El juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Sebastián Creus, puso punto final a la controversia generada en el marco de la causa que investiga por presunto espionaje ilegal al exministro Marcelo Sain y su equipo de colaboradores en su paso por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Marcelo Sain, el exministro de Seguridad que es investigado por presunto espionaje ilegal.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalMediante un reciente fallo, el camarista resolvió levantar el secreto de sumario de la investigación que encabezan los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez del área de Delitos Complejos, a los cuales ordenó digitalizar todas las pruebas recolectadas en el caso y ponerlas a disposición de los abogados defensores del caso, Juan Lewis, Hernán Augusto Martínez y Nicolás Mosconi, del Servicio Público de la Defensa Penal.
La resolución rechazó además el pedido para que el acceso a la totalidad de la causa continúe reservada, tal como lo pidieron en su momento los fiscales Hernández y Jiménez, que en más de una oportunidad pidieron la duplicidad de la reserva de la investigación amparándose en que la causa es "compleja" por la supuesta multiplicidad de personas y firmas que habrían sido víctimas como también por la cantidad de posibles imputados.
Por el caso fueron identificadas diez personas acusadas de integrar una "asociación ilícita" que supuestamente con Sain a la cabeza infringió la ley nacional de inteligencia (N° 25.520) mediante la recopilación de información para efectuar espionaje ilegal sobre personas físicas o jurídicas.
En respuesta a eso, Creus sostuvo que por lo menos hasta el momento la Fiscalía no expuso elementos que "permitan siquiera afirmar con algo de suficiencia la tipicidad de estas conductas en los términos de la ley de inteligencia nacional".
En otro tramo del fallo, el juez de alzada consideró que el conocimiento de las evidencias reunidas durante la investigación por parte de la defensa tiene una razón más que evidente. "Si no sabe o no conoce cuales son las futuras o actuales pruebas de cargo, no puede defenderse y, con ello, se imposibilita la garantía constitucional de defensa en juicio", destacó Creus.
"El Ministerio Público Fiscal no tiene la facultad legal de limitar, por sí mismo, las evidencias que mostrará", destacó el juez en su resolución que posibilitará a los defensores tener acceso a la causa pese a que durante los primeros días de marzo la Fiscalía puso a disposición parte de las evidencias recolectadas.
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