Los diez procesados que tiene la causa que investigó por intermediación financiera no autorizada las actividades cambiarias que se llevaban a cabo en la agencia de turismo en donde fue asesinado el empresario Hugo Oldani, en 2020, pedirán para evitar el juicio mediante distintas probation que implicarían, en alguno de los casos, el pago de multas a modo de reparación del daño causado.
Estiman que dentro de la agencia había por lo menos un millón de dólares.
Se trata de la hija del empresario asesinado, Virginia Oldani y otras nueve personas identificadas como María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo.
Todos están procesados por haber realizado maniobras “reservadas al sistema financiero”, ya que se presume que en Turismo Oldani Srl se realizaba la compra y venta de moneda internacional, préstamos y cambios de cheques fuera del circuito legal.
El pedido de probation (o suspensión de juicio a prueba) tendrá lugar en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y será el próximo 28 de julio, a partir de las 9.30 y ante el juez Germán Sutter Schneider, el cual deberá analizar el pedido de las distintas defensas y la postura que adopte el fiscal de juicio, Martín Suárez Faisal.
Qué delitos se cometían en Oldani Turismo
Los diez procesados fueron acusados en el marco de una causa que impulsó el fiscal federal Walter Rodríguez que, a partir de una denuncia penal formulada por el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, investigó si en Turismo Oldani, a parte de una agencia de viajes, funcionaba una cueva financiera. Según la pesquisa judicial, se desarrollaron cuatro tipos de maniobras delictivas dentro del local ubicado en la galería Rivadavia de calle La Rioja al 2400, en pleno microcentro de la ciudad de Santa Fe.
- Obtención de dinero otorgado por terceros a favor de Hugo Ernesto César Oldani por tiempo determinado a cambio de una tasa de interés y con la posibilidad de renovación.
- Búsqueda de tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba a plazo (5 días) y condicionado a acreditación bancaria (con aplicación de multa en caso de rechazo), a quienes Oldani les descontaba un porcentaje calculado sobre el monto del cartular al momento de la entrega del efectivo;
- Colocación de los recursos financieros obtenidos de tres maneras: préstamos inmediatos como “rueda de auxilio” a favor de terceros en operaciones propias de aquellos y con escaso plazo de devolución (24/48 horas); préstamos de dinero con aplicación de intereses garantizado con la entrega de cheques propios del tomador y con opción de recupero en caso de devolución del efectivo con antelación a la fecha de vencimiento, y préstamos de dólares estadounidenses cuya devolución se pactaba en cuotas mensuales, con opción de pagarlas en moneda nacional, considerando la cotización de la divisa en el mercado informal al día de su cumplimiento.
- Utilización del mecanismo en virtud del cual particulares ingresan divisas al país o las transfieren al exterior, a cambio de una comisión de servicio calculado sobre el monto de la operación.
Destape
La sospecha de que en Turismo Oldani funcionaba una cueva financiera surgió a partir del homicidio del empresario, el 11 de febrero del 2020. Aquel día, en horas de la tarde, un grupo de jóvenes irrumpió en la galería con el objetivo de asaltar a Hugo Oldani, pero como este se resistió, uno de los ladrones le disparó y ocasionó su muerte.
Horas después, llegaron al local familiares y allegados del comerciante y delante de los peritos e investigadores y hasta la propia fiscal de la causa, Cristina Ferraro, sacaron de la firma cajas y bolsos con dinero por una suma -según un peritaje de la Policía Federal- cercana al 1.000.000 de dólares y 3.000.000 de pesos argentinos que se encontraban en la estantería.
Ante el retiro del dinero, el fiscal Walter Rodríguez inició una investigación que tuvo dos ejes: determinar qué tipo de maniobras se realizaban en la agencia de turismo; y la otra vinculada al presunto encubrimiento de un delito federal por parte de la fiscal Ferraro (y agentes policiales) que permitió sacar el dinero sin ser contabilizarlo por los peritos que llegaron a la escena del crimen.
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