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Policiales Crimen | Hugo Oldani | Policía

Caso Oldani: imputan al coordinador de los peritos que actuaron en la escena del crimen

Se trata de un subcomisario al cual dos fiscales le atribuyeron "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "encubrimiento" por su desempeño en los locales donde ocurrió el asesinato y el posterior peritaje.

La causa que investiga el accionar policial y judicial sobre la custodia de la escena del crimen del agente de viajes, Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero pasado en la galería Rivadavia tras un supuesto asalto, sumó un nuevo acusado. Se trata quien coordinó el trabajo pericial en el lugar y quien pertenece a la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe.

La flamante imputación fue contra el Subcomisario Pablo Molinas, el cual se desempeña como Coordinador de la Escena del Delito de la División Científica Forense -Región I- . Al mismo, las fiscales del área de Delitos Complejos, Mariela Jiménez y Laura Urquiza, le atribuyeron el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y además le achacaron el de “encubrimiento” por el desempeño realizado el día del crimen.

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Una semana después del homicidio de Hugo Oldani, los peritos investigadores volvieron a la escena del crimen.

Una semana después del homicidio de Hugo Oldani, los peritos investigadores volvieron a la escena del crimen.

Los cargos contra Molinas fueron en una audiencia realizada, el pasado 28 de agosto, en la Fiscalía de General López y su intersección con Saavedra. El mismo, continuará la causa en estado libertad tal como lo hicieron el resto de los uniformados (ver más abajo) que también se encuentran imputados por presuntos incumplimientos sucedidos tras el homicidio del empresario.

El rol del subcomisario en la escena del crimen cobró fama meses después del homicidio luego de que el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, presentó ante el fiscal federal N°2, Walter Rodríguez una denuncia para que se investigue el posible delito de lavado como actividad paralela a la venta de paquetes turísticos.

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En esa denuncia, el funcionario provincial adjuntó el informe que fue elevado por Molinas a su superior luego de llevar a cabo los peritajes en la agencia y galería Rivadavia. El mismo sostenía que mientras desarrollaban la labor policial, la hija del comerciante asesinado, Virginia Oldani, se negó a que ingrese al local cualquier persona ajena al local para que oficie como testigo.

“La doctora Ferraro hace saber a la hija de la víctima respecto de los pasos procesales de rigor consistentes en la realización del procedimiento pericial en presencia de dos testigos mayores de edad, que sean civiles y no posean ningún vínculo con los damnificados en involucrados en el hecho”, narró en el informe el agente policial recientemente imputado.

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La fiscal Cristina Ferraro estuvo a cargo del caso.

La fiscal Cristina Ferraro estuvo a cargo del caso.

Y continuó con que la hija de Oldani se negó “rotundamente” a dejar ingresar a alguna persona ajena. “No acatando la orden de la fiscal, la que tomando conocimiento de la negativa accede al pedido de la misma y el procedimiento finalmente se realiza con la presencia en el interior del local de la hija del damnificado y su esposo”, destacó.

Aquel informe señaló además una observación central: el hallazgo de una importante suma de dinero en dólares y pesos que había en el lugar y que posteriormente desaparecieron. Según consignó el subcomisario, al momento de culminar las tareas de peritaje, el mismo le informó a la fiscal Ferraro que en el fondo del local y detrás de una puerta existe un “pequeño reducto” en el que había una cavidad con una estantería improvisada de manera sobre la cual se encontraba una gran cantidad de dinero de “moneda nacional y extranjera”. Finalmente, aquel informe concluyó en que cuando le pidieron a la hija de Oldani poder abrir una caja de seguridad la misma se negó a realizar la apertura.

Más imputados

Por las irregularidades sucedidas aquel día del crimen también fueron imputados otros dos funcionarios policiales: el Jefe de la Primera Zona de Inspección, Julian Nizzo y el de Orden Público de la Unidad Regional I, Alejandro Amatti.

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Los mismos fueron acusados por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por las fiscales Jiménez y Urquiza tras ser acusados de “no haber cumplido con la orden de custodia de los locales 29 y 30” horas después de que Oldani fue asesinado.