La fiscal Cristina Ferraro, actualmente suspendida de su cargo, interpuso el último recurso judicial que le queda para evitar el futuro juicio en el Tribunal Oral Federal, luego de confirmarse su procesamiento por la desaparición de pruebas en la causa que investigó el homicidio del empresario Hugo Oldani, en febrero del 2020.
Se trata de un recurso que fue interpuesto ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para que el tribunal de alzada defina si le permite a la fiscal provincial poder acudir a la Cámara Federal de Casación de la Nación para que revise su situación procesal del caso que la tiene imputada por "encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública".
Tal procesamiento -dictado el 7 de junio del 2022 por el juez Carlos Villafuerte Ruzo- fue recientemente confirmado por los camaristas Guillermo Toledo y Elida Vidal, que resolvieron dejar firme los cargos que pesan sobre la fiscal que inició la investigación por el homicidio de Oldani y que luego fue apartada por haber permitido sacar a los familiares y allegados del fallecido 3 millones de pesos y un millón de dólares que se encontraban en agencia de viajes Turismo Oldani sin ser contabilizados.
El recurso de Ferraro fue presentado por su abogado Néstor Oroño el pasado 27 de marzo y puede tener dos caminos: si es admitido por la Cámara de Rosario, deberá ser revisado el procesamiento de la funcionaria judicial; caso contrario, la resolución judicial quedará firme y la causa deberá ser elevada a juicio al Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe.
En líneas generales, el planteo de Oroño se amparó desde su inicio en que es imposible sostener que Ferraro actuó -en la custodia de la escena del crimen de Oldani- guiada con la finalidad de beneficiar al autor o partícipe en el delito, ya que no existen elementos de prueba que acrediten que la encartada conocía -al momento de su presencia en el lugar del hecho-, alguna actividad o delito presuntamente cometido por quien fuera en vida Hugo Oldani, como también que dieran cuenta de su autorización para el retiro de las sumas de dinero encontradas en las oficinas de Turismo Oldani, con la finalidad de ocultar aquel supuesto delito ajeno.
Documentos y dinero en la escena del hecho
La funcionaria judicial fue procesada a partir de una investigación que apuntó a determinar la desaparición de millones de pesos y dólares que se encontraban en la agencia de viajes Turismo Oldani Srl en donde el 11 de febrero del 2020 su propietario, Hugo Oldani, fue asesinado tras un asalto cometido por un grupo de delincuentes.
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En aquel entonces, la fiscal Ferraro se hizo presente en horas de la noche en la galería e impidió la presencia de testigos de actuación y autorizó a la familia del fallecido entrar al local y llevarse por lo menos 3 millones de pesos y un millón de dólares que se encontraban dentro y que nunca fueron contabilizados por los peritos de la Expolicía de Investigaciones. En tanto, permitió a la hija y el yerno de Oldani sacar del interior del comercio documentación que fue sacada en cajas y mochilas.
Junto a la fiscal también quedaron ligados a la causa el yerno de Oldani, José Luis “Chino” Hernández, la abogada Virginia Venetucci y Diego Marcos Medero, la pareja de una empleada de la agencia de viajes. En el caso de Hernández, el fiscal le imputó, además de sacar el dinero del local, haberlo ocultado.
Por el caso también fueron procesados los policías Walter Barco (Exjefe del área Operativa de la Agencia de Investigación Criminal) y Hernán Galán (Exjefe de la División Homicidios de la AIC), quienes, según la imputación, habrían inutilizado parte del material fílmico que servía como prueba ante la autoridad competente, al desconectar la cámara número 6 del circuito cerrado instalado en la Galería “Rivadavia”, ubicada en La Rioja al 2400.
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