El crimen a sangre fría con un certero disparo en la cabeza del pastor evangélico y ex concejal Eduardo Trasante, sacudió la tarde rosarina hace poco más de un año. Desde entonces no hay certezas sobre los autores materiales del resonante asesinato, y mucho menos las motivaciones que tuvieron para ponerle fin a la vida de un hombre que militaba la paz y luchó contra cualquier forma de violencia. Hay personas imputadas relacionadas a la logística del caso, y se pendula sobre algunas hipótesis, pero nada concreto. Denuncian que la investigación está paralizada.
El 14 de julio de 2020 la historia de la violencia rosarina generó un sacudón, porque la víctima no era un hombre más en la vida social de la ciudad. Trasante, de 54 años, se había ganado el respeto y reconocimiento de buena parte de los vecinos. Es que con su voz de predicador templada y segura militó incansablemente el reclamo de justicia tras lo que se conoció como el Triple Crimen de la Villa Moreno, hecho en el que su hijo Jeremías fue una de las víctimas inocentes acribilladas el 1º de enero de 2012.
Pero la tragedia volvería a presentarse en su vida, porque en febrero de 2014 sufrió la muerte de su otro hijo Jairo a la salida de un boliche del microcentro. Por esa época, Trasante esperaba con paciencia el recordado juicio oral y público contra los acusados por la masacre Villa Moreno, algunos de los cuales tenían fuertes vínculos con la banda de Los Monos.
El semblante de un pastor
Eduardo ponía la cara y reclamaba Justicia ante los medios, se plegaba a las marchas de las personas que habían sufrido la pérdida de un familiar, amigo o allegado en hechos violentos o de inseguridad. A la par continuaba con su obra pastoral, incluso recorriendo calabozos y pabellones evangélicos de los penales. Se dice que en una oportunidad, tuvo cara a cara al asesino de su hijo, y lo perdonó bajo el mandato de sus creencias.
Ese reconocimiento público lo llevó a obtener una banca como concejal por el partido Ciudad Futura, espacio que desde un primer momento generó acciones, aglutinó a los vecinos de la Villa Moreno y propuso una mirada social amplia sobre el fenómeno de la violencia en los barrios periféricos, la estigmatización que recae como algo dado cuando se producen muertes inocentes a manos de bandas criminales.
El pastor asumió su banca y al poco tiempo quedó en medio de una polémica. Renunció a fines de 2018 luego de trascender que tuvo una conducta indecorosa con una integrante del partido. Desde ese espacio se activó un protocolo interno, y le pidieron que dejara el lugar en el bloque. En ese momento la situación fue confusa por falta de comunicación clara respecto a lo ocurrido.
Igualmente Trasante continuó su labor evangelizadora, se alejó de la Villa Moreno y alquiló una casa de pasillo en San Nicolás al 3800, en el barrio Bella Vista, donde se mudó con su pareja y una hija pequeña de 12 años. Paradójicamente, se asentó en una zona donde varios de los condenados por la muerte de su hijo Jeremías resolvían los conflictos a balazos.
A las 14.47 del 14 de julio del año pasado, dos hombres se pararon en la vereda y tocaron el timbre de la casa de Eduardo. Su pareja, Carolina Leones, atendió y los desconocidos argumentaron que buscaban a una de las hijas mayores del pastor. Apenas una excusa. A punta de pistola redujeron a la mujer y la arrastraron varios metros por el pasillo. Cuando entraron a la casa, uno de los maleantes desenfundó una pistola y ejecutó a Trasante a sangre fría con un tiro en la frente.
La víctima alcanzó a esquivar un disparo previo que le perforó la mano izquierda al ponerla delante de su rostro. No le dieron tiempo a nada. Según los registros de las cámaras de videovigilancia apostadas en la zona, los autores del homicidio ya se habían ido de la casa a las 14.53. En seis minutos concretaron un crimen que en ese momento despertó todo tipo de especulaciones y connotaciones políticas e institucionales.
Un año, varios interrogantes
Trasante no era una víctima más, y de arranque se descartó un intento de robo como hipótesis. El caso quedó en manos del fiscal Gastón Avila, que ante la complejidad del hecho, ordenó pesquisar con sigilo. Pero los interrogantes son abrumadores. ¿Quién asesinó a un hombre tan visible en la comunidad y cuáles fueron las motivaciones? ¿Fue un acto mafioso en venganza de los laderos de los condenados a altísimas penas por el triple crimen? ¿Se generó algún resquemor entre los internos que trataba en su trabajo en las cárceles? Son preguntas que la pesquisa no pudo descifrar.
A un año del asesinato, Ciudad Futura realizó un acto virtual para recordar a Trasante bajo la consiga “Lo que Eduardo sembró”. En un video de casi una hora y media, plantean que el crimen fue de “una gravedad política inédita en la historia reciente de Rosario ”. “Entre medio desde aquel 14 de julio pasaron doce meses de lucha incansable por justicia y contra la impunidad”.
