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Causa Bolsafé: empiezan las indagatorias a los integrantes del Mercado de Valores 

Los primeros cuatro imputados fueron citados para este miércoles en el juzgado federal a prestar declaración indagatoria por su responsabilidad en el control de Bolsafe Valores.

A tres años de que el fiscal federal Walter Rodríguez solicitó indagar a 19 integrantes del Mercado de Valores del Litoral por su responsabilidad en el marco de la causa Bolsafe, este miércoles fueron convocados los primeros cinco imputados a prestar declaración indagatoria en el juzgado federal.

Se trata de Marcelo Fink, José Néstor Tabares, Pablo Guillermo Tabares y José Luis Renzulli, quienes fueron convocados a comparecer ante el juez Marcelo Bailaque, subrogante en el juzgado federal nro. 2; según la citación original, las indagatorias continuarán el 9 de octubre con la presentación de Luis Ángel Puig y Alfio Martín Re. En tanto, María Soledad Platino, Alex Castelví, José María Candioti, Alfredo César Calabrese, Juan Luis Catuogno y Walter Fabian Bernacchi deberán presentarse en el juzgado los días 13 y 14 de octubre.

Rodríguez solicitó las indagatorias para deslindar las responsabilidades de estas personas, que ocuparon cargos de jerarquía en el Mercado de Valores del Litoral, entidad encargada de controlar el funcionamiento de Bolsafé. El fiscal realizó este pedido al inicio de la investigación, en 2013, y fue reiterado especialmente en septiembre de 2018 tras recibir un informe realizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

En este informe se repasaron las actividades de control ejercidas por el Mercado de Valores del Litoral, respecto a Bolsafé Valores SB S.A., BV Emprendimientos y Mario Rossini, quien presidiera ambas sociedades. Bolsafé llegó a contar con 13.000 comitentes en cartera y durante años ocupó el primer lugar como agente del MVL ya que fue el agente que más operaciones con títulos valores realizó en los años 2004, 2005, 2011 y 2012.

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El fiscal Rodríguez y miembros de la investigación  en una inspección a Bolsafe.

El fiscal Rodríguez y miembros de la investigación en una inspección a Bolsafe.

Irregularidades

El informe de la PROCELAC detalla tres sumarios administrativos que MVL impulsó a la empresa Bolsafe y a sus directores tras las irregularidades detectadas en las auditorías realizadas entre los años 2003 a 2012.

Se entiende también que estas decisiones administrativas no fueron suficientes y que los integrantes del MVL incurrieron en delitos de omisión. “Ciertos sujetos se encontraban en posición de garante con relación a la actividad desplegada por Rossini, sus socios, sus empleados y empresas vinculadas y la omisión consciente de esas funciones de supervisión da lugar a una intervención en los delitos correspondientes” precisa el informe.

En el periodo de tiempo que se realizaban las maniobras delictivas, los integrantes de MVL que debían ejercer la función de control fueron: Luis Ángel Puig, Alfredo Cesar Calabrese, Juan Luis Catuogno, Jorge Ghiano, Ruben Fink, José María Candioti, José Néstor Tabares, José Luis Renzulli, Alex Castellví, María Soledad Platino, Ernesto N. García, Jorge Bocchietti, Flavia María José Sánchez, Germán Huber, Mario Di Lucca, Walter Bernacchi y Alejandro Paillet.

Se entiende que estas personas tenían el deber de supervisar el accionar de los coautores y realizar contribuciones para impedir la comisión de los delitos que se realizaban. Entienden los fiscales de la PROCELAC que al no realizar estas tareas se los debe responsabilizar por esa omisión delictiva.

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Un grupo de damnificados se concentraron en la puerta del Tribunal Oral Federal en el inicio del juicio a Mario Rossini y demás integrantes de Bolsafe.

Un grupo de damnificados se concentraron en la puerta del Tribunal Oral Federal en el inicio del juicio a Mario Rossini y demás integrantes de Bolsafe.

Estado de confusión

El informe aportado por la Procuraduría determina que este proceder del MVL generó un “estado de confusión” que ocasionó la “desprotección patrimonial e indefensión en el público inversor”, permitiendo el desarrollo y la continuidad de “toda la operatoria de captación, despojo y transferencia” realizada desde una sociedad sujeta a fiscalización por parte del MVL (Bolsafé) hacia una empresa controlada por Rossini (BV Emprendimientos). El MVL conocía que Rossini presidía las dos entidades y “decidieron omitir de modo sistemático y sostenido” adoptar recaudos para impedir la maniobra.

Para los fiscales de la PROCELAC “no puede quedar duda alguna” acerca del conocimiento que tenía el MVL sobre la maniobra desarrollada por Rossini y sus colaboradores. Entienden que la medida a adoptar debía haber sido intimar a Rossini al “cese inmediato de la operatoria”, pero sólo requirieron diferenciar los domicilios legal, fiscal y comercial de Bolsafe y BV Emprendimientos. Así fue que esta última se traslado a un inmueble a 50 mts del original.

Según el informe “tal resolución demostró que a los directores del MVL sólo les interesaba desligarse de la posible responsabilidad futura que les pudiera caber frente a las irregularidades que realizaban las empresas de Rossini, más no proteger al público inversor”.

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Juicio

En tanto a fines de agosto comenzó en el Tribunal Oral Federal el primer juicio oral y público de la megacausa Bolsafé, en el que son juzgadas un total de nueve personas por la administración fraudulenta de la firma Bolsafe Valores, que estafó a más de 400 ahorristas hasta el 2012. El titular de la firma, Mario Rossini, se encuentra acusado de ser coautor de los delitos de administración fraudulenta durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2003 hasta fines de diciembre de 2012, y captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva.

El debate se desarrolla ante el tribunal conformado por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Guilermo Sutter Schneider, quienes deben analizar la prueba presentada por la Fiscalía General, a cargo de Martín Suárez Faisal, integrantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y los querellantes que tuvo el caso, Carlos Reyna, Enrique Muller y Leandro Corti.

En el banquillo de los acusados se encuentra Mario Rossini, en su carácter de propietario de la firma que funcionó en San Jerónimo y Juan de Garay, su hermano Omar y siete empleadas: María Mercedes Leiva; Marisa Laura Valdez; Patricia Lorena Berrino; María Lorena Molinas; Daniela Reatti; Carolina Fany Pavarin; y Miriam Sabella. Todos ellos siguen el debate por videoconferencia desde sus hogares.

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