirá el viernes en horario a determinar por la Oficina de Gestión Judicial.
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