En el marco del Caso Oldani, la fiscal Cristina Ferrro sigue procesada por encubrir un supuesto delito que jamás será probado. ¿También cerrarán su causa?
Mientras se desempeña como fiscal de MPA, Cristina Ferraro sigue procesada por la Justicia federal.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
El Caso Oldani, abierto hace seis años por la posible existencia de una cueva financiera en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, ya no existe: el fiscal general, Martín Suárez Faisal, y el juez federal, Ricardo Moisés Vásquez; avalaron la posibilidad de que los diez acusados donaran dinero a la UTN a modo de "reparación integral" por lo ocurrido.
Así, la acción penal quedó extinguida y jamás se realizará un juicio que determine si estas personas son culpables, o inocentes.
Entre los diez acusados reunieron una donación de 107 millones de pesos, equivalentes al 6,6% del dinero que la policía alcanzó a fotografiar en las oficinas de Oldani Turismo aquel 11 de febrero de 2020, cuando un ladrón disparó contra el empresario.
Aquellas fotos muestran la existencia de 1.100.000 dólares y alrededor de 3.000.000 de pesos, ubicados en un estante del local.
Ese día, el dólar cotizaba a 77 pesos en la Argentina. Es decir que, según las imágenes policiales, en Oldani Turismo había al menos 1.138.961 dólares -1.100.000 en billetes estadounidenses y 38.961 en pesos argentinos-.
A valores actuales, aquel dinero -pesos y dólares- representa alrededor de 1.617.300 millones de pesos, que desaparecieron en bolsos, cajas y mochilas que llevaron los familiares de Oldani esa noche, con la autorización de la fiscal de Homicidios, Cristina Ferraro.
Tampoco se sabrá jamás si eso era todo lo que había, ya que si bien la fiscal prohibió que la policía abriera una caja fuerte; sí permitió que lo hicieran los mismos familiares de Oldani, sin la presencia de testigos.
De todos modos, la cuenta es simple: al menos se llevaron 1.617.300 de pesos a valores actuales -jamás se supo dónde fue a parar semejante suma de dinero-, pero lograron evitar el juicio a partir de una "reparación integral" de 107 millones de pesos donados a la UTN.
Mediante este acuerdo, la causa se cerró definitivamente para Virginia Oldani; María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Niás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo; todos procesados en su momento por el delito de intermediación financiera no autorizada.
Aquella noche del 11 de febrero de 2020, Ferraro fue hasta el Hospital Cullen para hablar con los familiares de Oldani, quien se encontraba agonizando. Luego, una vez confirmado el deceso del empresario, se dirigió hacia la Galería Rivadavia, donde funcionaba Oldani Turismo.
Mientras ella y un grupo de policías ingresaban por calle La Rioja, los familiares de Oldani lo hacían por calle Rivadavia.
La fiscal prohibió que los policías abrieran una caja fuerte que se encontraba en las oficinas y ordenó -según declararon los policías- que apagaran las cámaras de seguridad que apuntaban directamente hacia el local.
Con las cámaras desactivadas, permitió que los familiares de Oldani ingresaran con bolsos y mochilas, sin que ella o la policía estuvieran presentes. Minutos después, salieron con los mismos bolsos, mochilas y cajas llenos.
Nunca se sabrá qué llevaban. De mínima, en esas cajas, bolsos y mochilas, iban los 3 millones de pesos y 1.100.000 dólares que desaparecieron de los estantes fotografiados poco antes por la policía.
Cuando las sospechas sobre la existencia de una cueva financiera en el lugar comenzaron a multiplicarse, la entonces fiscal de Delitos Complejos, Mariela Giménez, le pidió a Ferraro los datos preliminares de su investigación del homicidio y las imágenes de las cámaras de seguridad que no dejaron de funcionar.
Ferraro no compartió inmediatamente esa información con su colega -que se jubiló poco después de que el Caso Oldani tomara notoriedad-. Finalmente, las imágenes de las cámaras terminaron apareciendo en el domicilio particular de un policía en San José del Rincón.
Un dato más: Ferraro no solo permitió que los familiares de Oldani se llevaran todo el dinero y la documentación que aquella noche había en las oficinas, sino que al día siguiente los habilitó a que ingresaran vía remota a las computadoras de la empresa.
Cuando el fiscal federal Walter Rodríguez decidió investigar lo sucedido por la posible existencia de una cueva financiera, debió esperar dos meses y una semana para recibir la información del MPA. A tal punto llegó la reticencia por compartir datos con la Justicia federal, que Rodríguez le envió una nota al entonces gobernador Omar Perotti para pedirle que intercediera.
La decisión adoptada por el fiscal general Martín Suárez Faisal y el juez federal Ricardo Moisés Vásquez, abre ahora un interrogante clave: ¿es posible juzgar a Cristina Ferraro por haber encubierto un delito que jamás será probado, porque ya no habrá juicio?
Para condenar a una persona por encubrir un delito, existe un requisito fundamental: la existencia previa de ese delito, supuestamente encubierto.
Como jamás se probará ese posible delito, se puede argumentar, entonces, que no será posible juzgar a Ferraro por encubrimiento.
Si esto sucediera y fuera aceptado por el fiscal general Martín Suárez Faisal, ya no habrá causa contra Ferraro. Y a seis años de aquel 11 de febrero, el Caso Oldani se habrá extinguido para siempre.
De todos modos, existe otra interpretanción de los hechos: a pesar de no haber llegado a juicio y de que jamás se sabrá si estas diez personas fueron responsables de algún delito, al firmar un acuerdo monetario de "reparación integral", se deduce que no niegan la existencia de alguna situación que merece ser reparada.
El mismo fiscal Suárez Faisal, al solicitarle al juez que homologue este acuerdo de donación a la UTN, plantea que la "reparación integral" establece "la posibilidad de que los imputados ofrezcan reparar el perjuicio ocasionado, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes".
Al hablar de "reparar el perjuicio ocasionado", el fiscal Suárez Faisal reconoce en su escrito la existencia de un perjuicio. Entonces, otra pregunta surge en esta instancia: ¿hubiese sido posible generar este perjuicio ahora reparado, si la fiscal Ferraro hubiera actuado de otra manera?
En los escritos del fiscal solicitando la homologación del acuerdo y en la resolución del juez avalando dicha solicitud, en ningún momento se aclara que los acusados hubiesen negado la comisión de un posible ilícito o irregularidad.
Y si bien en junio de aquel año la Justicia Federal la procesó por el posible delito de "encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública", Cristina Ferraro sigue cumpliendo funciones como fiscal de Ejecución Penal, en el Ministerio Público de la Acusación.
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