“Hace un año empezamos a pedir justicia por el que pedía justicia. En una ciudad cada día un poco más violenta, nos sacaron a un compañero que luchó hasta su último minuto contra eso. Nuestra forma de mantenerlo presente es continuar su pelea. Seguir gritando #QuiénMatóATrasante. No descansar hasta que caiga el último de los responsables y que de una buena vez haya algo que al menos se parezca un poco a la justicia”, señalaron desde de la agrupación política a través de las redes sociales.
La pesquisa
El fiscal Ávila y su par de la Agencia de Criminalidad Organizada Matías Edery encabezan la investigación. A partir del secuestro de un Peugeot 308 Allure color blanco abandonado en Uriburu y Barcalá, fueron detenidos Brian “Buba” Alvarez, de 19 años, y Maximiliano “Archi” Galbán, de 21. Según los fiscales, los jóvenes compraron por 20 mil pesos el auto, robado en una entradera, que luego utilizaron los sicarios que mataron al pastor.
Archi fue desvinculado de la causa en febrero. Pero esa decisión de los fiscales generó reclamos de Ciudad Futura, que aportó sus abogados para que la viuda de Trasante se constituya como querellante en la investigación. Finalmente Galbán fue condenado a 7 meses de prisión por “encubrimiento por receptación dolosa en grado de coautor”.
Según los fiscales, compró el Peugeot Allure modelo 2012 que había sido robado un día antes por otras personas en una entradera en calle Juan XXIII al 6600. La transacción la realizó en un baldío de Garzón y Demestris el 11 de julio. Tres días después, los sicarios que ingresaron a la casa de Trasante utilizaron ese auto para movilizarse.
Como siempre, un hilo conductor a Piñero
Luego de obtener los resultados de los análisis de los celulares y documentación secuestrada en una serie de allanamientos, la Fiscalía dio a conocer en una audiencia imputativa celebrada en octubre pasado que quien le pidió que hiciera el trámite a Buba había sido Julio Andrés “Peruano” Rodríguez Granthon, el piloto de avión de 27 años preso en Piñero por traficar cocaína, y que tras escandalosa fuga del 27 de junio fue trasladado a una penal federal.
En esa audiencia fueron imputados Facundo Sebastián López y Alejo “Patón” Leiva, ambos de 22 años. Patón era vecino del pastor evangélico en la Villa Moreno, y en un allanamiento en su casa se hallaron fotos del frente de la vivienda donde mataron a Trasante. Granthon y los dos jóvenes quedaron en prisión preventiva como partícipes primarios por homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego.
Aunque se presume que el crimen fue orquestado y organizado desde el penal de Piñero, hasta el momento no se pudo identificar a los autores materiales, y tampoco hay pistas firmes, o al menos no se dieron a conocer oficialmente, sobre quién lo ordenó.
La comisión de seguimiento espera a los fiscales
Pedro Salinas es concejal de Ciudad Futura y presidente de la comisión de seguimiento del caso Trasante, creada en el ámbito del Concejo Municipal de Rosario. El edil adelantó a Aire Digital que a fin de mes se dará a conocer un balance anual de lo actuado hasta el momento, que se dividió en dos etapas temporales bien marcadas.
“La comisión se constituyó el 30 de julio de 2020, estamos próximos a cumplir un año, y por esa fecha se dará a conocer un primer informe público para transparentar el trabajo y todo lo que se vino haciendo en el seno de la comisión”, expresó Salinas y adelantó algunos puntos que serán parte del informe.
“Como balance de este trabajo, para nosotros hay una participación temporal bien demarcada: de julio a diciembre de 2020, donde la investigación tuvo ímpetu, medidas bien diligenciadas, con resultados y primeras detenciones. En ese marco la comisión pudo funcionar muy bien y hacer un seguimiento de la causa. Los fiscales asistieron al Concejo, recibimos la vista de la viuda, a funcionarios del Servicio Penitenciario y de la fiscal Regional María Eugenia Iribarren, con un seguimiento exhaustivo de la causa. Pero después hubo un corte temporal donde no logramos que los fiscales vuelvan al Concejo”.
Según el concejal, en esta segunda etapa la comisión siguió funcionando pero con “un trabajo más obstaculizado, porque el MPA (Ministerio Público Fiscal), tuvo una actitud enormemente poco colaborativa. Cruzamos varias cartas con la Fiscalía Regional para que los fiscales puedan asistir a la comisión para charlar sobre cómo sigue la investigación. Sobre todo porque evaluamos que estaban haciendo públicas hipótesis cada vez más erráticas. Un día hablaban de un móvil, al otro día otro, y se solapan otras hipótesis”.
La comisión también está integrada por los concejales Caren Tepp (Ciudad Futura), Marina Magnani (Unidad Ciudadana), Susana Rueda (Frente Progresista Cívico y Social), Norma López (Frente de Todos) y la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck (Frente Progresista Cívico y Social). “Hasta el día de hoy los fiscales se negaron rotundamente a asistir a la comisión, lo cual imposibilita un trabajo más exhaustivo y minucioso”, recalcó Salinas.
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