En los primeros días del 2020, la Fiscalía de Delitos Complejos presentó la acusación contra los ex comisarios Rafael Grau y Omar Odriozola. Ambos se encuentran imputados como jefes de una asociación ilícita que se dedicaba a defraudar al estado santafesino a través de supuestos arreglos en móviles policiales.
Rafael Grau cumple arresto domiciliario desde septiembre del 2017
Archivo / Aire DigitalLos fiscales Mariela Jimenez y Ezequiel Hernandez anticiparon que pedirá una pena de 9 años de prisión para ambos policías retirados en una causa que tiene al resto de los coimputados cumpliendo penas arribadas a través de procedimientos abreviados (ver Condenados).
En una entrevista realizada por Ignacio Mendoza en Será Justicia, el abogado defensor de Rafael Grau, Miguel Ángel Pierri, remarcó la “irregularidades” del inicio de la investigación, y la diferencia de criterios mantenidas en su momento por el fiscal Roberto Apullán, y el fiscal actual, Hernández: “llama la atención la falta de equidad en el tratamiento... con la misma imputación, los mismos hechos, el ex jefe Odriozola está en libertad y Grau detenido”, comparó.
En similar sentido expuso las distintas situaciones atravesadas por los contadores habilitados de la fuerza, Villanueva, detenido junto a Grau y el resto de los primeros coimputados, y Patriarca, imputado hace pocos meses junto con Odriozola: “Patriarca arriba a esta investigación porque esta defensa lo propone como testigo, y el fiscal Hernández se encontró con que no lo podía tomar como testigo porque lo tenía que imputar. Con la misma imputación que Villanueva, el contador Patriarca nunca estuvo detenido… Ustedes pueden decir: bueno, Hernández tuvo un criterio distinto, por supuesto, pero el principio de equidad e igualdad es para todos, si no se detiene con igual responsabilidad de autoría no se detiene a nadie”, remarcó Pierri.
Para el defensor, esta situación “me exime de cualquier tipo de opinión, eso habla de una clara persecución a alguien que lejos de ser responsable fue quien desde el primer día bregó por la transparencia en la actividad policial”, y agregó: “vamos a poder demostrar tranquilamente que Grau es ajeno a toda esta cuestión”.
En relación a los coimputados en la causa, el letrado remarcó que “todas las personas que arribaron a una condena en juicio abreviado, a excepción del comisario Leiva, el resto ocupaban sus posiciones en sus lugares desde la administración de Odriozola”.
“Grau no puede responder por las inconductas de estos señores, al contrario, estos señores formaban parte de las personas que Grau quería combatir. No se le puede asignar una responsabilidad de Superman o de Todopoderoso que solo en 60 días pueda desarticular…. ¿Usted qué cree que las normativas que Grau dispuso en su asunción tenía como vista? Eliminar las irregularidades que veía cualquier jefe policial que buscaba la transparencia.
En este sentido Pierri remarcó el contexto político en el que Grau asume la jefatura de la policía, en los últimos meses de la gestión de Antonio Bonfati. El defensor argumentó que “Grau recibe un arrastre… Cuando un funcionario llega a su despacho le lleva un tiempo conocer, y estos malos funcionarios vienen de una gestión anterior”. Tras tres meses al frente de la fuerza, el ex comisario presentó su renuncia, que no fue aceptada.
El defensor insistió en la “interna política” que derivó en la detención de Rafael Grau, y apuntó contra el ex ministro de seguridad, Maximiliano Pullaro: “las visiones que tenía sobre el funcionamiento institucional de la policía Grau, un policía de piel y espíritu, y el ex ministro Pullaro, eran distintas. Y creo que la policía de su provincia, como el resto, está muy afectada por tintes de corrupción, por distintos manejos. La visión que tenían para emprender esta etapa eran distintos: Grau tenía una, Pullaro tenía otra. Deberían haberle aceptado la renuncia y dejarlo retirar en paz, aún frustrado por no poder realizar lo que quería hacer”.
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Sobre lo que depara la causa de ahora en adelante, tras la presentación de la acusación, Pierri se manifestó esperanzado en la realización de la audiencia preliminar: ”esperamos con mucha expectativa la audiencia preliminar, porque vamos a ver realmente cuales son las pruebas contra Grau. No va a encontrar una escucha telefónica, no va a encontrar una directiva… Grau está en otra situación, una interna política que no supieron resolver, y Grau es un convidado de piedra a esta causa”.
“Esperamos que nos toque un juez con una visión independiente, libre para decidir y que valore objetivamente las pruebas. Solo esperamos que nos toque un juez independiente, que pueda juzgar esto libre, sin presiones, sin que la política entre por la puerta para que la justicia se vaya por la ventana”, insistió.
Audio ► La entrevista completa con Pierri en Será Justicia
Condenados
Además de los dos exjefes acusados, hay otras nueve personas que ya fueron condenadas –cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo– en juicios en los que se abreviaron los procedimientos. Además se logró la recuperación de más de cinco millones de pesos en concepto de reparación económica, donaciones y multas. El monto recuperado es la suma de los pagos realizados por los condenados a lo largo de los últimos tres años. A valor de hoy, actualizado por la inflación, el dinero recuperado es mayor.
Las personas condenas hasta el momento son:
• Raúl Alberto Patriarca de 50 años, policía, exhabilitado de la Jefatura provincial de la Policía, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; pago de una reparación económica de 40.658,98 pesos (25 mil pesos en concepto de capital y 15.658,89 pesos en concepto de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.
• Ariel Hernán Villanueva de 44 años, policía y Contador Público Nacional, exhabilitado de la Jefatura provincial de la Policía, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 795.922 pesos (600 mil en concepto de capital y 195.922 en concepto de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 600 mil pesos a cinco entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.
• José María Leiva de 53 años, policía, exjefe del departamento de Logística de la Policía Provincial, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 204.420,50 pesos por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 150 mil pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA. Además de la condena por ser miembro de la asociación ilícita, coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública y autor de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
• Facundo José Testi de 42 años, civil, dueño o responsable tributario del comercio “T-gráfica”, organizador de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo; pago de una reparación económica de 1.430.836,67 pesos (1 millón de capital y 430.836,67 de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 1 millón de pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.
• Rodrigo Exequiel Ruiz de 30 años, civil, dueño o responsable tributario del taller “Servicio Mecánico”, miembro de la asociación ilícita:condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional.
• Maximiliano Edgardo Ambrosio de 38 años, civil, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a instituciones de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.
• Noelia Biscari de 40 años, civil, dueña o responsable tributario del comercio de repuestos “TC Repuestos”, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de 90 mil pesos de multa al MPA.
• Artemio Biscari de 42 años, civil, dueño o responsable tributario del comercio de repuestos “TC Repuestos”, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de 90 mil pesos de multa al MPA.
• Andrés Daniel Soto de 41 años, chapista, dueño o responsable tributario del taller “Los Hermanitos”, miembro de la asociación ilícita: condena a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. En este caso, la pena fue por integrar la banda criminal, por la defraudación a la administración pública y también por la autoría de los delitos de corrupción de menores agravada (por el vínculo y la guarda) en perjuicio de una niña menor de edad, y tenencia de un arma de guerra sin la debida autorización legal.
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